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Fiscalía tiene en la mira a 350 nuevos alcaldes
En total son 637 procesos, en su mayoría por la posible comisión de tráfico de influencias e irregularidades en contratación.
Tan solo cuatro días después de que la mayoría de mandatarios regionales electos en las pasadas elecciones tomaran posesión de sus cargos, un informe de la Fiscalía reveló que más de 350 alcaldes y siete gobernadores del país están siendo investigados por esa institución.
Según el ente acusador, los mandatarios municipales que tendrían cuentas pendientes con la justicia y si bien, muchas de las investigaciones están paradas o no han avanzado lo deseado, otras tantas tienen mérito suficiente como para proceder con la imputación de cargos.
El ranquin de los departamentos con el mayor número de alcaldes investigados, según la Fiscalía, lo encabezan Cundinamarca y Antioquia, con 40 casos cada uno, seguidos de Boyacá con 34.
Uno de los casos más mediáticos ha sido el del alcalde electo de Yopal, Jhon Jairo Torres Torres, alias “Jhon Calzones”, a quien un juez le otorgó la libertad condicional recientemente, luego de que la Fiscalía buscara procesarlo por el delito de urbanización ilegal.
“Genera mucha preocupación que ante una investigación tan seria que adelantó la Fiscalía, donde demuestra unas hipótesis delictivas concretas, el Estado no tenga los instrumentos para tomar medidas mucho más efectivas y evitar así que estas personas puedan seguir participando de un escenario público y político en el país”, afirmó al respecto el vicefiscal General de la Nación Jorge Fernando Perdomo.
En total son 637 los procesos penales que se adelantan contra los 350 alcaldes, siendo el delito de tráfico de influencias el más investigado, con 142 expedientes, seguido del de irregularidades en la contratación pública con 18 casos y 57 investigaciones por el delito injuria y calumnia.
“Faltan filtros para avales”
Para Diego Cediel, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, esta situación se podría evitar si los partidos políticos en Colombia fueran más exigentes y tuvieran más filtros en el momento de entregarles los avales a los candidatos.
“En Colombia hay un escaso filtro político en cuanto a la pertinencia e idoneidad de los candidatos. Uno no se explica cómo un partido conociendo esas investigaciones puede otorgar un aval teniendo en cuenta que personas con serios cuestionamientos tienen todas las posibilidades de resultar elegidos”.
Según le explicó el académico a EL COLOMBIANO, este tipo de episodios no solo tienen consecuencias sobre la persona investigada sino que además “minan la confianza, la credibilidad y la legitimidad del ciudadano en el sistema democrático”, porque no es de buen recibo que una persona con cuestionamientos tan graves, como lo puede ser por ejemplo el mal manejo de la contratación, tenga injerencia en lo público.
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procesos penales se adelantan contra cerca de 350 alcaldes por presunto tráfico de influencias.
Politólogo y abogado. Ni derecha ni izquierda. Política y deporte, los temas que me gustan. Viendo los toros desde la barrera.
