La génesis de la determinación es la decisión que adoptó el paso 23 de abril la Procuraduría General, que prorrogó la sanción contra Leyva otros tres meses por cuenta de las presuntas irregularidades que rodearon el proceso de licitación de pasaportes. La decisión se adoptó mientras avanza el juicio disciplinario en su contra.
Leyva había sido notificado de la suspensión el pasado 24 de enero y el pasado 23 de abril vencía la medida impuesta por el órgano de control.
La suspensión provisional contra el canciller Leyva se tomó porque el funcionario habría cometido dos faltas graves al momento de declarar desierto el proceso de la licitación 001 de 2023 (para la fabricación de los pasaportes).
De acuerdo con la investigación –iniciada el 20 de septiembre de 2023– el canciller Leyva habría cometido una falta grave porque tomó la decisión sin tener fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos. De ese modo, habría vulnerado los principios que rigen la contratación estatal.
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Al parecer, el canciller Álvaro Leyva podría no regresar a su cargo, de acuerdo con fuentes del alto Gobierno. Según pudo conocer EL COLOMBIANO, su caso es analizado por el Gobierno, que estudia si debe regresar o no al cargo una vez termine la suspensión de la Procuraduría.
Leyva no quiso cumplir al principio esa suspensión, pero terminó acatándola cuando el presidente Petro fue notificado. Lo que no se sabe hasta ahora es si Murillo continuaría en ese cargo (hay quienes lo perfilan como candidato para el 2026) o si regresaría a Washington para continuar al frente de la Embajada de ese país.
Lo que es cierto es que en el Gobierno consideran que el tema de los pasaportes fue muy mal manejado por Leyva. Hay que recordar que este terminó pagando alrededor de 30 millones de pesos de caja de la cartera para supuestamente conseguir una información sobre la compañía que una fuente le prometió, pero terminó siendo una estafa.
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