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La Cuarentena para evitar la expansión del coronavirus no ha sido de control exclusivo del Estado en varias regiones del país. Así lo afirma la Ong Human Rights Watch, HRW, en un estudio en el que indica que en 11 departamentos los grupos armados ilegales son los que imponen un “brutal control social” en el que hay amenazas y homicidios.
Para esta HRW, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo son los departamentos en los que hay evidencias sobre las acciones ejercidas por los ilegales.
“En al menos cinco de estos departamentos, los grupos utilizaron la violencia para imponer el cumplimiento de sus normas, y en al menos otros cuatro amenazaron con recurrir a la violencia. Hay castigos brutales y draconianos que imponen los ilegales para impedir la propagación del virus”, añadió José Miguel Vivanco, director de HRW en América Latina.
A parte de los 20 panfletos que examinó HRW, en los que los grupos armados ilegales imponen sus propios controles respecto a la cuarentena por la covid-19, también advirtió del asesinato de nueve personas quienes, al parecer, no habrían cumplido con dichas normas.
Seis de esos homicidios ocurrieron en el departamento de Cauca. “Según información creíble brindada por fiscales, funcionarios de derechos humanos y actores humanitarios, los grupos asesinaron a los civiles para imponer el cumplimiento de medidas contra covid-19”, afirma HRW en el informe.
Tres de esas víctimas fueron identificadas como Armando Montaño, Weimar Arará y Humberto Solís. Según la ONG, fueron asesinadas por la columna móvil Jaime Martínez de las disidencias de las Farc en un ataque perpetrado en el parque del corregimiento de Honduras, municipio de Buenos Aires, Cauca. En ese hecho resultaron heridas otras cuatro personas.
En Nariño ocurrieron las otras muertes violentas y, en su investigación, Human Rights Watch detalla el ocurrido en la vía Tumaco-Barbacoas el pasado 4 de abril cuando integrantes del grupo armado Los Contadores, dispararon de manera indiscriminada contra un vehículo de la misión médica en el que iban cuatro personas, entre ellas una mujer enferma y un paramédico.
Frente a estas denuncias que se han presentado desde el inicio de la cuarentena, el ministerio de Defensa ha expresado que hay en las regiones las autoridades adelantan operativos para proteger a la población civil de los abusos de grupos ilegales. .
Periodista. Magíster en Comunicación de la Defensa y los Conflictos Armados de la Universidad Complutense de Madrid