Hace apenas un mes, en el Congreso Nacional de Comerciantes de Fenalco, José Mauricio Gaona —abogado constitucionalista, académico y voz respetada en el análisis jurídico del país— lanzó una advertencia que hoy resuena con fuerza en medio del nuevo impulso del Gobierno para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Desde el escenario gremial, y ante más de dos mil empresarios, Gaona sostuvo que Colombia atraviesa un momento decisivo en el que el discurso del cambio puede transformarse, si no se le pone freno, en una maquinaria de concentración de poder. “La Constitución del 91 no es el problema —dijo con énfasis—, el problema es quien pretende someterla a su voluntad”.
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El jurista, hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, asesinado durante la toma del Palacio de Justicia, habló claro de un riesgo que calificó como “la fase final del populismo”: la instauración de una dictadura constitucional, esa forma de autoritarismo que, según explicó, no destruye la institucionalidad, sino que la captura desde dentro. “La amalgama, el proceso de amalgama democrática, no es otra cosa distinta que el uso de la democracia —y particularmente de la Constitución, la ley y las instituciones constitucionales— para hacer una transición del populismo al autoritarismo. Ya no utilizando lo que solía usarse en las dictaduras del siglo XX, sino un sistema de dictadura más disfrazado, más sofisticado, que es típico o arquetípico del siglo XXI”.
En su intervención, insistió en que los líderes que buscan perpetuarse en el poder suelen hacerlo apelando al pueblo y a la legitimidad de las urnas, mientras desmantelan, paso a paso, los controles que limitan su mandato.
Gaona advirtió que detrás de la retórica del cambio, de la justicia social y de la soberanía popular, pueden esconderse impulsos que socavan los cimientos del Estado de derecho. Subrayó. Su mensaje —mezcla de reflexión jurídica y advertencia histórica— recordó que ninguna democracia está a salvo del poder que se disfraza de redención. “Si se cae el sistema constitucional y se caen las personas que se encargan de defenderlo, no nos queda más, como colombianos, que dar un tributo a las herramientas que nos quedan: a la prensa libre e independiente, apoyar a nuestros jueces, y decirle a la oposición que lo que tienen en este momento es un deber con la historia”.
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Las palabras del constitucionalista, que en su momento fueron recibidas con aplausos contenidos, adquieren esta semana una nueva dimensión tras el anuncio del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, desde Shanghái, sobre la radicación de un proyecto de ley para convocar una Asamblea Nacional Constituyente con 71 delegatarios, repartidos de manera paritaria. Gaona había dicho entonces que ninguna Constitución necesita ser destruida para ser cumplida.
Estas fueron sus palabras:
“Quisiera iniciar este examen de la constitucionalidad y de la defensa de la Constitución antes de entrar a la fase más crítica en la que nos encontramos en Colombia, que es pasar del populismo al autoritarismo, y de ahí, el paso a la dictadura constitucional. Es simplemente una cuestión de forma y de tiempo.
Para convocarlos a esa reflexión, solo les puedo decir que, en diferentes países del mundo donde he tenido el privilegio de trabajar, de servir, de investigar y de participar en eventos como el que hoy nos reúne, también he notado —en otros países donde he tenido que hacer investigación ya más cercana a lo que llamamos trabajo de campo—, con el delegado o cerca, pues siguiendo los parámetros del delegado de Naciones Unidas para la situación de los derechos humanos en el mundo, que miramos la situación de más de treinta y nueve países en diferentes continentes por un periodo de cinco años.
Yo quisiera decirles a ustedes que lo que están haciendo en este momento, en ese congreso, es de vital importancia. Esas conversaciones las están teniendo a tiempo, y ojalá pasen más allá. Que los medios de comunicación estén presentes allí es de especial relevancia, porque ellos hacen parte de la última línea de defensa que tienen las democracias para resistir el paso al autoritarismo.
Y lo digo porque yo he visto esos países donde no hay prensa, cómo lucen esos países donde se va la prensa, y ese fenómeno se repite en todos los ciclos. Es por eso que quiero hablarles hoy sobre lo que realmente se denomina la amalgama, el camuflaje o la fusión democrática. Ese es el proceso en el que ustedes se encuentran en este momento, y están en un momento crítico, porque las instituciones —a pesar de sus defectos—, algunas instituciones judiciales (no todas), la prensa independiente, los gremios como ustedes... lo que están haciendo en este momento es sostener el sistema democrático ante las posibilidades de un avance hacia el autoritarismo. Y para que reflexionen acerca de ese fenómeno, lo mejor es ver cómo ha ocurrido en otras partes y luego cómo está ocurriendo en Colombia.
La amalgama, el proceso de amalgama democrática, no es otra cosa distinta que el uso de la democracia —y particularmente de la Constitución, la ley y las instituciones constitucionales— para hacer una transición del populismo al autoritarismo. Ya no utilizando lo que solía usarse en las dictaduras del siglo XX, sino un sistema de dictadura más disfrazado, más sofisticado, que es típico o arquetípico del siglo XXI.
