Gustavo Petro no cambia. O al menos en su esencia y de ahí que, en estos 35 días que este domingo completa como Presidente, se mantenga un halo de hermetismo sobre cómo construye su agenda y quiénes son las personas que realmente le hablan al oído para tomar decisiones que tienen tanto de pragmáticas como de polémicas. Incluso, algunas de ellas tensionan tanto su relación con una parte del sector productivo que no son pocos los que están en alerta por el impacto que puedan tener.
En tan solo 48 horas dejó sobre la mesa dos de esas medidas que para muchos tienen más de improvisación que de técnico, pero que para quienes lo rodean, y por supuesto para el mismo Jefe de Estado, son necesarias para atender parte de la eterna coyuntura que caracteriza a Colombia.
Primero, desde Santa Lucía (Atlántico) –zona que colinda con la región de La Mojana que está en riesgo por la fuerte ola invernal que se cierne sobre el país y que tiene en pausa las obras de contención del Canal del Dique–, Petro sorprendió el jueves cuando dijo que es momento de pensar en una “emergencia económica”.
Y sustentó su idea en la necesidad de apropiar desde ya recursos que permitan mitigar los daños que se generen por la temporada de lluvias y que, de acuerdo con su tesis, implica el desplazamiento de cientos de personas. De hecho, tiene al Ministerio de Ambiente y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) trabajando en un mapa de riesgo para identificar las zonas más críticas (la lupa está en Atlántico y Cundinamarca) y, de paso, que sirva de guía para reubicar a más de 100.000 personas que, según cálculos preliminares, podrían ser las primeras en ver inundadas sus tierras.
“Claro que lo he pensado ¿No es el momento acaso de una emergencia? Los congresistas podrán opinar, igual que los medios de comunicación a nivel nacional y la sociedad toda, pero si vamos a vivir un episodio peor que 2010, en términos de clima, necesariamente el país tiene que entrar en una emergencia económica”, fueron las palabras textuales de Petro.
La medida se ha analizado ya en al menos dos de los cinco consejos de ministros que se han realizado en este mes en la Casa de Nariño y tienen al equipo jurídico de Gobierno escarbando todo lo necesario para pasar el examen constitucional que estas emergencias requieren después de decretarlas. Los expresidentes Juan Manuel Santos (8 de diciembre de 2010) e Iván Duque (marzo de 2020) acudieron a la misma figura, pero en ambos casos –a diferencia de Petro– no fue en los primeros días de sus mandatos.
Y la otra medida, que no es menos controvertida aunque tiene similitudes con procesos similares que se están dando en Europa –y que tiene con los pelos de punta al sector energético–, es la de facultar a su ministra de Minas, Irene Vélez, para que intervenga la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y, por esa vía, incidir en los precios del mercado que –por varias razones– están en un alza constante.
La medida, que también se analizó en el último consejo de ministros para saber cómo aplicarla sin generar un choque con un sector económico clave, está sustentada en el plan de desarrollo (aún vigente) del expresidente Duque. Y, con base en el artículo 290 de ese documento, Petro quiere tomar el control de esa instancia. “Nadie sabe para quién trabaja”, dijo un funcionario de Palacio en tono jocoso.
“Tenemos un artículo de una ley hecha por Duque, en su plan de desarrollo, que nos permite asumir las funciones de la Creg. Ese artículo lo vamos a usar. Queremos, primero, un espacio de diálogo, pero Duque nos habilitó, al igual que el Congreso de la República, para asumir esas funciones”, señaló Petro en Cartagena durante la clausura del congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco).
¿Cómo se llegó a esa idea?
Desde hace varios días el Jefe de Estado viene manifestando su preocupación por el aumento de las tarifas de energía, que a su vez impactan en el costo de vida. Según el Dane, la inflación anual de los servicios de electricidad, para agosto, fue de 25,9%. Y, en ese contexto, habitantes de la Costa amenazan con marchas si firmas como Afinia (ligada a EPM) no toman medidas para frenar las alzas, situación que también se vive en Cundinamarca, donde hay una protesta que impide el ingreso de trabajadores a la hidroeléctrica del Guavio (municipio de Ubalá); la situación puede impactar sobre 2 millones de usuarios.
