El Gobierno nacional sostuvo una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante la mañana de este martes. Se trató del primer encuentro oficial entre ese organismo internacional y miembros de la Presidencia de Colombia.
En dicha reunión, donde se trataron temas relacionados con las violaciones a los derechos humanos durante las protestas que completan más de un mes en el país, estuvieron presentes el presidente Iván Duque, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez; el embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez; y la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez.
Por parte de la Comisión Interamericana se presentaron Antonia Urrejola, presidenta del organismo, y los secretarios ejecutivos de la CIDH, Camina Koch, Maximiliano Duarte y María Claudia Pulido.
Según describió Marta Lucia Ramírez, el presidente Duque tuvo una sesión reservada con la presidenta de la CIDH y el equipo que la acompaña. Ese encuentro tuvo como objetivo “darles la bienvenida y reiterarles la disposición del Gobierno colombiano para brindar toda la información necesaria para que ellos cumplan con su tarea de venir a Colombia y recabar toda la información que consideren necesaria”, aseguró la vicepresidenta y canciller Ramírez.
En las declaraciones entregadas después de la reunión, la vicepresidenta también habló del “deber del Estado de garantizar el derecho a la manifestación y a la protesta pacífica”; sin embargo, enfatizó en que “también se le ha explicado a la Comisión que el Estado colombiano está en todo su derecho de proteger a la ciudadanía, la democracia, los bienes públicos y los bienes privados”.
Así mismo, el Gobierno afirmó que “no pueden quedar impunes los delitos cometidos por vándalos”, pues, según esas declaraciones, han sido “personas que salieron a la protesta no de manera pacífica, si no armados y con la intención de destruir”. Las cifras oficiales entregadas tras la reunión aseguran que se han incautado 40.000 armas durante las manifestaciones por parte de la Fuerza Pública.
Sobre los abusos policiales, Ramírez dijo que “tampoco se puede dejar en la impunidad cualquier miembro de la Fuerza Pública que haya cometido algún abuso de poder o alguna violación a los derechos humanos”. Y, en ese sentido, argumentó que en Colombia se han presentado 12.478 manifestaciones, de las cuales se han intervenido 1.413 por del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad).
“Esa es una muestra de que no tenemos una Policía que persigue a los manifestantes, si no que solo intervienen cuando hay violencia”, afirmó la funcionaria.
Para finalizar, la vicepresidenta y canciller detalló que el 25 % de los actos violentos durante las marchas se han dado en Bogotá. “Queremos mostrar, a través de esta visita de la Comisión Interamericana, una institucionalidad muy fortalecida y comprometida con la promoción y el respeto de los Derechos Humanos”, dijo.
“Van a ser muy importantes las audiencias que tendrá la CIDH con todos los ciudadanos que quieren ser escuchados y con las personas víctimas de todo esto que ha sucedido en el país y que nos duele tanto”, concluyó Marta Lucía Ramírez.
Cabe recordar que, según la agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el equipo de esa organización se desplazará a Cali, Tuluá y Popayán, donde sostendrá diferentes encuentros con los sectores implicados en el Paro Nacional.
Denuncian 20 homicidios por disparos de la Policía en protestas
De otro lado, un informe de organizaciones sociales entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reveló que durante las protestas en Colombia al menos 20 personas murieron por disparos directos de arma de fuego por parte de la Policía, a pesar de que la fuerza pública tiene prohibido su uso durante manifestaciones.
Este informe recoge que “al menos 20 personas murieron como consecuencia de estos disparos de arma de fuego y 184 situaciones donde la Policía ha accionado estas armas, donde 70 han recibido un impacto de arma de fuego y han quedado heridas”, según dijo el codirector de la ONG Temblores, Alejandro Lanz, durante una rueda de prensa donde repasaron los datos que han ido recogiendo en estas seis semanas de protestas.
“El uso indiscriminado de armas de fuego desproporcionado y desmedido contra manifestantes se volvió como el principal foco de violencia homicida contra manifestantes”, denunció Lanz.
El Gobierno colombiano estableció el pasado enero un nuevo protocolo, ordenado por la Corte Suprema, para la intervención policial de las protestas ciudadanas, que incluía la prohibición del uso de armas de fuego por parte de los uniformados.