No solo en América Latina, sino también hay casos en África y hay casos en Asia. Pero ese sistema utiliza realmente la Constitución y la ley, porque, al final de cuentas, ustedes se darán cuenta de que es vital que no solo funcionen las instituciones, sino que la integridad moral, la rectitud y el honor de sus líderes terminan afectando esas democracias.
Por ello es que he utilizado esa frase de que, en algún momento de la historia, en cada país, el destino de la nación se une al carácter de los líderes, para bien, obviamente, o para mal.
En el caso que nos ocupa, esa amalgama democrática que se ha venido dando es diferente a los tipos de dictadura que conocimos. Por eso muchas personas, en sus análisis —que se hacen en televisión, radio, etcétera, o en la prensa, en sus artículos— ven la posibilidad de una dictadura como algo inimaginario. Y están en lo correcto, claro, si ustedes están pensando en las dictaduras del siglo XX, es decir, aquellas donde era el estamento militar el que intervenía, donde se requería un golpe de Estado a la fuerza.
Pues, obviamente, ese tipo de dictaduras ya no es necesario, porque lo que ha demostrado una lectura transversal de la jurisprudencia y de la historia —tanto en las naciones más desarrolladas como en las de vida de desarrollo— es que, en este momento, la ley está al servicio de la política, y no la política al servicio de la ley. Esa disyunción ha hecho que sea más fácil doblegar la Constitución y la ley, y con ello, el orden constitucional y, finalmente, el producto más importante en cualquier democracia, que es la libertad.
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¿Y cómo ocurre ese fenómeno?
Pues ya no estamos viendo, naturalmente, la dictadura de Alfonso de Pinochet en Chile; ya no estamos viendo un Fidel Castro en Cuba; este ya no es el caso de Castelo Branco en Brasil; ya no es el caso de Alfredo Stroessner en Paraguay o de Gustavo Rojas Pinilla en Colombia. O piensen incluso en el caso de Luis García Meza en Bolivia, o de Maximiliano Hernández en República Dominicana. Es decir, los ejemplos son muchos en América Latina durante la historia del siglo XX. Esos son ejemplos clásicos de una dictadura militar.
Pero nótese cómo cambió ya en el siglo XXI, y los líderes comenzaron a utilizar las instituciones, porque de esa manera no solamente el proceso autoritario hacia la dictadura se camufla mejor, sino que, en parte, se justifica. Y la posibilidad de reaccionar, de impedirlo —lo que en el derecho constitucional se llama los frenos y balances del sistema—, pues ya no operan, y lo único que queda son las pocas instituciones que hacen presión. Por eso también —creo que lo hice en una columna para el diario The Washington Post—...
Examinando sobre la libertad de prensa en América Latina, yo utilicé esta frase: “la prensa es la última voz que se escucha antes de perder la democracia”. Y creo que el caso se dio muy, muy, muy significativamente en Venezuela, ya con la ley que atacaba directamente a los medios de comunicación y que llevó al arresto de seiscientos nueve periodistas y al cierre de sesenta y seis medios de comunicación, convirtiendo naturalmente la voz del pueblo únicamente en una voz de la oposición, que poco a poco desapareció cuando se cerró la Asamblea Nacional y se reemplazó por la Asamblea Nacional Constituyente.
Ese caso ocurre en todos los parámetros, en todos los casos que hemos visto ya en América Latina. Tenemos varios casos. Está naturalmente uno muy cercano, que es el caso de Nicaragua. Allí el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo... Daniel Ortega fue elegido democráticamente; era un gobierno legítimo cuando llega en el 2006 de su campaña, y en 2008, cuando es elegido, es constitucionalmente un gobierno válido.
Lo mismo lo fue el primer gobierno de Maduro, de Nicolás Maduro, en el 2013. Esas fueron unas elecciones válidas; fueron avaladas por la Unión Europea, por los países observadores. De manera que se hizo bajo el régimen de la Constitución de Venezuela de 1999. El caso de Luis Orlando Hernández, en Honduras, es otro proceso que también utiliza unas elecciones constitucionalmente válidas: la elección del presidente.
Gustavo Petro en Colombia, a pesar naturalmente de las observaciones que uno o que la oposición pudiera tener, hay que reconocer que es una elección constitucional y válida. Eso hay que hacerlo con objetividad; de nada sirve perder la objetividad.
En todos esos casos, las primeras elecciones son válidas. La cuestión surge cuando el populismo pierde su efecto, que es básicamente el disfraz, la percepción que había logrado alterar en los votantes. Cuando esa percepción se pierde y se nota que las explicaciones simples a problemas complejos lo que revelan, naturalmente, es que no se trataba de la explicación, sino de la incapacidad de liderazgo y de gobernar y resolver esos problemas, pues esos líderes tienden ya a utilizar otras herramientas.
