No son infundados los insistentes llamados de las autoridades para garantizar la vida y seguridad de los firmantes de la paz en todo el territorio nacional; al menos cuatro espacios de reincorporación han tenido que ser trasladados por amenazas de grupos armados ilegales como pasó hace dos semanas con el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle, Caquetá.
Todos los desmovilizados y sus familias tuvieron que abandonar el lugar por las amenazas del bloque Jorge Briceño, residual del Estado Mayor Central, y la declaratoria del territorio como escenario de combate con el grupo criminal Segunda Marquetalia, otra disidencia de las extintas Farc.
Debido a eso, en las últimas horas la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó la implementación de un plan piloto en ese ETCR con el fin de garantizar la vida, integridad física y seguridad de los y las firmantes de paz que continúan su proceso de reincorporación.
El proyecto deberá incluir la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, así como acciones de contención para atender la emergencia que atraviesan los habitantes de Miravalle.
Además, se reevaluarán los riesgos e implementarán de manera rápida y efectiva las medidas de protección necesarias, estableciendo protocolos de seguridad para acompañar a la población, desarrollando acciones conjuntas con la Misión de Verificación de la ONU y la Fuerza Pública para evaluar la reinstalación del mecanismo tripartito de monitoreo y verificación.
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Esta medida buscan salvaguardar la integridad de quienes dejaron las armas y asegurar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) estará a cargo de la secretaría técnica del plan piloto y deberá convocar a diversas autoridades involucradas, como el Alto Comisionado para la Paz, la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz, el Ministerio de Defensa, la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), la Agencia Nacional de Tierras, la Defensoría del Pueblo, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Gobernación de Caquetá y las alcaldías de San Vicente del Caguán, Doncello y Florencia.
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La JEP ha reiterado en múltiples decisiones judiciales y audiencias de seguimiento que los desplazamientos forzosos de los firmantes de paz en los AETCR afectan gravemente el proceso de reincorporación colectiva, los proyectos productivos y los medios de vida de los excombatientes y sus familiares, así como el tejido social y comunitario.
