La renuncia de Florián se convirtió en un trámite temporal: el Gobierno lo volvió a nombrar ministro de Igualdad tras ajustar la paridad con el ingreso de una nueva ministra en el gabinete.
El 17 de septiembre, Juan Carlos Florián presentó su renuncia al Ministerio de Igualdad. Apenas cuatro días después, el Decreto 1012 de 2025 oficializó nuevamente su nombramiento como el titular de esa cartera.
Aunque el presidente Gustavo Petro aceptó su renuncia ese miércoles 17 y dejó a cargo del Ministerio a la directora del Dapre, Angie Rodríguez, la hoja de vida de Florián volvió a publicarse casi que de inmediato para ser designado nuevamente como ministro.
Y es que el Gobierno siempre mantuvo la intención de sostener a Florián en el cargo, a pesar de la controversia jurídica sobre el cumplimiento de la Ley de Cuotas.
La norma exige que el 50% de los ministerios estén ocupados por mujeres, un requisito que no se vio con su designación inicial a pesar de que el ministro se identifica como una persona de género fluido.
En ocasiones anteriores sostuvo que debía ser tratado como “ministra”, aunque las resoluciones oficiales del Gobierno y su registro en las plataformas públicas lo referían en masculino.
Hay que tener en cuenta que una de las bases de la paridad en el Gobierno es la Ley 581 de 2000, conocida como la Ley de Cuotas, que en su momento fijó un mínimo del 30 % de mujeres en los cargos de máximo nivel decisorio dentro de las entidades públicas. Esa norma se amplió en 2024 con la expedición de la Ley 2424, que modificó la ley original y elevó el requisito al 50 % de participación femenina en ministerios, direcciones y demás cargos directivos del poder público.
Para garantizar su aplicación, el Gobierno expidió en 2025 el Decreto 859, que reglamenta cómo se debe cumplir ese porcentaje. El problema es que, por más de que dichos decretos salgan en el Gobierno que más ha impulsado estas decisiones legislativas de paridad, se encuentra el escenario del ministro Florián.
Al momento de su designación, el gabinete de Gustavo Petro dejaba la representación femenina en un 47,37 %, por debajo del umbral legal. Por esa razón, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió de manera provisional su designación, argumentando que el Gobierno estaba incumpliendo lo previsto en la Ley de Cuotas y en su reforma de 2024, las mencionadas anteriormente.
A pesar de que Florián se considera de género fluido, bajo el marco vigente, la paridad legal en el gabinete y otros niveles decisorios se mide por el porcentaje de mujeres. Las normas aplicables (Ley 581 de 2000, Ley 2424 de 2024 y su reglamentación) no contemplan cómo deberían contabilizarse, para efectos de esa cuota, las personas que se identifican como de género fluido o no binario.
La designación de Carina Murcia como nueva ministra de las TIC fue clave para que el Gobierno pudiera volver a ubicar a Juan Carlos Florián en el Ministerio de Igualdad. Con su llegada, la composición del gabinete permitió alcanzar el 50 % exigido y disipar el argumento jurídico que había llevado a suspender el nombramiento de Florián.
En ese contexto, la renuncia presentada fue más un trámite administrativo que una salida definitiva.
La figura de la renuncia funcionó como un mecanismo de transición para esquivar un fallo judicial y garantizar la continuidad del mismo funcionario en el cargo. Aunque el Gobierno logró cumplir formalmente con el requisito de paridad, la secuencia de actos plantea más dudas sobre la coherencia de la política de igualdad que promueve.
El resultado es un cumplimiento formal de la norma, sí; pero también una señal de cómo las decisiones sobre paridad se convierten en un asunto de cálculo político más que en una garantía de representación. Y es que la maniobra revela que la meta del 50 % se interpreta como un umbral a sortear en la distribución de ministerios, más que como un compromiso integral con la participación de las mujeres en el poder.
Ese problema es especialmente significativo tratándose del Ministerio de Igualdad, una cartera creada precisamente para ampliar la inclusión y reducir brechas; aunque lo sucedido expone la paradoja de que la institución encargada de impulsar la equidad se convierta en el escenario de cuestionamientos sobre la manera en que el Gobierno aplica la ley que asegura la representación paritaria.
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