Cuando ya no tienen el poder de alterar la percepción, tienen que alterar la ley. Y una vez logran la alteración de la ley, naturalmente llegan a un paso más cercano para alterar la posibilidad de reacción de las instituciones del Estado o de las instituciones que no necesariamente son constitucionales, pero que defienden la democracia, como la libertad de prensa o como la prensa.
En el caso de Nicaragua, es importante notar cómo ese país, en particular, llega al año 2011 con una reforma constitucional que plantea la posibilidad de una reelección. Nótese que la reforma es igualmente constitucional, pero, para que el voto —para que la reforma se aprobara por primera vez y se hiciera el pequeño cambio de decir “hagámoslo ahora en forma ilimitada”, es decir, cuantas reelecciones sean necesarias—, se necesitaba controlar ciertas instituciones. Normalmente se atacan las mismas instituciones. La primera es el Poder Judicial, porque es el que toma las decisiones de constitucionalidad.
En el caso de Nicaragua, es la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral. Las dos fueron controladas, naturalmente, a través del sistema de nombramientos.
Entonces, las herramientas de esa amalgama constitucional, de esa amalgama democrática que se dirige hacia una dictadura constitucional o al autoritarismo, siempre son las mismas: el poder de los nombramientos y, además, el manejo del presupuesto.
Quitarle presupuesto o aumentar el presupuesto en ciertos momentos críticos hace una gran diferencia. Piensen en el caso de Venezuela, cuando Maduro le subió el salario a todo el estamento militar y a los funcionarios públicos en medio de la peor crisis económica de la historia de esa nación. Ese es el manejo del presupuesto: se genera una lealtad y se genera una voz para que la gente salga a protestar.
Los presupuestos de estas naciones, de todos modos, son muy amplios; a pesar de que no sean los países más ricos del mundo, desde el punto de vista político es mucho más de lo que las empresas u otros organismos pueden hacer. Entonces, por lo menos, les da un margen de maniobra también para crear lealtades.
La segunda son los nombramientos, particularmente en las altas cortes. Yo, por eso, insisto en que una de las herramientas —ya no de balance constitucional, sino de freno social y ético— es la integridad de los gobernantes y de los líderes. Insisto: el carácter de los líderes, las personas que están a cargo de esas decisiones.
Es así como la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua le dio vía libre a la reelección indefinida. Ya, obviamente, las tres elecciones sucesivas de Daniel Ortega, pues dejaron de ser constitucionales, al punto que la vicepresidenta hoy es su esposa. Pues hablar ahí de democracia realmente no tiene sentido.
Pero ese mismo fenómeno ocurrió también en Honduras, y ya en este caso también se logró controlar la Corte Suprema de Justicia. En el caso de Nicaragua fue pasar simplemente a 11 magistrados de 16; pues ya se controló la mayoría.
En el caso de la Corte Suprema de Justicia de Honduras fue más gradual, pero fue lo suficientemente importante para pasar una pequeña interpretación de la Constitución. Y era que, para que se aprobara la reelección o para ser elegido presidente, se necesitaban un número de votos; y como no lo querían aprobar, lo que se hizo fue bajar el número de votos que se necesitaba, porque no hay hechos, solo interpretaciones.
Esa frase —les suena común— la han repetido varias veces movimientos nacionalistas y dictaduras constitucionales antes de su formación. Y esa es la forma en que logran ese tipo de interpretaciones.
Eso llevó a que se hicieran, allá mismo, tres elecciones sucesivas del mismo presidente Hernández, hasta que Xiomara Castro, obviamente, pudo revertir el proceso recientemente: la primera mujer en ser elegida presidente en Honduras en 2021.
Pero, en ese proceso, la única oposición que quedaba fue la de los estudiantes. Y ese grupo de estudiantes, del cual fueron asesinados 81 de ellos, llevó a investigaciones incluso a lo más alto de Naciones Unidas. Esos homicidios fueron declarados como homicidios ilegítimos por el Consejo de Naciones Unidas y por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra. De hecho, la Organización de Estados Americanos también ordenó una investigación que el gobierno nunca aceptó.
Otro caso que también se ha dado, obviamente más cercano a nosotros, es el de Venezuela. Decía cómo el primer... la primera elección de Maduro es constitucional y legítima.
Pero ya, una vez se pierde el efecto del populismo —es decir, cuando el votante recupera la percepción de la realidad, de su realidad, que es alterada por el líder populista—, cuando logra culpabilizar a alguien de sus problemas con explicaciones simples, pero tarde que temprano los hechos, como el tiempo, son implacables, terminan mostrando la complejidad y terminan sobreponiéndose a la explicación simple.
Llega un momento en que, de culpa en culpa, ya no se puede culpar a nadie más. En el caso colombiano, los culpables se están terminando: el primer culpable fue la oposición; el segundo culpable fue la prensa; el tercer culpable fueron los ministros; ahora el culpable es la Constitución: hay que cambiarla porque es culpa de la Constitución.
