El desplazamiento forzado en Colombia todavía no es cuestión del pasado y, al contrario, es un fenómeno que viene en aumento.
Desde 2016, de acuerdo con la Defensoría, las cifras de personas que tuvieron que abandonar sus viviendas por la violencia no han parado de crecer y 2018 cerró con 27.780 casos, número incluso superior al de años como 2012 y 2013 cuando aún existía la guerrilla de las Farc.
Infortunadamente el 2019 empezó con una tendencia similar porque, en lo que va corrido del año, según datos de la Defensoría, ya ocurrieron nueve eventos de éxodos masivos que han afectado a más de 4 mil personas, además de otros 3 casos de confinamiento que comprometen a otras 1400 (ver infografía).
“En enero del año pasado se contaron cuatro eventos de desplazamiento masivo, sin embargo este 2019, en ese mismo mes contabilizamos cinco. Lo que pasa es que en 2018 en la región de Catatumbo, tras los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, se registró gran cantidad de personas afectadas por este fenómeno”, explicó Ingrid Rusinque Osorio, Defensora Delegada para los derechos de la Población Desplazada.
A parte del ministerio público, el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, expresó su preocupación por esta situación y afirmó en su más reciente informe “Retos Humanitarios 2019”, que “hubo un claro deterioro de la situación en la costa Pacífica y en amplias zonas del oriente y sur del país donde proliferan los constantes abusos hacia la población civil por parte de los actores armados”.
Sobre los presuntos responsables de estas emergencias sociales, la Defensoría del Pueblo ha identificado que en la mayoría de eventos, grupos armados ilegales como el Eln, Clan del Golfo, Caparrapos y disidencias de Farc serían los causantes de los éxodos, sin embargo, afirma que en varios casos, específicamente en los ocurridos en Norte de Santander, la Fuerza Pública ha estado comprometida en su combate a esas estructuras.
“En Antioquia, Nariño y Sur de Córdoba, los enfrentamientos entre grupos ilegales ha sido el detonante, en Norte de Santander ha sido por choques entre el Ejército y el Eln. Mientras que en Santa Marta fue por presión de una banda delincuencial”, agregaron desde la Defensoría.