Por las denuncias conocidas de posible corrupción en Buenaventura, “y para garantizar el normal desarrollo de las indagaciones que se realizan al respecto”, la Fiscalía informó este 28 de noviembre que dispuso la reubicación del coordinador del CTI en esa seccional y un investigador.
Esto luego de que el periodista Daniel Coronell reportara en días pasados en la Revista Cambio y la W Radio que dos agentes del CTI de la Fiscalía acusan a Francisco Javier Martínez Ardila, el director del CTI en Buenaventura, Valle del Cauca, de estar supuestamente involucrado en narcotráfico y otras actividades criminales.
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“Los miembros del CTI también aseguran que la vicefiscal general, Martha Mancera, conoció sus denuncias y que, en lugar de investigar al jefe del CTI en Buenaventura, decidió emprenderla contra ellos”, se lee.
Ante lo que el presidente Gustavo Petro escribió en redes sociales: “Mis preguntas son: Si existían desde hace meses conversaciones amistosas entre el jefe del CTI de Buenaventura y un narcotraficante, ¿por qué sigue en el cargo?, ¿por qué lo protegieron? ¿cuánta cocaína se ha exportado usando ese cargo en la Fiscalía?”, agregando que “un punto fundamental de un gran Acuerdo Nacional es que todas las instituciones se separan de las mafias y la criminalidad”.
Por ello, el ente acusador informó en el documento una serie de decisiones “con relación a las afirmaciones falsas y tendenciosas hechas por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en las que equivocadamente indica que la Fiscalía ha sido ‘utilizada para exportar cocaína’ y proteger a delincuentes en Buenaventura; y con ocasión de una publicación periodística que divulgó parcialmente unos audios, los cuales hacen parte de una investigación contra una red narcotraficante que tiene injerencia en Buenaventura”.
El ente investigador agregó que producto de la actividad investigativa realizada contra la referida organización, en dos fases distintas de intervención realizadas entre 2021 y 2022, se logró la captura y judicialización de 19 personas.
“Alejandro Parra Bustamante, alias La A; Jorge Eliecer Flórez Álvarez; Jorge Eduardo Perea, alias Rolo; Geovanny Parra Bustamante, alias Quicharo; Jorge Antonio Diaz Correa, alias Flaco o Batata; José Lino Tenorio Rojas, alias Samper; Jhon Fredy Serna Martínez; Fausto Reina Bravo, alias Profe; Juan Pablo Zuluaga, alias Pipito; José Ever Portocarrero Perlaza, alias Don Eider; Wilson Elpidio Segura, alias Palillo; Ingrid Vásquez, alias La Italiana; Luis Eduardo Rengifo, alias Cholo; Mayron Delgado, alias Nano o Enano; Carlos Hernando Caicedo Valencia, alias Nando; Gian Carlos Valarezo, alias Jetón; María Del Carmen Cruz Sarasty, alias La Cucha; María Cruz Caicedo Valencia, alias Leca; Leydi Caterine Cortes Agrace, alias La Brava”, se lee.
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Añadiendo que 18 de estas personas aceptaron cargos, 13 de ellas fueron condenadas y en contra de cinco hay sentido de fallo condenatorio, a la espera de conocerse la sentencia. Y una mujer enfrenta juicio. Adicionalmente, a esta red criminal le han sido incautadas más de 8 toneladas de cocaína en, por lo menos, seis eventos distintos relacionados con la interceptación de vehículos y semisumergibles.
“De otra parte, la Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 61 bienes, avaluados en más de 31.000 millones de pesos, que pertenecerían a integrantes de esta estructura. Las propiedades, entre las que sobresalen inmuebles lujosos y caballos de paso, están ubicadas en Cali, Buenaventura, Calima y Candelaria (Valle del Cauca); Medellín y Fredonia (Antioquia); y Pereira (Risaralda)”, indica el boletín.