Cuando un gobernante no asume sus propias culpas, es al gobernante al que hay que cambiar, no a la Constitución.
Y en el caso de Venezuela, el proceso se agudiza particularmente con una interpretación supremamente conflictiva del artículo 348 de la Constitución de 1999. Lo que se hizo simplemente fue decir: “Este artículo nos da el derecho de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y esa Asamblea va a tener poderes ilimitados.
Ya Maduro dijo: “Lo que haga esa Asamblea no es mi culpa; yo no quiero ser reelegido, no me interesa la reelección. Yo simplemente estoy obedeciendo la voz del pueblo.” Lo que yo denomino el acto reflejo: el primer ascenso del líder populista. Es decir, yo represento al pueblo. Y, una vez logra cambiar la ley, yo represento la ley. O sea, yo soy la ley, yo soy el pueblo.
Para cuando se trata de reaccionar, obviamente ya no es la ley y el pueblo, sino simplemente es el Estado. Y a eso se le conoce como una dictadura constitucional, que no se tomó por la fuerza, sino con el uso de las instituciones y con doblegar la Constitución y la ley. Es algo que nunca se debe permitir en Colombia.
Venezuela inicia ese ciclo, logra esa Asamblea Nacional Constituyente, y el primer paso, obviamente, es: existiendo una Asamblea Nacional Constituyente, hay que cerrar el Congreso, que en Venezuela se llamaba Asamblea Nacional Legislativa (un poco como la tiene Francia, de allí viene su estructura). Y se cierra.
Las imágenes de los congresistas saltando la reja tratando de oponerse, al final, pues simplemente son parte de ese discurso.Y ahí aprovecho para enviarle un mensaje a la oposición. Ciento cuatro candidatos. Yo solo les quiero decir que las elecciones presidenciales en Colombia pueden o no darse. Sinceramente pienso que depende mucho, pero mucho, mucho, de cómo termine la historia en Venezuela.
Si los Estados Unidos solamente van a impedir que el tráfico de estupefacientes siga yendo a Estados Unidos, y con el tiempo el régimen de Maduro se queda en el poder, simplemente va a haber un acto reflejo parecido al de Cuba.
Eso tiene un efecto directo en toda América Latina. En ese caso, las elecciones presidenciales en Colombia no serían las que ustedes conocen, y yo no podría asegurar que se vayan a dar.
Si el caso es que se termina el régimen de Venezuela y termina rápido, obviamente la repercusión en Colombia es inmediata, porque se genera algo que en la geopolítica y en las ciencias políticas se llama el movimiento reflejo. Ya no es el acto reflejo, sino el movimiento reflejo, es decir: lo que pasó allí puede ocurrir acá.
De manera que espero que los Estados Unidos sepan que lo que están haciendo en Venezuela lo están haciendo en toda América Latina. Lo que ocurra allá va a incidir en las elecciones presidenciales de Colombia del año entrante.
Pero hay una cosa que la oposición debería entender: 104 candidatos, en este momento histórico, es casi un suicidio. Yo soy un demócrata, pero también soy práctico. Les hago un llamado a los candidatos presidenciales, de nuevo: hay un momento en la historia en el que el carácter de sus líderes se une al destino de la nación, y ese momento ha llegado. Ese momento los está llamando a ustedes, señores y señoras miembros de la oposición.
Entiendo el esfuerzo que todos han hecho en sus campañas. Entiendo que muchos de ustedes son de tradición política, otros no; las circunstancias los colocaron allí. Entiendo que todos quieren cambiar su país y lo hacen por amor al país, tal vez por otros intereses, etcétera. Pero ustedes tienen que unificarse. Tienen que escuchar la historia. Tienen que aprender de la historia. Ese fue el mayor error en el caso de Venezuela.
En el momento más crítico, cuando los miembros de la oposición estaban saltando la reja de la Asamblea Nacional Legislativa para que no la cerraran, cuando trataron de oponerse y los arrestaron, cuando se dieron cuenta del error instrumental que cometieron al no tener un líder fuerte, una voz fuerte en la oposición, en los momentos en que la nación lo requería.. cuando hay muchas voces gritando lo mismo, todas gritan tan duro que no se entiende lo que están diciendo.
Es necesario que se unifiquen. Es necesario que cedan a las ambiciones personales y que opongan las ambiciones personales por su país. Su país lo necesita. Necesita que le hagan frente a una situación que es única en su historia.
Este momento, tener 104 candidatos en las elecciones de mayo de 2026, es francamente un riesgo muy alto, si tienen en cuenta lo que pasó en el caso de Nicaragua con la oposición, en el caso de Honduras con la oposición y en el caso de Venezuela con la oposición. Son enseñanzas de la historia. Y tengan en cuenta que en Venezuela el número de candidatos no era 104.
