En Colombia están resguardados algunos de los opositores políticos que Nicolás Maduro lleva años persiguiendo, pero que se salvaron de terminar en uno de los centros de tortura del régimen por la protección del Estado colombiano.
El oficialismo de Venezuela quiere sacar provecho del restablecimiento de relaciones con el gobierno de Gustavo Petro para conseguir la extradición de esas personas, una ambición a la que la Casa de Nariño ya le puso freno.
En palabras del mandatario, “Colombia garantiza el derecho de asilo y el refugio”. Esos estatus están enmarcados en tratados internacionales y ganaron valor en medio del exilio de los opositores desde Venezuela a otros países de la región.
De ahí que el Estado haya brindado figuras de protección a una treintena de militares venezolanos, decenas de políticos y familiares de presos políticos cuya vida corría peligro por la persecución del régimen.
Esa lista la encabeza Julio Borges, uno de los líderes de la oposición desde el partido Primero Justicia y representante del “gobierno interino” para asuntos internacionales, como el fracturado Grupo de Lima que buscaba cercar al régimen.
Otro es el fiscal Zair Mundaray quien llegó a Colombia en agosto de 2017 cuando Maduro ordenó el allanamiento a la sede del Ministerio Público.
Los diputados Gaby Arellano y Carlos Paparoni también encontraron protección en el país, así como Enrique Sánchez Falcón, el procurador del “gobierno interino”.
En el listado entran diplomáticos opositores como el exembajador y ahora representante de la Asamblea Nacional opositora, Eduardo Battistini, y el embajador Alejandro Martínez.
Es más, en el país se resguardó la familia del capitán Rafael Acosta Arévalo, el militar que murió bajo custodia de las autoridades oficialistas tras evidentes signos de tortura.
“El restablecimiento de relaciones abre canales de cooperación judicial, lo que implica un peligro para todos los que estamos en Colombia, pero la respuesta de Petro envía un claro mensaje al régimen de que Colombia no va a tomar esa senda”, detalló el fiscal Zair Mundaray.
Otro número indeterminado de empresarios y políticos venezolanos viven en el país gracias a visas de carácter político que entregaron los exmandatarios Juan Manuel Santos e Iván Duque, documentos que deben renovarse cada año y de los que también depende el estatus de protección.
Los expertos son claros en que el Estado colombiano tiene la obligación de proteger a estas personas y garantizarles sus derechos mínimos, así lo detalla el investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronal Rodríguez.
“Sin embargo, esa obligación es finita y no alcanza, como lo requiere en algunos casos, a tener un esquema de protección. En esa materia, incluso, Colombia tiene dificultades con los propios líderes sociales”, apunta Rodríguez.
Si bien el Estatuto de Protección temporal da cuenta de que en el país residen 2,4 millones de venezolanos, hay al menos 1.300 ciudadanos de ese país que están en el territorio nacional bajo el estatus de refugiados, una categoría que se le da a las personas que requieren protección especial por diversas causas.
Y es que en Colombia no existe propiamente la figura de asilo, sino que los perseguidos políticos se han acogido a ese estatus que hoy cobija al menos a 1.300 personas. Empero, son miles más los que necesitan esa figura porque el Estado ha recibido 42.000 solicitudes de reconocimiento de refugio.
