En el marco de la investigación relacionada con la adjudicación del contrato Tunjuelo-Canoas, el fiscal general Néstor Humberto Martínez anunció que se imputará cargos al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, por los delitos de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
El fiscal Martínez indicó que recibieron una comunicación suscrita por el procurador de Brasil, Rodrigo Janot, en la cual pone de presente la terminación del plazo de confidencialidad a partir de hoy, respecto de los acuerdos de colaboración suscritos entre la autoridad brasileña y personas relacionadas con la compañía Odebrecht, en la que además, se le solicita mantener la confidencialidad de dichas pruebas a efectos de efectuar perjuicios a las investigaciones que adelantan las autoridades de ese país.
“Lo anterior pone de presente, una vez más, que las investigaciones de la Fiscalía en este caso se han adelantado hasta la fecha sin que se hayan recibido pruebas provenientes de las investigaciones adelantadas por las autoridades de Brasil o del Departamento de Justicia de los Estados Unidos”, explicó Martínez.
El fiscal anunció además que fue cobijado con medida de aseguramiento Juan Sebastián Correa quien se desempeñaba como funcionario de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Explicó que Correa era quien manejaba los asuntos referentes al tema de infraestructura en el Congreso de la República; situación que según la investigación de la Fiscalía, “este aprovechaba para servir de intermediario entre el exsenador Otto Nicolás Bula, el exgerente de la campaña presidencial Roberto Prieto y Andrés Giraldo”.
La Fiscalía imputó cargos contra Correa por los delitos de tráfico de influencias de servidor público, abuso de la función pública y falso testimonio, este último, porque en el interrogatorio rendido ante la Fiscalía dijo no conocer a Otto Bula. El investigado no aceptó los cargos.
Frente a esto, la ANI, a través de un comunicado, señaló que Correa no tomaba decisiones contractuales ni le hacia seguimiento a los proyectos de infraestructura y que desde el 12 de abril de 2017, presentó renuncia luego de ser citado a audiencia de imputación de cargos por parte de la Fiscalía.
Entretanto, el Tribunal Superior de Bogotá falló una tutela en la que ordena que Otto Nicolás Bula, testigo clave en este proceso, debe ser trasladado del Bunker de la Fiscalía, donde actualmente se encuentra recluido, al pabellón especial de la cárcel La Picota.
El fallo le ordena al Inpec que en menos de 48 horas, contadas a partir de la notificación, deje sin efectos las resoluciones con las cuales se modificó el lugar de reclusión del exparlamentario y se disponga el traslado inmediato al pabellón especial para funcionarios públicos en La Picota.