Entonces, yo no sé si el candidato número 104 le va a ganar al primero que se lanzó... yo lo veo un poco difícil. Pero es el momento de buscar consensos entre ustedes y de defender su Constitución, y defender nuestra Constitución y la ley. Lo necesitamos. El país lo necesita.
Ahora, también quiero que observen ejemplos que van un poco más allá del colombiano, porque es que las voces pudieron haberse dado o las narrativas se dieron en otros idiomas, pero al traducirlas son tan parecidas.
El caso de Uganda es muy diciente. El presidente Museveni hace una reforma constitucional de la Constitución de Uganda de 2015, pero muy particular: esa Constitución tiene, o tenía, una provisión constitucional para que no existiera la reelección.
Y lo que él dice es que no se debe impedir la voz del pueblo cuando se necesita cambiar la ley para que no sea inflexible. Ese discurso es razonable, pero la parte que no le dijo a los constituyentes, a los miembros de la Asamblea ni a la oposición en aquel momento histórico, fue que se refería no a toda la ley, sino a la ley de la reelección. Y que no se podía hacer inflexible, que se trataba simplemente de una reforma temporal. Pero esa reforma temporal fue hace mucho tiempo... y se quedó en el poder.
Pero lo más delicado es la narrativa que utilizaba, que se parece mucho a la que escuchamos en varios países latinoamericanos: “Hay que cambiar la Constitución porque ya no sirve, ya no está cumpliendo su propósito.” Ese era el discurso que él tenía. Era en otro idioma, bien lejos de Colombia —Uganda queda bastante lejos de Colombia—, y se cambió entonces la Constitución... y se quedó en el poder. Claro, según él, ahora sí la Constitución sirve.
Pero ese mismo lenguaje lo utilizó Hun Sen en Camboya, el líder del Partido Populista Comunista, y lo utilizó hace cuatro décadas para decir que la Constitución ya no servía, había que cambiarla porque no le permitía visualizar la voz del pueblo y no le permitía una realización de los fines sociales del Estado. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia: se llama autoritarismo, se llama el paso a la dictadura constitucional.
En Camboya, Hun Sen estuvo en el poder cuatro décadas, y solamente hace dos años entregó el poder a su hijo. El caso de Rusia se parece incluso a las leyes que pasó Venezuela. El presidente Putin no cambió la Constitución sobre la reelección, sino que fue incluso más astuto que todos los demás que hemos nombrado. Simplemente dijo: “Vamos a hacer un reset, vamos a hacer un reconteo de los periodos presidenciales a partir del 2020.”
Y una vez fue elegido en el 2020, lo que quiere decir es que tiene derecho a estar hasta el 2036 en el poder, con esa interpretación de la Constitución. Después de ese esquema, las leyes que pasó el año pasado —la reforma del Código Penal ruso sobre lo que se llama fake news (la ley de noticias falsas) y la otra, la ley de confiscación del patrimonio privado para quienes, con sus actividades, pongan en riesgo la seguridad nacional—, las dos son reformas al Código Penal.
Y las dos tipifican esas acciones de manera que, si hay noticias falsas, no solamente se puede arrestar al periodista, sino que se puede cerrar el medio. O, si es la oposición, por ejemplo, que utiliza su patrimonio para hacer campaña en las calles y se interpreta que coloca en peligro la seguridad nacional, entonces se puede ir en contra de la oposición.
Nótese cómo esa ley se parece mucho a la de Venezuela. De manera que esas reformas que se hacen allí han tenido ya otros antecedentes en la región. En el caso de Honduras, se hace una reforma al artículo 42, numeral quinto, y al artículo 239 de la Constitución de 1982. Pero la más particular, me parece a mí, porque ese sistema jurídico era especial, es que ellos incluso tenían un artículo 330 del Código Penal hondureño, que tipificaba —o que penalizaba— el intento de incluso reformar la Constitución para permitir la reelección.
Incluso estaba en el Código Penal. Todas esas normas se cambiaron al ganar acceso a las altas cortes, y simplemente a través del sistema de nombramientos e interpretaciones constitucionales especiales. De manera que no es imposible. Incluso los Estados, como les acabo de mostrar, que han tenido ya salvaguardias jurídicas, han caído en este fenómeno.
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¿Cuáles son los mecanismos, entonces, que se utilizan?
El primero es controlar la institucionalidad, y el control de la institucionalidad se hace a través de los nombramientos, del presupuesto y, el último, del debilitamiento de la fuerza pública y también del debilitamiento de la prensa. Los ataques a la prensa son sesgados al inicio, pero ya cuando se comienzan a cerrar medios de comunicación, es una alarma.
