La representante a la Cámara Gloria Arizabaleta le dijo a la periodista María Camila Orozco de Blu Radio que “se le fue” el documento con la decisión de suspender al presidente Gustavo Petro. Esa decisión no tiene efectos inmediatos porque, de entrada, no ha sido radicado en la Comisión de Acusaciones y tiene que surtir un largo proceso al interior del Legislativo.
En el mismo medio, Alejandro Ocampo, representante a la Cámara, dijo que Arizabaleta le dijo que sacaron el documento de su celular y que “no sabe cómo”.
Ocampo, por su parte, aseguró que las suspicacias sobre que Arizabaleta busca ayudarle al presidente no tienen sentido. “Lo contrario, buscan perjudicarlo”, aseguró, añadiendo que en este momento el mandatario está en Nueva York representando al país, por lo que “autosuspenderse” sería una especie de golpe blando. “Eso no está bien (...) crea un clima maluco en elecciones”, dijo Ocampo en la entrevista con el medio citado.
Frente a tal polémica, algunos han señalado que podría tratarse de una jugada del petrismo para permitir que el mandatario pueda hacer, libremente, campaña por el candidato Iván Cepeda. Pero, ¿por qué sería Arizabaleta la ficha para aquel movimiento?
La legisladora llegó a la Cámara siendo respaldada por la Coalición del Pacto Histórico en 2022, donde hizo parte de una lista cerrada para el Valle del Cauca. Además, también recibió apoyo de La Fuerza de la Paz, partido dirigido por Roy Barreras, su exesposo. Sí, el mismo Roy Barreras que anunció recientemente su apoyo a Iván Cepeda.
No es la primera vez que su cercanía con el petrismo y Barreras la hacen centro de cuestionamiento por sus decisiones. En febrero de 2026, la congresista negó que actualmente mantenga vínculos políticos o personales con Barreras, y aseguró que lleva tiempo sufriendo de violencia política.
Arizabaleta insistió, en un comunicado publicado en sus redes sociales, en que su trabajo es “completamente independiente”, y recordó su trayectoria.
Según Congreso Visible, Arizabaleta es abogada, activista promotora de derechos humanos y conservación del Medio Ambiente.
También tiene estudios de maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional en la Universidad Sergio Arboleda y realizó especializaciones en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad Alfonso X El Sabio de España; Derecho Penal en la Universidad Sergio Arboleda y Gerencia en Salud en la Universidad Libre.
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Antes de llegar al Congreso hizo parte de la Fundación Proambiental CELA, donde lideró iniciativas relacionadas con el cuidado del agua. Luego, ingresó a la Cruz Roja Colombiana, donde se centró en el trabajo por la protección de la vida y la dignidad humana.
En el ámbito público hizo parte de Procuradora Delegada de Restitución de Tierras (2010); Fiscalía General de la Nación (2014 y 2021) y luego sí llegó al Congreso, en 2022.
En la Cámara de Representantes hace parte de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente y participa en las comisiones accidentales de Agua y Biodiversidad, Gestión del Riesgo de Desastres y Seguimiento al Restablecimiento de las Relaciones Diplomáticas y Comerciales.
Asimismo, preside la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara, organismo encargado de adelantar procesos relacionados con altos dignatarios y funcionarios del Estado.
Recientemente, la Procuraduría General ordenó la apertura de indagación preliminar contra los congresistas de la Comisión: Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, por la demora en el trámite de las quejas, denuncias y procesos que involucran las actuaciones del presidente Gustavo Petro.
La apertura de la indagación se produjo después de una diligencia en la que el secretario de la Comisión informó a la Procuraduría sobre la dimensión del represamiento de expedientes que enfrenta esa corporación. De acuerdo con la información entregada, actualmente reposan cerca de 3.000 actuaciones, de las cuales alrededor de 290 corresponden a procesos relacionados con el presidente Petro.
En cuanto a los procesos activos, la presidenta de la Comisión, Gloria Elena Arizabaleta (del Pacto Histórico), explicó que los números de los procesos son: 6440, 7097, 7150, 7332, 7467, 7468, 7469, 7470, 7471 y 7472. Sin embargo, no reveló el contenido de los mismos.
La Sala de Instrucción del Ministerio Público busca establecer si hubo demora injustificada en el trámite de las denuncias y expedientes radicados contra el jefe de Estado. Según el documento conocido, la entidad investiga posibles conductas relacionadas con falta de diligencia, deficiencias organizativas e incluso eventuales prevaricatos por omisión.
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