Petro defiende su decisión recordando que la Unión Europea va a hacer lo mismo para frenar el alza del gas, producto escaso por la invasión de Rusia a Ucrania y tiene en alerta a todo el continente por la inminencia del invierno. Pero sus críticos lo fustigan con fuerza porque equiparan la decisión con un acto dictatorial.
“Defenderemos la Creg, es el Banco de la República de la energía eléctrica y el gas, que evitó apagones por 30 años. Son técnicos que sí conocen a fondo el sector”, increpó el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry. Y el exalcalde Enrique Peñalosa respaldó esa tesis: “Ahora la desmontan (a la Creg), generando gravísimos riesgos para la seguridad energética y el desarrollo nacional”.
Pero la decisión está tomada, pese a que los críticos del Gobierno advirtieron que eso implica saltarse y debilitar la institucionalidad con un afán que podría derivar en la estatización de mercados, un viejo sueño de la izquierda. La ministra Vélez –la misma que levantó polvareda por su intención de comprar gas venezolano y su invitación a países vecinos a “decrecer en sus economías”– se limitó a decir en torno a esta controversia que “estamos decididos a lograr una rebaja en la tarifa de energía eléctrica. Tenemos un amplio marco legal (...); la regulación será modificada en beneficio de los usuarios”.
Esta medida, en todo caso, tiene un trasfondo político e, incluso, podría replicarse. En efecto, Duque nombró a última hora en la Creg a los comisionados Andrés Barreto, Natasha Avendaño y Sara Vélez, todos de su cuerda y con una intención de controlar las decisiones que pudiese tomar el ahora Presidente. Esto, según fuentes de la Casa de Nariño, fue visto como un gesto hostil que se iba a atacar de alguna forma, y solo se estaba a la espera de la oportunidad. Esta semana llegó y se ejecutó.
EL COLOMBIANO supo que Petro, junto a su equipo jurídico y económico, analiza si toma decisiones similares sobre la junta de Ecopetrol, donde Duque también dejó alfiles suyos nombrados en último momento, como el actual presidente de la junta, Luigi Echeverri. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, está en diálogos directos y privados con la petrolera estatal para modificar integrantes y estatutos, y el propio Presidente ya habló del tema con el actual director ejecutivo, Felipe Bayona.
La idea es que el diálogo permita que la propuesta aterrice en una asamblea extraordinaria de accionistas, que aún está pendiente de que se le defina fecha. Pero si esto no prospera, el Gobierno analiza otras vías, entre las que no se descarta seguir procesos similares a los que se adoptaron en la Creg.
Pero nada de esto es gratuito. Petro le pone su ojo a todo. Se sabe que no usa Whatsapp y que se comunica por Line y otras redes para garantizar la seguridad de sus comunicaciones, que aún vive en su casa de Chía –convertida en una especie de centro de mando aunque intenta ir a diario a Palacio– y que directamente instruyó a su equipo para unificar la vocería del Gobierno y evitar los líos armados por varios de sus ministros. De hecho, todas las noches revisa sus agendas para asegurarse de que avanzan según sus directrices. Y su círculo íntimo, incluyendo a la primera Dama, Verónica Alcocer, sigue siendo reducido: aún están Eduardo Noriega, Daniel Rojas y amigos personales, hoy funcionarios, como Manuel Casanova. Todos articulados con la línea de su secretaria Privada, Laura Sarabia.
Petro se sabe controversial
Pero si bien ya son tres las decisiones de corte económico que tienen al país en vilo por los efectos que puedan tener, aunque desde el Pacto Histórico y desde el Ejecutivo las defienden bajo la premisa de ser poder y estar respaldados por más de 11,2 millones de personas que votaron por el modelo de país que se propuso en campaña, no son las únicas que en este primer mes de mandato han desatado todo tipo de controversias. Y aplausos, porque también hay un sector que ve con buenos ojos lo que se está haciendo, como lo reflejó el 56% de colombianos que, según la encuesta Invamer, aprueba su gestión.
En efecto, apenas Petro designó a Iván Velásquez como Ministro de Defensa le dio la instrucción de depurar la cúpula. La orden, que se ejecutó con un costo colateral que aún resuena en las tropas, fue sacar del generalato a quienes tuvieran expedientes abiertos por violaciones a los derechos humanos.
