En un megaoperativo contra la explotación sexual de niños y adolescentes realizado en Guainía, la Fiscalía General de la Nación capturó 18 personas, entre funcionarios, docentes y comerciantes, que cometían este tipo de delitos.
Así lo anunció el ente acusador este miércoles, explicando que la operación constó de 15 diligencias simultáneas de registro y allanamiento, en las que se incautaron computadores, celulares, dispositivos USB, una motocicleta y un arma de fuego artesanal. Además se identificaron 21 inmuebles sobre los que se espera emprender procesos de extinción de dominio.
Según las pruebas recopiladas, los capturados presuntamente contactaban a niños entre 12 y 16 años y los inducían a actividades sexuales a cambio de dinero, comida, hospedaje, transporte u otro tipo de ofrecimientos. Entre las 40 denuncias recibidas por la Fiscalía por estos hechos, se encuentran cinco de integrantes de resguardos indígenas.
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Según los testimonios, las víctimas habrían sido obligadas a consumir estupefacientes o habrían sido intimidadas para vivir con sus abusadores. Interceptaciones telefóncas darían cuenta de que los presuntos agresores compartían entre sí información sobre los menores de edad y referenciaban a quienes habían accedido a los abusos a cambio de sumas entre los 15 mil y 50 mil pesos.
Todos los capturados tienen más de 55 años de edad y fueron presentados ante jueces de Control de Garantías en Bogotá, Inírida, San José del Guaviare y Medellín durante la semana pasada.
Ninguno de los detenidos aceptó cargos. A 14 de ellos se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario y a tres, medida de aseguramiento en lugar de residencia. Entre los señalados se destacan varios funcionarios del ente acusador y un policía.
Uno de ellos es un juez promiscuo municipal de Inírida con función de Control de Garantías, que fue denunciado por tres de las víctimas y habría amenazado a una de ellas cuando se enteró del proceso judicial en su contra.
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Otro, es un exfiscal señalado de abusar sexualmente de menores de edad y además informar a los otros señalados de las investigaciones que cursaban en su contra.
También fue detenido un fiscal que habría omitido varias de las denuncias de las víctimas y habría amenazado a algunas de ellas por entregar testimonios a personal de la Sijín y la Policía.
Y un intendente de la Policía, que ademas de reclutar menores de edad en bares, coordinaba las actividades de explotación y abuso.
Los detenidos fueron imputados por proxenetismo con menor de edad, demanda de explotación sexual comercial de menor de 18 años, acceso abusivo y acceso carnal violento en menor de 14 años, uso de menores para la comisión de delitos, trata de personas agravada y estímulo a la prostitución en menor de edad.