En Colombia, entiendo que hay un medio de comunicación que recientemente enfrentó ese problema. No importa si es de izquierda, de derecha o de centro: la prensa debe permanecer libre, independientemente de la posición ideológica porque cuando se cierra un medio de comunicación, se cierra la oportunidad para informarse, se cierra la oportunidad para ser libres. Ese es un llamado para los colombianos: hay que estar alerta a los ataques contra la prensa, como hay que estar alerta a los ataques contra los jueces, sobre todo contra la independencia judicial, cuando se trata de defender la Constitución.
En los dos casos —la prensa o la rama judicial—, suelen ser los últimos dos poderes, el cuarto y el tercero, que entran en ese sistema. Ahora, el último control que se hace es el más delicado: el control de la historia. Y Colombia sí que ha sido víctima de ese control, porque cuando se cambia la narrativa de la historia —y eso es algo que es importante que entendamos como colombianos—, esto se ha dado en todas partes.
Cuando se le explica a la gente cuál es su situación y se culpabiliza, bien sea a un grupo de la oposición o a un sector, todo lo que se está haciendo es dividir la sociedad. Y al dividir la sociedad, pues, se puede alterar más fácil la realidad del grupo que se logra dividir, que se logra separar.
Ese sistema solo se puede hacer si se altera la historia, porque cuando un líder controla la historia, está controlando el presente y evitando un futuro diferente, que es el que no le conviene.
El cambio de la narrativa histórica en Colombia es muy grave, porque los criminales, las personas que cometieron crímenes de lesa humanidad, están siendo presentados como héroes de la historia, y las víctimas están siendo reidentificadas en roles que no les corresponden.
Ya nos quitaron la historia. La están reescribiendo, la están editando, la están borrando. Ya nos quitaron la justicia, en gran parte: la secuestraron, la asesinaron, la incendiaron, la dejaron en cenizas y la olvidaron.
Y hoy nos están presentando como actos de patriotismo, como actos intrépidos, crímenes contra la humanidad. Ya nos quitaron el orden: nos lo quitaron en los campos, nos lo quitaron en las ciudades. Incluso nos están quitando el futuro.
Y mi mensaje sigue siendo el mismo: no podemos dejar que nos quiten la libertad, y la única forma de impedir eso es defender la Constitución.
¿Qué podemos hacer?
Pues primero, movámonos al caso colombiano para entender dónde estamos, porque aún estamos a tiempo. El proceso de autoritarismo constitucional en Colombia se inicia con este Decreto 236 del 2025, y es por ello que el suscrito aceptó aquella invitación que me hiciese el Grupo Prisa y la W Radio, porque, en lo personal, me pareció que era la señal y era el momento indicado.
Cuando un presidente de la República estaba convocando una consulta popular que no ha sido aprobada por el Congreso, y cuando, para hacerlo, su interpretación era que él era la suprema autoridad constitucional, incluso por encima del Congreso, haciendo una interpretación sofista, utilizando doctrinantes del nacionalismo alemán que han justificado en otras regiones lo injustificable, para reformar el constitucionalismo colombiano y reinterpretar el país que se inventó el control constitucional difuso, el constitucionalismo americano, la alarma más diciente, por supuesto, era que se le quería entregar poderes constitucionales al presidente de Colombia, utilizando una figura constitucional del derecho americano que ningún presidente, desde George Washington hasta Donald Trump, ha tenido.
Había que desnudar esa interpretación, porque, a pesar de cómo nos presenten ahora la historia, la historia son hechos, no interpretaciones.Porque sin hechos ni siquiera hay interpretaciones, y eso se aplica también a la historia constitucional y jurisprudencial.
El segundo movimiento, y el más grave a mi juicio, fue querer llamar a una asamblea constitucional utilizando la expresión “Asamblea Popular Constituyente”, que implicaba un quórum relativo o más bajo.
Y el tercero, que ya ocurrió después del debate, fueron las razones que se dan para cambiar la Constitución.Una a una, naturalmente, se han ido cayendo, pero la última me parece la más compleja, la más difícil.
La primera era, obviamente, que había que cambiar la Constitución en Colombia porque existía un bloqueo institucional, que en las democracias avanzadas —o en las verdaderas democracias del mundo— se le conoce como oposición.
No funcionó.Entonces pasaron a la siguiente:“Hay que cambiar la Constitución porque los derechos y las garantías que allí operan no se están cumpliendo, porque la Constitución ya no sirve.” El suscrito ha dicho que lo que no sirve tal vez sea el gobierno, no la Constitución. Y la última, la que está en proceso de formación:“Hay que cambiar la Constitución porque el orden público está alterado.”
Y ese es un tema muy delicado, porque allí —y esta parte no puedo avanzar más, porque le haría un favor al gobierno— entran otros fenómenos: el fenómeno del narcotráfico, la cuestión geopolítica, y el resultado de lo que ocurra en Venezuela.
La posición que adopte Colombia en torno a ese conflicto va a tener un resultado directo en ese fenómeno.Y simplemente los conmino a estar muy pendientes, porque es cierto que hay camino constitucional y jurídico para considerar ciertos estados de excepción.
