Supuestos favorecimientos económicos por la entrega de salvoconductos para el porte de armas que, al parecer, terminaron en manos de jefes del grupo delincuencial “la Oficina”; además de presuntos casos de corrupción en el manejo de recursos destinados para vehículos y combustible, son las denuncias que publicó la revista Semana y que llevaron a la salida del Ejército del general Jorge Romero.
La decisión de llamar al alto mando militar a calificar servicios—quien se desempeñaba como el actual jefe del Comando de Apoyo de Acción Integral—, fue anunciada ayer por el ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien aseveró que Romero tiene dos investigaciones en curso en la Fiscalía por los hechos narrados al comenzar este artículo, razón por la que fue llamado a evaluación, paso previo a “darle la baja”, como se dice en el argot militar.
Frente a la situación, el general Romero se defendió y le dijo a EL COLOMBIANO que de aquello que se le acusa no le cabe responsabilidad, porque esas acciones eran ajenas a su manejo como comandante de la unidad a la que pertenecía en Medellín.
El general Romero se declaró sorprendido con la decisión de Mindefensa: “Consideré a la institución garante del derecho a la presunción de inocencia, como hasta la fecha lo había sido, pero, hasta el último día soy respetuoso de las decisiones de mis superiores y, por eso, acataré la orden como corresponde”, enfatizó.
Su defensa
El general Romero llegó a la IV Brigada de Medellín con todos los pergaminos que un alto mando militar debe poseer para dirigir una de las unidades militares más importantes del país. De hecho, entre los mandos consideran que llegar a esta base, es un paso fijo en su ascenso en la carrera militar que puede catapultarlos a grandes cargos en la jefatura del Ejército nacional.
Por esta unidad han pasado dos de los últimos comandantes del Ejército: los generales Nicacio Martínez y Alberto José Mejía Ferrero.
Una de las acusaciones sobre Romero se da cuando este militar ejerció como máximo jefe de la IV Brigada y está relacionada con la expedición de salvoconductos por los que al parecer hacía millonarios cobros.
Sobre estos permisos para porte de armas, el general dice que no es competencia del comandante de la brigada expedirlos y que los salvoconductos de varios integrantes de la estructura de “la Oficina” capturados el año pasado se expidieron cuando él estaba al frente de la Tercera División del Ejército en Cauca y Nariño.
En la conversación con EL COLOMBIANO, Romero reconoció que sabía de una investigación en su contra adelantada por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, pero asegura que no ha sido vinculado formalmente al proceso, el cual se encuentra en indagación preliminar.
Sin embargo, fuentes militares que pidieron reserva del nombre, indicaron a EL COLOMBIANO que estas investigaciones habrían sido el obstáculo para que Romero ascendiera a mayor general el año pasado, y por las que fue enviado al departamento de Acción Integral, unidad encargada de acciones de servicio del Ejército en los municipios del país, funciones distintas a la operatividad en armas a la cual estaba acostumbrado.
Acciones contundentes
La decisión del Ministerio de Defensa de observar disciplinariamente los altos mandos militares no solo cobija a Romero. Botero anunció medidas contra el general Eduardo Quirós, jefe del Comando de Contrainteligencia y habló de la situación de Adelmo Fajardo, subcomandante del Ejército; ambos denunciados por la revista Semana por supuestos actos de corrupción y presión a subalternos.
Entre las acciones está la del traslado del general Eduardo Quirós, encargado de la Contrainteligencia, para adelantar las investigaciones pertinentes sobre las acusaciones que lo señalan de ofrecer dinero y vacaciones a quienes entregaran nombres de aquellos que filtraron los documentos a los medios de comunicación sobre las directrices de aumentar los resultados operacionales de los batallones.
Entre tanto, contra Fajardo no hubo decisiones concretas, Mindefensa solo afirmó que el oficial pidió vacaciones para organizar su defensa a las acusaciones de corrupción.
Sobre lo que está pasando con el Ejército colombiano y sus escándalos, Jhon Marulanda, analista de conflictos armados y consultor militar, afirma que no es una deshonra para la institución como tal, pero sí para cada uno de los oficiales involucrados.
“Estamos hablando de una institución muy grande y lo que pasa con tres personas no puede implicar una deshonra para los más de 200 mil hombres y mujeres que están trabajando todos los días por el país”, explicó.
En relación con el tema, Botero indicó: “No vamos a ser ni indulgentes ni temerarios, pero sí diligentes. Toda nuestra capacidad institucional está al servicio de esos procesos”, y enfatizó en que la presunta corrupción de tres de los mandos no es un punto para señalar a una fuerza que lleva el honor como bandera.
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años estuvo el general Romero al frente de la IV Brigada del Ejército
