Una cuenta de Twitter cerrada, decisiones sobre cuarentenas publicadas en redes antes de tener resoluciones oficiales, celebraciones de capturas judiciales de cabecillas que no han sido confirmadas y alusiones a vírgenes y santos son algunos de los comportamientos que se ven en las redes de los mandatarios locales, nacionales e internacionales.
Ahí empiezan los debates, porque más allá de la libertad que tienen para opinar en sus cuentas está la responsabilidad, que les asiste como gobernantes, en los comportamientos que deben tener en redes sociales y sobre qué uso darles a estos espacios, oficiales o personales, según el caso.
Esto dado el impacto que pueden tener en sus seguidores, opositores y en las sociedades que, inevitablemente, tomarán los mensajes como verdad así carezcan de verificación, contraste o precisión.
Un ejemplo es el que ocurrió con el presidente de Estados Unidos Donald Trump, a quien Facebook y Twitter le cancelaron las cuentas personales por considerar que sus mensajes incitaban a la violencia, pues este comportamiento del mandatario está en contra del acuerdo que él, como ciudadano, suscribió al aceptar términos y condiciones de uso de esta red. En su caso, su responsabilidad es mayor.
¿Por qué? “Cualquier ligereza de un mandatario desorienta a la ciudadanía, genera reacciones y alienta a tomar acciones y a manifestarse de forma positiva o negativa”, explicó Nicolás Congote, estratega digital.
En muchos casos esto deslegitima la institucionalidad y el mismo ejercicio de la política, “pues esta forma de usar la herramienta se aleja de la rigurosidad que requiere lo público”, agregó Néstor Restrepo, coordinador de Maestría de Comunicación Política de Eafit.
¿Oficiales o personales?
Cuando una persona asume un cargo público y tiene una cuenta personal tiene el derecho de conservarla y no necesariamente se convierte en la de la institución que representa, explicó Diego Santos, consultor digital.
El caso de Estados Unidos ilustra esta situación, pues allá separan en Twitter la cuenta personal de la oficial del mandatario e, incluso, de la institución. Así, tienen una llamada @POTUS que es la del presidente de turno, en la que se comparte información oficial, al igual que en la de @WhiteHouse, que es la de la institución. Aparte, Donald Trump tenía la suya, @realDonaldTrump, que fue la que cancelaron.
El caso de Colombia es diferente. La cuenta @infopresidencia es la institucional y la cuenta personal, que ya tenía Ivan Duque antes de ser elegido, ahora también se usa como canal oficial para compartir información relacionada con su gestión y se coordina con un equipo que maneja la estrategia de comunicación del presidente. Los límites entre lo personal y lo institucional se desdibujan, por lo tanto. “Y ahí está el vacío legal de no saber a quién pertenece o cuáles son los términos legales”, explicó Andrés Segura, consultor en Comunicación Estratégica y Asuntos Públicos.
Esta falta de claridad no exime a los mandatarios de las consecuencias que los mensajes que comparten puedan tener en el actuar ciudadano, “se trata de todas formas e independiente de la plataforma de una personalidad con capacidad de influencia enorme. Debe haber prudencia”, agregó.
Por otra parte, Congote explica que los gobenantes tienen el respaldo que da su rol, así que se cuando se manifiestan “en medios o canales sociales, los ciudadanos confían y reconocen la información como verificada”, no obstante esta, si esta es institucional y no personal, debería compartirse a través de las cuentas institucionales, como las de Gobernación o Presidencia, por ejemplo.
Es ahí donde está el problema: los líderes políticos han confundido la herramienta al mezclar lo público con lo privado. “Ellos dejan de ser individuos en el momento en que se invisten como gobernantes, por lo tanto, el medio para comunicar e informar las decisiones es el canal público. Se les olvidó hacer rueda de prensa, una promulgación pública, redactar cartas o documentos oficiales. Ahora todos gobiernan por Twitter”, puntualizó Restrepo.
Aún así, ellos no pierden el derecho a tener opiniones y compartirlas, pero para eso el ideal sería que fueran usadas las cuentas personales, sin transferir a ellas lo oficial.
“En esas cuentas pueden compartir sobre sus vidas, pero deben ser responsables, pues toda posición que asuman frente a cualquier tema, la gente lo asumirá como la postura del gobierno”, dijo Congote.
Así que, al final, en cuanto a comportamiento, no debería importar ni la cuenta ni la plataforma, puede ser Twitter o televisión, lo relevante es entender que los mandatarios, al tener responsabilidad pública, deben seguir principios éticos y responsables ejemplares para la sociedad que lideran.
De hecho, el consultor político Juan Abel Gutiérrez considera que, “cuando uno accede a un cargo de elección popular, no hay distinción de red personal u oficial. Es un sacrificio personal que deben hacer”.
¿Hay un manual de uso?
Congote explicó que teniendo en cuenta que las personas confían en los mensajes de sus dirigentes, estos, junto con su equipo, deben asegurarse de que lo que transmiten está validado y fue verificado.
Restrepo agregó que “el error está en creer que las redes, como son tan personales, les permiten decir lo que piensan y tomar decisiones rápidas. Se meten en una carrera de likes e inmediatez, de ganarse la chiva, que es una competencia que no les corresponde”.
Agregó que los consultores y asesores de cada gobierno deben entender que “es más difícil y genera más crisis corregir las metidas de pata de los gobernantes que fueron ligeros, que decir las cosas con mesura, verificando fuentes”.
En conclusión es importante separar lo individual de lo colectivo teniendo en cuenta que los gobiernos son de instituciones y no de personas, y que se gobierna para todos.
La estrategia de las cuentas
Los dominios de las cuentan generan discusión y cuentan con poca claridad legal. Así que, al final, se define de acuerdo con los recursos públicos que son usados para crearlas, con la necesidad de cada mandatario y con la estrategia política que los guía.
El consultor Segura explicó que, desde el punto de vista de los estrategas políticos, no es usual tener la cuenta privada y la institucional de un mandatario porque “si lo miras desde el lado de quien quiere posicionar la idea, no sirve dividir el mensaje en dos, sobre todo cuando cuentas como las de Duque, Claudia López o Daniel Quintero ya tienen buena cantidad de seguidores”. Es decir, perdería fuerza el mensaje.
También hay razones económicas: posicionarse en redes cuesta, requier trabajo y un equipo que se encargue del discurso y la personalidad de cada cuenta.
Entonces surge una pregunta: ¿los gobiernos están centrados en las figuras o en la institución?. Con Daniel Quintero o Claudia López, por ejemplo, funciona más su posicionamiento como individuos, mientras que en el caso de Barranquilla se habla de un equipo “porque la estrategia es que el combo mantenga el poder”, agregó Segura.
No hay una estrategia mejor que otra, dependerá del mandatario, de su carrera y de su equipo. La dificultad termina siendo que si decisiones, decretos y resoluciones se comparten en esas cuentas “personales”, se pierde la capacidad de generar archivos históricos con declaraciones públicas y se difumina la línea legal que los debe regir.
Peligros y consecuencias
Todo lo que los mandatarios compartan puede confundir y alterar el ánimo de la ciudadanía. El mensaje rápidamente se amplifica y si este no está verificado o resulta falso o impreciso, se debe corregir. La dificultad está en que la segunda versión no tendrá el mismo impacto y se debe apoyar en otras plataformas, como radio o televisión.
Esta situación es común y ha generado pérdida de confianza en el gobierno, una personificación política, que hace creer a la sociedad que lo representa un político y no una institución
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