Pero de nuevo, el problema no es la Constitución.Si las cosas no están funcionando después de tres años en el poder, el problema tal vez sea de gobernabilidad. Y reitero mi advertencia: Cuando un presidente quiere cambiar la Constitución porque no le deja hacer lo que quiere, al que hay que cambiar es al presidente, no a la Constitución.
Después de todo, la Constitución —no la voluntad del presidente— es la norma de normas.El caso contrario se denomina autoritarismo.El caso contrario, que la Constitución refleje la voluntad del presidente, es dictadura constitucional.
Esa reflexión nos lleva a la tercera parte de mi intervención:¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede evitar? Tenemos tres tipos de herramientas. La primera herramienta es la herramienta constitucional.
La Constitución del 91 ofrece mecanismos para detener esa ascensión.Son mecanismos que se pueden calificar como “frenos y balances”. El primero es el balance: la acción pública de inconstitucionalidad del artículo 241, numeral 3, y en parte numeral 4, de la Constitución de 1991, permite demandar actos que sean abiertamente inconstitucionales, esa es una forma de balancear los excesos y los abusos del poder de diferentes ramas del poder público.Esa es una opción que se tiene.
Si la afectación ya es sobre las libertades individuales y los derechos humanos más básicos que ustedes tienen, el mecanismo es la acción de tutela, el artículo 86 de la Constitución.Pero el efecto jurídico, sin embargo, no es erga omnes, es su caso; pueden generar una jurisprudencia, pero hay que considerarlo en cada instancia.
Existe un mecanismo constitucional expedito, se utiliza como la última ratio.Ese mecanismo se puede contemplar desde el artículo 115, incluso, y es el poder de los ministros para ejercer una excepción constitucional de última instancia.Es decir, para no firmar los decretos presidenciales cuando los consideren abiertamente contrarios a la Constitución, cuando tengan reservas.
Pero para eso se necesita cierta mayoría, aunque es una última instancia.En Colombia existe ese artículo porque, desafortunadamente, el andamiaje constitucional colombiano no trae cláusulas como la que tienen Estados Unidos, Canadá u otros países, y es que cuando se observan ciertos comportamientos del presidente o del jefe de Estado, el presidente, con la firma de todos los ministros, pueden incluso aislar al presidente y generar un cambio de gobierno.
Los colombianos no tenemos esa figura.Incluso allí, si el presidente tuviera —o tuviéramos— una preocupación por cuestiones de salud mental, etcétera, o porque nos parece que hay una enajenación en la forma en que está procediendo —sin poner nombres, no importa qué partido, si es de izquierda o de derecha, no me refiero a una persona en particular—, pero realmente me refiero es a la figura constitucional, no tenemos esa opción.
La única posibilidad de ayudar a un presidente, bajo la Constitución del 91, es si tiene una incapacidad física, se muere o renuncia.La otra que queda es el juicio político, pero desafortunadamente los arquitectos de la Constitución del 91 dejaron el camino a una comisión que todos sabemos que no funciona mucho: la Comisión de Acusaciones, y que en la práctica, pues, el artículo 175 no funcionaría mucho allí.
Entonces pasamos a los últimos dos principios, que son el resorte del Estado, las últimas formas de separar esto.Obviamente está el principio de separación de poderes públicos, pero en la práctica es el principio de supremacía constitucional el que dice que la norma de normas no es la voluntad del presidente sino la Constitución, el que dice que el presidente es la suprema autoridad administrativa, no constitucional.
Ese principio de supremacía se puede interpretar con los artículos 9, 4 y 91, para incorporar los tratados internacionales.Y esa es una interpretación que una Corte Constitucional puede ejercer, o un Consejo de Estado frente a ciertos decretos, pueden ejercer para detener excesos o abusos de poder.
Y queda, obviamente, uno de los más importantes, que se llama el principio de legitimidad de la función pública.Ese principio lo tenemos en Colombia, está en el artículo 121 de la Constitución y básicamente lo que nos dice es que una autoridad pública no puede ejercer funciones que no le sean asignadas por la Constitución y la ley.Si los jueces leen correctamente ese artículo 121 y el cuarto, pueden proteger no solo el régimen constitucional, la Constitución, sino el orden constitucional que lo sostiene.
Pero aquí es donde está el quiz del asunto: en todos los eventos donde ha existido un tránsito del populismo al autoritarismo y de allí a la dictadura constitucional, lo que cae es la integridad moral, social y la honorabilidad de quienes toman esas decisiones.Casi que de manera cíclica, en todos los casos que podamos analizar —Uganda, Cambodia, Filipinas, Nicaragua, Honduras, Venezuela—, la Corte Suprema de Justicia al final doblega la Constitución.
Hay algo que no está en la ley.Como decían los founding fathers o los padres fundadores del constitucionalismo americano —Thomas Jefferson, James Madison, George Washington, Alexander Hamilton—: “La honorabilidad del Estado no reposa en las leyes, sino en quienes las hacen cumplir”.
