Por primera vez, en el marco de la ley de Justicia y Paz, ayer se dictó una condena a los integrantes de un grupo guerrillero quienes se desmovilizaron de manera colectiva.
Se trata de 13 hombres y siete mujeres exintegrantes del Ejército Revolucionario Guevarista (Erg), quienes hoy están recluidos en diferentes centros carcelarios del país.
En la lectura de la sentencia, la magistrada María Consuelo Rincón Jaramillo, dispuso de una pena alternativa de ocho años (la máxima de Justicia y Paz) para 10 de los postulados; siete años para igual número de personas, mientras que los tres restantes fueron condenados a seis años.
“Era evidente el debilitamiento de la organización subversiva debido a los enfrentamientos, detenciones de sus militantes y las deserciones; eso sin contar los enfrentamientos armados, los cuales no eran solo con la Fuerza Pública, también con otras guerrillas que querían su territorio. Esa situación llevó al grupo al borde de su extinción. Todo esto terminó con la decisión de una desmovilización”. Fueron las palabras de la magistrada durante su ponencia en la lectura de fallo.
Cabe aclarar que la mayoría de los sentenciados se encuentran recluidos en prisión hace varios años, desde que se postularon a Justicia y Paz, algunos de ellos incluso pueden solicitar su libertad a partir del 2016.
Estas 20 personas, según la Fiscalía, delinquieron con el grupo rebelde en las zonas limítrofes de los departamentos de Antioquia, Chocó y Risaralda. La sala del tribunal legalizó e imputó 203 hechos que implicaron 1.775 delitos, la mayoría de ellos por secuestro y homicidio en persona protegida, que dejaron más de 800 víctimas.
Durante el proceso con la Ley de Justicia y Paz, los exintegrantes del Erg cumplieron con la reparación de 401 víctimas directas, 316 indirectas, mientras que 124 aún esperan respuesta.
Isabel Cristina Marín Hincapié, una de las representantes de las personas afectadas por la organización delincuencial, espera “que independiente de la reparación, es precisamente el compromiso que ellos adquieran con la sociedad y con las víctimas de que esto no vuelva a presentarse y que efectivamente se les garantice a ellos por parte del Estado todo lo que abarca la reparación sicológica y todo lo que tiene que ver con daños y perjuicios morales”.
Al término de la audiencia el magistrado Juan Guillermo Cárdenas hizo salvamento de voto al no estar de acuerdo con varios aspectos de la sentencia.
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