La JEP, a través de la Sección con Ausencia de Reconocimiento de Verdad ordenó exterder por seis meses las medidas cautelares en los cementerios donde se presume hay cuerpos de personas víctimas de desaparición forzada durante la guerra en cuatro municipios del departamento de Caldas.
Según la magistrada Reinere Jaramillo, las medidas cautelares protegen los cementerios de San Agustín y San Diego, del municipio de Samaná; San Maximiliano María Kolbe y Pradera, en el municipio de Victoria; cementerio central, del municipio de Norcasia; y cementerio central de la población de La Dorada.
La decisión se tomó luego de escuchar a las víctimas y las respuestas de las entidades citadas por la Jurisdicción.
Igualmente se ordenó a los personeros de Samaná, Victoria, Norcasia y La Dorada, la elaboración y presentación en el transcurso de 5 días de un plan de acción que incluya un cronograma mediante en el cual se analicen y corrijan las diferencias entre las declaraciones por el delito de desaparición forzada.
Por su parte las alcaldías de los cuatro municipios y la Gobernación de Caldas también deberán remitir información a la JEP sobre disposición, preservación y protección de lugares para la dignificación de los cuerpos no identificados en los cementerios o sitios donde puedan hallarse cuerpos de personas desaparecidas.
La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha recuperado 59 cuerpos que fueron entregados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su identificación, en le marco de los procesos adelantados por la JEP.
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