Los hospitales del país están viendo a la baja sus recursos. Por ejemplo, la red hospitalaria del departamento de Córdoba, en enero pasado, tuvo ingresos por $2.144 millones por los servicios de salud que prestó, pero en mayo, en pandemia, la cifra fue solo de $554 millones.
Lo mismo sucedió en Bogotá, que tuvo un promedio mensual en 2019 de $20.146 millones y en abril pasado los recursos llegaron a $17.988 millones. El reporte es de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), que agrupa 450 entidades hospitalarias, y muestra un panorama oscuro para la red, a la que el Gobierno y las EPS les deben $9 billones.
Desde los gerentes
Juan Restrepo, gerente del hospital San Jorge de Risaralda, menciona que esta realidad la están viviendo todas las instituciones del país y cita que, en su caso, los ingresos pasaron de $11.104 millones en enero a $5.089 millones en mayo pasado, lo que permite dimensionar la reducción en el flujo de caja, pues al tener menos ingresos, las dificultades para pagar salarios e insumos van al alza. ¿Por qué? La razón es sencilla, de acuerdo con los consultados, al tener la instrucción del Ministerio de Salud, de tener una disponibilidad del 50 % para atención de coronavirus, sus ingresos por otras prestaciones de servicios de salud se redujeron, pues no operan a la misma capacidad de antes.
Por eso no es una coincidencia que el martes pasado la IPS Universitaria de Antioquia diera a conocer que esta situación la tiene al borde de un cese de operaciones de sus profesionales, pues sus 3.300 empleados “no han podido recibir su salario”. Aquí vale aclarar que las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) van desde consultorios, hasta hospitales, laboratorios clínicos y servicios odontológicos.
César Augusto Jaramillo, gerente del hospital público de San José del Guaviare, reseña que las instituciones han tenido, en promedio, una reducción del 40 % en los ingresos. “Nuestros costos se han incrementado, porque los hospitales también tenemos que comprar los elementos de protección de nuestros profesionales para atender a los pacientes covid”, dice Jaramillo.
Su mensaje es respaldado por Olga Lucía Zuluaga, presidenta de Acesi, quien para no echarle más sal a la herida, dice que no hace comentarios adicionales: “Las cifras dicen más de lo que puedo decir”, citando lo que pasa en Córdoba, por ejemplo, y reconociendo que el riesgo de que los profesionales de la salud paren o renuncien es una realidad.
¿Y entonces?
El problema, para Andrés Aguirre, gerente del Hospital Pablo Tobón Uribe, resulta estructural, pues cuando el Minsalud dio la instrucción de tener una disponibilidad del 50 % de las capacidades para atender la covid-19, se sabía que los ingresos iban a ser menores y, por ende, la insostenibilidad financiera era un riesgo.
Los consultados mencionan que en otros países los hospitales han soportado la crisis con “apoyos gubernamentales”, por lo que llaman la atención del Gobierno para que destine recursos exclusivos al sostenimiento de la red hospitalaria.
Ante esto, vale recordar que en marzo el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, anunció que asignarían $2,1 billones para hospitales, esa meta de recursos aún no llega. Hasta el momento se han desembolsado $670 mil millones; $400 mil millones para compra de cartera y $270 mil millones para las nóminas.
Al respecto, expresa Aguirre, “el problema de la disponibilidad de camas covid no es de un mes, porque el Gobierno está hablando de que el pico llegará en agosto, entonces dejamos disponibilidad de camas desde marzo, abril, mayo y seguramente será igual en junio y julio”.
Finalmente, en un oficio enviado por Acesi al Minsalud, le solicita que “sean revisados los recursos asignados a los prestadores de servicios de salud para el pago de nómina, los cuales, no cubrieron el 100 % de los prestadores”.
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