El nuevo director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, Pablo Elías González Mongui, recibe esta entidad gubernamental encargada de brindar protección en medio de una marea de homicidios de líderes sociales que, según la Defensoría del Pueblo, son 343 cometidos entre el 1 de enero de 2016 y el 22 de agosto de 2018.
A los asesinatos de los defensores de Derechos Humanos se suma la petición de protección de exguerrilleros cuyas muertes violentas ya ascienden a 75 desde la firma del Acuerdo final, “en medio de una aterradora ola de exterminio contra dirigentes sociales y populares”, como lo expresó el partido político la Farc después de realizar su Consejo Nacional el pasado domingo.
Con este panorama de fondo, la primera tarea solicitada por el presidente Iván Duque al nuevo director de la UNP es ajustar la política de protección a los dirigentes de las comunidades y defensores de Derechos Humanos y, en esa medida, el mandatario expresó que su gobierno inició una convocatoria “para articular una política que le permita al Estado afrontar con eficacia y celeridad el asesinato y las amenazas contra líderes”.
Para cumplir con la petición presidencial, el mismo Duque indicó que la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía y la Defensoría están investigando los ataques y amenazas, “y están llegando a encontrar a los autores materiales y muy seguramente eso permitirá llegar a autores intelectuales”.
¿Quién es González?
El nuevo director de la UNP llega al cargo después de la polémica suscitada hace dos meses cuando al parecer Duque nombraría a Claudia Ortiz, una abogada de filiación uribista que expresó en redes sociales su desprecio por opositores y líderes de Farc a quienes debería proteger.
En esta ocasión, el mandatario defendió a su elegido y aseveró: “eleva muchísimo el perfil de la UNP porque creo que no solo conoce de seguridad, sino que puede ayudar a construir esta política donde tengamos protección integral a grupos de personas que puedan ser sujeto de amenazas y garantizar las personas idóneas en el territorio”.
Gónzalez Mongui fue abogado litigante y director del doctorado en Derecho de la Universidad Libre. En el 2013 defendió ante la Corte Suprema de Justicia a los congresistas Zulema Jattin en un caso de parapolítica, Julio Manzur Abdala -ex presidente del Directorio Nacional Conservador, señalado por vínculos con grupos paramilitares; y Aristides Andrade, declarado inocente en su presunta participación en el homicidio de un dirigente de Barrancabermeja.
El nombre de González se hizo visible hace cinco años porque mientras defendía a los congresistas mencionados, capacitó a miembros del CTI de la Fiscalía encargados de adelantar las investigaciones a congresistas vinculados con grupos al margen de la ley, en una charla sobre los “actos de investigación” de la Policía Judicial.
Se sienten sin protección
Pese a la orden del presidente, las organizaciones de defensores de Derechos Humanos insisten en que las medidas adoptadas son insuficientes, pues lo asesinatos continúan en las regiones y muchos de los que han solicitado protección no la han obtenido.
Óscar Montero, vocero de la Organización Nacional Indígena, denunció que hasta el momento esta institución ha realizado 100 solicitudes de protección a la UNP y no han obtenido respuesta.
“En las últimas 48 horas han asesinado a 5 líderes sociales en Colombia. No habrá paz estable y duradera sin garantías para los líderes y lideresas que cuidan y defienden la vida”, expresó el líder.
Asimismo, conociendo las dificultades de los defensores de Derechos Humanos en el tema de seguridad, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, expresó que la protección debe ser inmediata, pero para los que realmente la necesitan.
“Hay una cantidad de dirigentes de este país que no necesitan protección mientras nos siguen asesinando a los líderes sociales. Se deben cambiar los esquemas, seguimos con los mismos del pasado”, enfatizó Carrillo.
20
departamentos han contado con acciones de protección de la UNP según la entidad.
