Un cambio arduo y silencioso se está presentando en las cinco fronteras terrestres de Colombia. Solamente en la de Ecuador hubo un aumento en la llegada de migrantes indocumentados del 288 % entre 2014 y 2015. En la de Panamá, los migrantes cubanos dejaron en evidencia que municipios como Turbo y Capurganá son pasos claves para continuar la ruta hacia Estados Unidos.
En noviembre pasado, el Consejo de Estado falló a favor de los migrantes cubanos que estuvieron varados en Turbo. Migración Colombia, según el alto Tribunal, deportó más de 1.000 ciudadanos sin respetarles el debido proceso.
Este fallo fue una alerta para la Defensoría del Pueblo y la Acnur (Agencia de la ONU para los Refugiados). Estas entidades elaboraron un estudio de la situación humanitaria en las cinco fronteras terrestres de Colombia para comprobar si se estaban presentando violaciones de derechos humanos (ver infografía).
En Panamá encontraron, además de deportaciones a extranjeros, “siembra de minas antipersonal, reclutamiento de indígenas y desplazamiento forzado”. En la de Ecuador, además de pobreza estructural, “cultivos de coca, colombianos deportados, migrantes deportados e indígenas víctimas de desplazamiento forzado” .
En la frontera con Perú, los problemas están perjudicando al medio ambiente: tala y tráfico ilegal de madera, minería ilegal, dificultades en agricultura y falta de saneamiento básico para la población. Al estudiar la frontera de Venezuela encontraron varios problemas: desde desnutrición extrema en La Guajira hasta violación de derechos humanos por parte de la Guardia Venezolana en el sector de Norte de Santander. Alcanzaron a identificar 160 pasos irregulares en la frontera.
Recomendaciones
Tras realizar 4.153 encuestas en las zonas fronterizas, Defensoría y Acnur le hicieron una serie de recomendaciones al Gobierno. Una de las principales la dijo el defensor del Pueblo, Carlos Negret: “Hago un llamado a la Unidad de Víctimas para liderar y coordinar la realización de jornadas de atención interinstitucional, dirigidas a la población víctima ubicada en zona de frontera y áreas no municipalizadas para acelerar el proceso de reparación”.
A juicio de la Defensoría, existen otros temas urgentes que se deben atender. En la frontera con Ecuador, por ejemplo, se están presentando casos frecuentes de “persecución, homicidio, abandono o despojo de bienes inmuebles, actos terroristas y reclutamiento ilegal de menores de edad”.
En términos generales, Acnur y Defensoría le recomendaron al gobierno reforzar el marco legal para proteger a los migrantes en las zonas de frontera. “Colombia se ha transformado en un país receptor de personas con necesidades de protección internacional, que quieren solicitar refugio o asilo”, señala el informe, firmado por el representante de la Acnur en Colombia, Jozef Merkx.
Expertos jurídicos le han advertido al gobierno colombiano sobre el atraso en materia de políticas migratorias. La profesora María Teresa Palacios, de la Universidad del Rosario, ha señalado que el Gobierno está “está desconociendo la normativa internacional, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuando realiza deportaciones”.
Desde la Cancillería colombiana han respondido con el Plan Fronteras Para la Prosperidad, que impacta, en teoría, la calidad de vida en 77 municipios y 13 corregimientos departamentales. Sin embargo, en los lineamientos del programa no aparecen apartados sobre atención a migrantes. Se está trabajando, según la Cancillería, en “desarrollo sustentable, desarrollo humano, política pública diferencial, enfoque local y sostenible, participación y liderazgo”.
Además de la Acnur y la Defensoría, la Organización Internacional de Migraciones (OIM) ha alertado por la explotación a la que son sometidas personas colombianas en la frontera con Panamá: “son explotadas en muchos tipos de actividades dentro de todos los ámbitos laborales y oficios, no es únicamente en explotación sexual: también explotación en el servicio doméstico, en la mendicidad, en matrimonios serviles, en la pornografía, de niños y niñas vinculados a grupos armados al margen de la ley”.
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