Los colombianos tienen que entender —y tenemos que entender— que si queremos un país diferente, ese país no nos lo va a dar simplemente un nuevo presidente, no importa el partido.Realmente, si queremos líderes diferentes, los que tenemos que cambiar somos los votantes.Cuando los votantes cambian, los líderes cambian.Ese es un proceso automático.
Y para que cambien los votantes es necesario que se genere conciencia pública, como en este tipo de eventos.Ustedes congregan a un gremio, pero lo que estamos haciendo en este momento es generar conciencia pública, porque gracias a la forma en que ustedes organizaron este evento, allí también hay medios de comunicación que incluso ayudan a moderar las ideas y el debate.Esa es una forma muy democrática de hacer que se respete la Constitución, la ley y la democracia en el país.
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Pero es fundamental que exista ese cambio.Y si tenemos 104 candidatos presidenciales, claramente nos está revelando que ese cambio no se ha dado. Hay que cambiar los votantes para que cambien los líderes.Y eso no implica solamente los líderes políticos, sino también las personas que llegan a las posiciones del Estado donde se toman las decisiones no solo del transcurrir del negocio jurídico, sino fundamentalmente de la defensa de la Constitución.
Por eso, la figura del juez, del juez constitucional, es tan importante.Tendremos, en su momento, que hacer una reconsideración de la nominación a esos cargos.Tendremos que incluso llegar a pensar cuántos años, de verdad, tendría que estar un juez en la judicatura para que su nombramiento sea separado del periodo presidencial o de la influencia de los otros poderes del poder público.Hay que repensar esa situación.
Pero, en el entretanto, no los puedo engañar:Las herramientas constitucionales funcionan hasta cierto punto, pero si las personas que están a cargo de aplicarlas fallan, falla el sistema. Por eso cité a los founding fathers, pero también hubiera podido citar a Montesquieu o a los padres del derecho constitucional moderno.
Los primeros constitucionalistas franceses, desde la época de la Revolución Francesa, donde aquella máxima que se hacía ahí es que “la ley es la expresión de la voluntad general”, la loi c’est l’expression de la volonté générale, y esa voluntad general no se hace sin la voluntad individual de obrar ética y honorablemente.
Es un honor ser un funcionario público, y se debe ejercer de acuerdo con esa responsabilidad moral e histórica. Y para que se tengan esos líderes, es necesario que los votantes, eh, comiencen a tomar sus decisiones con mayor reflexión, con menos emoción, con mayor reflexión, porque están simplemente entregándole a una persona la dirección del Estado, pero en más de una forma, la dirección del futuro.
Y pasamos al último, y es la última herramienta: la defensa de la historia. Porque si se controla la historia, se controla el presente y se evita un futuro diferente. Como inicié con esta presentación: “La historia nos habla si la escuchamos. La historia nos guía si no la manipulamos. La historia nos acompaña si la dejamos”.
La historia es para aquellos gobernantes que se ilustran, para aquellos gobernantes que obran con responsabilidad, para aquellos gobernantes que entienden, con la madurez constitucional de su momento, que la vida no es tan larga y que todos simplemente estamos por un tiempo en este mundo, y que lo que hagamos tal vez tiene mayores consecuencias si entendemos la visión de largo plazo.
Y esa historia le va a decir a ese gobernante que ella es, sin lugar a dudas, el mejor pero el más olvidado de todos los consejeros que hay.Y esa historia le está hablando a Colombia, porque Colombia está repitiendo sus ciclos.
Y el último mensaje que yo les puedo dejar a ustedes es que si se cae el sistema constitucional y se caen las personas que se encargan de defenderlo, no nos queda más, como colombianos, que dar un tributo a las herramientas que nos quedan:a la prensa libre e independiente, apoyar a nuestros jueces, y decirle a la oposición que lo que tienen en este momento es un deber con la historia.
Que tienen que escuchar la historia, no solo la de Colombia, sino la de los otros países que les dicen qué ha ocurrido en momentos como este.Y que si escuchan esa historia, el mensaje es incontestable: Hay que defender la libertad, hay que defender el orden y hay que defender la Constitución, porque así se defiende la patria”.
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Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué afirma exactamente Mauricio Gaona sobre cambiar la Constitución?
- “Cuando un presidente quiere cambiar la Constitución porque no le permite hacer lo que desea, al que hay que cambiar es al presidente, no la Constitución.”
- ¿Por qué considera que cambiar la Constitución en este contexto es riesgoso?
- Porque podría debilitar la separación de poderes, alterar el orden constitucional y derivar hacia un régimen con menos controles democráticos.
- Es un jurista colombiano con formación internacional, experto en derecho constitucional, hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, y se ha pronunciado sobre propuestas de reforma en Colombia ante riesgo institucional
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