Eso, que suena loable para tener oficiales sin tacha, impactó sobre uniformados con más de 20 años de experiencia en todas las fuerzas y que, por línea de mando, también tuvieron que colgar el camuflado para darles paso a quienes Petro y su Ministro querían en la cúpula. Salieron más de 50 generales, todos con experiencia, y quedó una línea de mando que tiene su experticia en construcción.
Pero el Jefe de Estado lo quería así para poder moldear y potenciar su modelo de “paz total”, que –como lo ha venido contando este diario– tiene varios frentes: retomar los diálogos con el ELN; un andamiaje de acogimiento para narcobandas como Clan del Golfo, La Oficina y las disidencias; un sacudón al acuerdo de extradición con Estados Unidos para dejar en Colombia a los capos que negocien con el Estado; y el reenfoque de la lucha contra las drogas por considerarla una política fracasada. Estados Unidos, valga decirlo, está abierto al debate que todo esto implica.
Vienen más batallas
En el campo de política exterior el tema tampoco ha sido fácil. Primero, Petro instruyó a su canciller, Álvaro Leyva, a que intentara jugar un papel humanitario con la dictadura de Daniel Ortega para liberar a al menos 13 presos políticos, incluyendo excandidatos presidenciales, para lo cual Colombia se abstuvo de firmar una resolución de condena contra Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA).
Pero esto fracasó, Managua ignoró la intención de Bogotá y aprovechó para recordarle que cumpla el fallo de La Haya que le quitó derechos soberanos sobre una parte del mar Atlántico. Por eso, Leyva salió este viernes a decir que sí se condena a Ortega y que, junto a otros 53 países, se firmará una resolución en Ginebra encaminada al rechazo al dictador centroamericano. La duda es que el nicaragüense, en forma de contraataque, está pensando en retirarle al embajador León Fredy Muñoz el beneplácito que le dio el pasado 11 de agosto.
Y, por otro lado, se restableció del todo la relación binacional con Venezuela, al punto que el 26 de septiembre se reabre la frontera binacional, se retoman los vuelos directos entre ambos países y hasta se retirará la demanda que Duque puso contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional (CPI). Bogotá (Armando Benedetti) y Caracas (Félix Plasencia) ya tienen embajadores en firme y las sedes diplomáticas se están reconstruyendo. La gran duda sigue siendo que va a pasar con las narcobandas colombianas que se esconden en el país vecino y la atención que requieren los más de 4 millones de connacionales que están desatendidos al otro lado de la frontera. Petro y Maduro, ¿nuevos mejores amigos? Parece que sí.
En todo caso, la primera gran prueba de qué tan preparados están Petro y su equipo para la diplomacia es la asamblea de Naciones Unidas de mediados de septiembre, en la que el colombiano ya tiene un cupo importante, pues será el quinto presidente en hablar el mismo día de la instalación, algo que no le habían concedido a otros exmandatarios. Eso sí, allá –al igual que el país– le corresponde traer resultados concretos más que discursivos.
Y así como abrió las puertas de la Casa de Nariño para mostrar cercanía, exhibió la espada de Bolívar y la paloma de la paz de Fernando Botero, pero al tiempo pasó de 40 grandes reformas a solo presentar una -la tributaria que también lo tiene librando duras polémicas- y de hablar de “democratización de la tierra” a lidiar con focos de invasiones ilegales de indígenas y campesinos a tierras en 8 departamentos, a Petro le corresponde terminar de hilvanar el futuro de su mandato.
Quienes están a su lado dicen que lo tiene delineado y previsto, pero sus críticos resaltan que el país lleva 30 días en titulares de prensa y poca gestión, pese a que los gobiernos suelen comenzar a ser evaluados a los 100 días. Aún hay tiempo de dar mayores claridades y de nombrar cargos claves como el Icbf o el Inpec, que aún están acéfalos. Y definir el papel que tendrá su vicepresidenta, Francia Márquez, quien aún aparece relegada y sin visos de poder sacar adelante su Ministerio de Igualdad, desde el cual quiere el control del sector social. El mandato está comenzando, pero la expectativa que generó su elección (19 de junio) y posesión (7 de agosto) debe ser acogida con resultados.
11,2
millones de votos obtuvo Petro en la segunda vuelta de las presidenciales.
