Tras un pormenorizado análisis del material entregado por la Fiscalía General de la Nación y el Grupo de Análisis de la Información, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP diseñar, en un lapso de 30 días, un plan de búsqueda de desaparecidos en dos lotes de La Escombrera y La Arenera.
Los magistrados prohibieron cualquier tipo de intervención en estos dos lotes y ordenaron a la Alcaldía de Medellín acordonarlos y conservarlos para que no sean alterados, “como lo han sido de manera severa y continua otras zonas aledañas a los perímetros delimitados donde este martes (11 de agosto) se ordenó buscar víctimas de desaparición forzada. De acuerdo con la Sección, el ‘Polígono Nuevo’ en La Escombrera ha sufrido pocos cambios naturales o por intervención humana. Esto, según expresan los magistrados en el Auto AI 010 de 2020, facilitará la investigación”, dice el comunicado de la Sección.
¿Por qué?
El interés que hay sobre esta primera área delimitada se debe a la cercanía con un sector de la base paramilitar que operó en este terreno durante varios años. De acuerdo con la JEP, es precisamente en ese tipo de zonas donde solían hacer inhumaciones de las personas desaparecidas, de acuerdo con los patrones observados en el marco de los procesos de Justicia y Paz donde declararon múltiples exmiembros del Bloque Cacique Nutibara. Sin embargo, la Sección manifestó su preocupación por una carretera que atraviesa el polígono y que es transitada por vehículos y maquinaria pesada.
El segundo lote protegido fue identificado como “zona de bajos cambios en la cobertura del suelo”. Se trata de un área que registra un aumento de la cobertura vegetal y que también cuenta con una vía que lo cruza. Se ubica a 44 metros, al suroccidente de la llamada Antigua Laguna, que desapareció en el año 2015 por acción de la explotación minera realizada en la zona denominada La Arenera. “Un hecho lamentable”, advierte la Sección, “a pesar de la existencia de testimonios que enfatizaban su importancia para el territorio”.
Víctimas celebraron
Luz Elena Galeano, integrante de Mujeres Caminando por la Verdad, que agrupa a más de 100 mujeres que buscan a sus hijos y esposos en la Comuna 13, recibió con alegría y optimismo la decisión de la JEP.
“Me parece que es una decisión muy importante para las víctimas de C-13, ya que esos lugares los veníamos denunciando desde tiempo atrás. Es de valorar que la JEP nos haya escuchado cuando el Movice (Movimiento de Víctimas de crímenes de Estado) solicitó medidas cautelares para 16 lugares del país el 30 de agosto del 2018, al igual que a las víctimas en la audiencia publica entre 17 y 18 de julio del 2019, la cual dio pie a que se abrieran investigaciones por el incumplimiento de las instituciones locales en términos de investigación de los procesos y establecer el universo de víctimas para la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos”, dijo Galeano.
Y agregó que con “este auto la JEP da una luz de esperanza a nosotros los familiares para darle continuidad a la búsqueda”.
Desde la Alcaldía
Por su parte, la secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Mónica Alejandra Gómez, manifestó que la Administración Municipal esta dispuesta a trabajar “incansable y articuladamente” para lograr este objetivo y “vamos a dar apoyo económico, técnico y humano a Medicina Legal. Nuestro único fin es coadyuvar para la plena identificación y entrega digna de los cuerpos a sus familias”, sostuvo
Por otro lado, para el reconocimiento y la dignificación de las víctimas de este flagelo, se reforzó el componente 3 del Sistema Municipal de Derechos Humanos y DIH, que incluye el fortalecimiento del Jardín Cementerio Universal, donde se encuentra el Mausoleo Ausencias que se Nombran que alberga a 92 cuerpos de víctimas de desaparición forzada plenamente identificados y entregados a sus familias.
Estrategia que forma parte de la apuesta del Plan de Desarrollo Medellín Futuro, que contempla un aumento del 48 %, con respecto al cuatrienio anterior, en el presupuesto para la promoción, prevención, protección de los Derechos Humanos y la atención y reparación a víctimas durante 2020 y 2023.