“El Tapón del Darién: la selva donde confluyen las deficientes políticas migratorias de las Américas”, será el informe que el presidente Gustavo Petro recibirá este miércoles de manos de Tirana Hassan, directora ejecutiva de Human Rights Watch (HRW) en el que la organización recopila un juicioso estudio sobre la crítica situación que se vive en esa zona de frontera entre Colombia y Panamá y la cual, en los últimos años, se convirtió en una de las rutas más utilizadas por los migrantes para llegar a Estados Unidos.
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Y es que la inhóspita selva ya no es ahora el único riesgo que deben afrontar quienes se atreven a cruzar la selva del Darién, sino un sinnúmero de vulneraciones a las que son sometidos por las bandas criminales -incluyendo violencia sexual-, que se han convertido en “dueños” de esa ruta.
Se trata, concretamente, del Clan del Golfo, y su fortalecimiento en el control de la ruta, tema que aborda el informe que se le entregará al mandatario colombiano, dado que esa organización criminal es la que regula las rutas para el tránsito de los migrantes, extorsiona a los comerciantes y, de hecho han establecido “normas de conducta” en el territorio.
Pero además, el informe de HRW expone una exorbitante cifra que se podría estar ganando el Clan del Golfo por el tráfico de migrantes en el Darién. “Si la estimación es exacta, este grupo armado puede haber ganado un total de 65 millones de dólares en 2023 por cuenta del control de esta ruta migratoria”, señala el documento lo que, a juicio de la organización, deja en evidencia el “esfuerzo mínimo” que Colombia está haciendo para contener el accionar de esa organización.
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Sin datos claros del flujo migratorio
Si bien, cada tanto organizaciones entregan consolidados del número de migrantes que atraviesan el Darién –el último año y medio lo hicieron 700.00 mil– la organización llama la atención a Colombia porque no cuenta con datos claros del número de migrantes que hacen presencia en Necoclí, en el Urabá antioqueño, y que luego cruzan la selva, lo que dificulta la asistencia a esa población en tránsito.
“Las alcaldías locales carecen de capacidad suficiente, incluyendo experticia, personal y recursos, para gestionar el alto número de migrantes que atraviesan la zona”, dijo HRW.
A diferencia de Colombia, el gobierno de Panamá sí hace un registro de cuántos migrantes llegan tras cruzar el Darién, por lo que le ha manifestado al país hacer lo mismo en Necoclí, para así tener certeza de cuántas hacen tránsito y cuántas reciben.
Panamá, bajo el nuevo gobierno de José Raúl Molino, planea endurecer las condiciones de ingreso a la nación centroamericana y de hecho, ha anunciado deportaciones para contrarestar la crisis. Pero además, recientemente, una de sus primeras medidas fue cercar con alambres varios puntos de la frontera para evitar el ingreso de los migrantes.
Tras la entrega del informe, a puerta cerrada en la Casa de Nariño, se espera un pronunciamiento del presidente Petro sobre una situación que, de no tomarse más en serio, generará una crisis humanitaria de mayor impacto a lo que ya ha ocurrido en varias oportunidades en Necoclí.
