En el presunto historial delictivo del indígena Reynaldo Quebrada Quilcué aparecen reseñados delitos que aunque son muy diferentes entre sí, coinciden en su gravedad y en que los habría cometido valiéndose del poder que tenía como gobernador de un cabildo de Caquetá.
En el primer de ellos, incluso, está reseñado como uno de los mayores deforestadores de Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete, pues, de acuerdo a la Fiscalía, en ese lugar Quebrada habría auspiciado la quema y corte de extensas hectáreas de bosque.
De hecho, la fiscal que lleva el caso le recordó al gobernador que incumplió una orden judicial, puesto que tenía totalmente prohibido ingresar al parque Chiribiquete, considerado como patrimonio cultural y natural de la humanidad según la Unesco.
“Pese a eso, señor Reynaldo, usted estaba allí en el mes de marzo”, le recalcó la fiscal.
La reacción del Gobierno ante este hecho vino por cuenta del ministro de Defensa, Diego Molano, quien públicamente calificó de criminal a Quebrada, asegurando que también llegó a vender predios al interior del Parque, generando una colonización indebida.
Por estos hechos en contra del medio ambiente le fueron imputados los delitos de promoción y financiación de la deforestación, y financiación e invasión de áreas de especial importancia ecológica.
A su paso, el ministro Molano aprovechó y junto a altos mandos militares mencionó el otro hecho por el cual fue judicializado el capturado. Resulta que además de presunto deforestador, también se le señala en el secuestro extorsivo a un soldado del Ejército el pasado 6 de marzo.
Las palabras; sin embargo, causan un fuerte rechazo desde la Comisión Colombiana de Juristas, que este miércoles condenó la captura de Quebrada. Además, para la organización, con sus palabras el ministro está estigmatizando al indígena, pues según la Comisión, esta historia tiene otro pedazo que el funcionario no contó.
El presunto secuestro
En este hecho, para el Gobierno no hay dudas de que Quebrada participó estando en la vereda El Triunfo, de San Vicente del Caguán, en medio de la operación militar Artemisa, cuyo objetivo precisamente es contrarrestar a los responsables de la deforestación.
Según las pruebas que manejan los investigadores, en ese secuestro hubo tortura, pues el gobernador incentivó a la comunidad para que golpeara y amenazara al uniformado. Asimismo, dicen tener evidencia de que él fue el que obligó al soldado a firmar un papel en el que aceptaba recibir latigazos a cambio de quedar libre.
A esas indagaciones se contrapone la versión de la Comisión Colombiana de Juristas. Para ellos, lo primero es que ese domingo 6 de marzo hubo militares que quemaron casas de la comunidad, en un operativo en el que inclusive murió una persona en hechos aún sin esclarecer.
Frente al supuesto secuestro, la organización explicó que el gobernador actuó bajo el mandato tradicional, ya que el soldado entró armado al resguardo, cosa que está prohibida dentro de sus normativas.
“El soldado no se opuso a recibir la sanción, que consistió en unos latigazos, y tanto la Defensoría como la Personería estuvieron presentes durante el procedimiento y no lo consideraron arbitrario o violatorio de los derechos fundamentales”, se lee en el comunicado de la Comisión.
De todas formas, ante el juez de control de garantías, a la imputación de Quebrada se le sumaron los cargos de secuestro extorsivo y tráfico y porte de armas de fuego o municiones, los cuales no aceptó y le podrían abrir paso a un pleito legal, ya que la organización resalta que la captura va en contra de la jurisdicción especial indígena.
