Las comunidades aborígenes del Alto, Medio y Bajo Baudó, en el Chocó, han visto recrudecerse las confrontaciones en sus resguardos indígenas y sentido en carne propia, una vez más, que la guerra pareciera anclarse a sus territorios.
La muerte de la niña indígena Luz Helena Cáizamo, de nueve años de edad, en medio de un combate entre el Eln y las Autodefensas Gaitanistas el pasado 16 de julio, la siembra de minas antipersonal en sus resguardos, las violaciones, el reclutamiento de sus niños y el confinamiento impuesto por los grupos armados, han arrinconado a los comuneros y los han hecho salir del territorio.
Un indígena del Alto Baudó, quien pidió reserva de su nombre por seguridad, le contó a EL COLOMBIANO los vejámenes que estas estructuras ilegales cometen contra ellos, y si no lo aceptan, pueden ser asesinados o desplazados.
“De verdad que ya no aguantamos más. Ellos llegan a nuestros resguardos y se quedan días ahí. Obligan a la gente a que les den cosas. Por ejemplo, a veces nos piden que los dejemos usar nuestras pangas (canoas) y esa es la única forma de nosotros movernos. Si no se las prestamos, las dañan. Lo más peligroso es que ellos se meten a nuestro territorio y desde ahí disparan. A veces, hemos amanecido debajo de los tambos”, dice el comunero.
Agrega el aborigen que las comunidades están muriendo de hambre, pues la siembra de las minas antipersonal les impide ir a sus parcelas a coger el plátano, base de su alimentación, y ya no pueden pescar de noche, porque les disparan desde el monte. “El llamado es a que nos ayuden porque ya no aguantamos esta situación”, asevera el indígena.
Voces de rechazo
La Mesa Indígena del Chocó rechazó la muerte de la niña Luz Helena y solicitó mediante un comunicado al Gobierno nacional adoptar estrategias contundentes y reales para la protección de la vida en los resguardos del Chocó.
También solicitaron a los armados “que dejen por fuera de su accionar a la población civil, en especial a nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, que respeten nuestro territorio y el derecho a la vida de nuestras comunidades acatando el Derecho Internacional Humanitario en medio del conflicto armado”.
La confrontación ha alcanzado niveles tan altos que el gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderon, y el alcalde del Alto Baudó, Ulises Palacios, realizaron un consejo de seguridad en el que decidieron brindar ayudas humanitarias para las comunidades indígenas desplazadas, pero también solicitar a la Fuerza Pública, acciones permanentes en esa zona, convertida en un corredor estratégico para movilizar droga desde el Pacífico chocoano hasta Centro y Norteamérica.
En respuesta a esta solicitud, el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército indicó que atendiendo el llamado de las comunidades “sobre la presencia de grupos armados organizados en zona rural de Alto Baudó, Chocó; tropas de la jurisdicción bajo su mando y aeronaves de la Fuerza Aérea realizaron operativos en la zona con el objetivo de proteger a la población”.
No es la única zona
Pero si en el Alto Baudó la situación está complicada, en el Medio y Bajo Baudó el asunto no es diferente.
El líder social del Chocó, Luis Ernesto Olave, afirmó que recibió la denuncia de que 14 comunidades del resguardo Río Purricha están confinadas por la guerra entre Eln y Agc. “Me notificaron que la comunidad de Pimporrodó y Oficina están minadas. Por el miedo no quieren denunciar ni comunicar lo que está pasando”, por este motivo hizo un llamado a las autoridades para que brinden solución a la noche negra que estan pasando las comunidades indígenas en el Chocó.
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