La construcción de un complejo de 111 casas en el municipio de San Luis, Tolima, para alojar personal de la Policía, llevó a que la Procuraduría le formule cuatro cargos al general Óscar Atehortúa Duque, director de la Policía. El Ministerio Público cuestiona las irregularidades en el contrato celebrado hace 9 años, cuestionamientos que se reflejan en esta investigación de EL COLOMBIANO.
Se trata de una seguidilla de presuntas irregularidades que involucrarían al general Atehortúa, y también al general Saúl Torres Mojica, quien fue entre diciembre de 2013 y agosto de 2014 director del Inpec, y a Wilmar Muñoz, el exdirectivo de la Universidad Distrital, quien fue acusado por la apropiación de 13 mil millones del centro educativo, escándalo por el que aceptó en noviembre de 2019 los cargos de peculado por apropiación y falsedad en documento público.
La historia de este contrato se remonta a 2011. El 11 de octubre de ese año, el general Saúl Torres Mojica, entonces director general del Fondo Rotatorio de la Policía (que se encarga de construir obras), celebró un contrato con la firma Inversora Manare Ltda, representada por Louis Wagner Cortés.
El objeto del contrato 117-3-2011, al que tiene acceso EL COLOMBIANO, era construir la ciudadela de vivienda fiscal Cenop en San Luis, Tolima. Tenía un valor de $10.930 millones: $208 millones, para estudios y diseños; $396 millones, para licencia, y $10.325 millones, para las obras. No hubo licitación, la contratación fue directa y “llave en mano”, es decir que el contratista responde por lo que requiera la obra, algo que no es usual para un contrato de este monto.
EL COLOMBIANO verificó en los registros de Cámara y Comercio, según los cuales la Inversora Manare Ltda, la empresa designada para ejecutar el contrato, se conformó en 2004 con el capital de dos socios: Louis Wagner Cortés y Juan Eduardo Goenaga Mojica, que pusieron, cada uno, $800 millones para un capital total de $1.600 millones.
Originalmente, el acuerdo tenía un plazo de dos meses y 17 días para su total ejecución: del 13 de octubre al 31 de diciembre. Tiempo que, según cálculos del mayor (r) William Moreno Bernal, quien fue coordinador del Grupo de Construcciones del Fondo Rotatorio, era imposible de cumplir pues un trabajo de este tipo toma entre 3 y 4 años.
La ejecución siguió su curso en el que se estipulaban apenas de 15 días para la construcción, pues los otros dos meses eran para la formulación de estudios y diseño. Por eso, ante la imposibilidad de construir 111 casas en dos semanas, se aprobaron 12 prórrogas, que representaron 721 días (dos años).
Aun así, en marzo de 2014, cuando el general Atehortúa llegó a la dirección del Fondo Rotatorio, las obras estaban estancadas en un 88,64 %.
Investigación engavetada
La Policía empezó a buscar respuestas en octubre de 2014 sobre qué pasaba con el Cenop. Encontró que para el 27 de ese mes faltaba 11,33 % de la construcción, que representaba $1.238 millones del presupuesto.
El 11 de agosto de 2015, sin embargo, el proceso interno se cerró. Ese día, el general Óscar Atehortúa firmó la resolución 00570. El documento, conocido por EL COLOMBIANO, dio la orden de que “se archiva el debido proceso adelantado por el presunto incumplimiento del contrato de obra Nº 117-3-2011”, es decir, el Cenop.
En el documento, de 15 páginas, se explica que el 19 de noviembre de 2014, Atehortúa llamó a audiencia de debido proceso al contratista. El 26 de diciembre acordaron, entre otras cosas, que la firma se comprometía a la adecuación de las vías de la ciudadela ($125 millones), de la subestación eléctrica ($392 millones), trabajos de paisajismo y empradización ($152 millones) y construcción del cuarto de basuras ($19 millones).
Siete meses más tarde, el 29 de julio de 2015, se firmó el acta de recibo final del Cenop. En el documento, al que también tiene acceso este medio, firmaron, entre otros, el brigadier general Óscar Atehortúa, entonces director del Fondo Rotatorio; el brigadier general William Ernesto Ruiz, director de Bienestar Social; y el teniente coronel Domingo Alfredo López, coordinador del Grupo de Construcciones.
En dicha acta, hecha por el interventor de la obra, William Muñoz, vinculado a la Universidad Distrital, se señala que “se hace el recibo físico de las 60 viviendas correspondientes a la construcción de la primera fase de la ciudadela fiscal Cenop”.
Sobre Muñoz hay que decir que en agosto de 2019, la Fiscalía reveló que en la Universidad Distrital desfalcó cerca de $13 mil millones, plata que, según el ente investigador, usó para comprar viviendas y carros de alta gama, pero también para otros gastos como cenas en lujosos restaurantes, viajes a Miami, su cuenta en Netflix y un curso en la plataforma Open English.
Pero volviendo a la Policía, a pesar de que Muñoz, como interventor, avaló la entrega, la construcción del Cenop está en la mira de la Procuraduría. El 10 de marzo llamó a Atehortúa a un juicio disciplinario en el que se enfrentará a cuatro cargos, todos considerados como faltas graves.
En el auto de citación a audiencia, el Ministerio Público explica que el primer cargo es por “no velar por la buena calidad del objeto contratado”. El segundo, por no declararse impedido en 2018 para conocer el expediente interno sobre el Cenop. El tercero, por pedir una línea de tiempo del mismo expediente. Y el último, por “utilizar de manera indebida la influencia de su cargo” para evitar una actuación disciplinaria por las irregularidades en las obras.
De comprobarse su culpabilidad, esto podría sacarlo del cargo más importante de la institución.
La respuesta de la Policía
EL COLOMBIANO envió, a través de la oficina de prensa de la Dirección de la Policía, un cuestionario de seis preguntas para el general Óscar Atehortúa sobre la investigación y el juicio disciplinario. Sin embargo, un portavoz explicó que el General no se pronunciaría al respecto, pues es un proceso en curso y las declaraciones que diera podrían afectar el mismo.
No obstante, el 10 de marzo, la Policía emitió un comunicado de prensa de tres puntos en el que se refería al asunto. Entre otras cosas el documento oficial dice que el mismo director radicó oficios, en diciembre de 2019, ante la Fiscalía y la Contraloría para que se realizaran las investigaciones sobre la obra.
También señaló que “el director general de la Policía Nacional, como lo ha reiterado en repetidas ocasiones, es respetuoso de las decisiones de los organismos de control, razón por la cual desde el principio ha aportado y continuará aportando todos los elementos probatorios en el ejercicio del derecho a la defensa”.
Este último cargo por el actuar de Atehortúa, quien envió a vacaciones por 400 días al inspector general de la Policía, general William Salamanca, quien investigaba este y otros casos irregulares en la Fuerza Pública. Salamanca fue reintegrado al servicio, después de que, en Navidad de 2019, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, convocara a una reunión entre ambos generales.
Con este panorama, continuará el proceso que, aunque frenado por cuenta del coronavirus, podría poner en jaque a la cúpula de la Policía.
2011
es el año en el que inició la construcción de las viviendas fiscales Cenop en Tolima.
10.930
millones es el valor del contrato para la construcción de las 111 viviendas.
4
son los cargos de los que acusa la Procuraduría al general Atehortúa.
