En una carta publicada este martes, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dio un ultimátum en el que asegura que la Fiscalía no realizaría más capturas en los departamentos de Atlántico, Bogotá, Boyacá, Cauca, Cesar, Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Quindío, Risaralda y la capital de Antioquia, Medellín.
Las razones del fiscal, según se lee en el documento, tiene que ver con que en varias oportunidades ha dado a conocer la compleja situación de hacinamiento en diferentes Unidades de Reacción Inmediata (URI) en las regiones mencionadas.
Además, cita que actualmente son 926 personas las que están privadas de las libertad en las Salas de Paso de la Fiscalía en todo el país, cuando solo se tiene una capacidad para tener a 686 personas. “De acuerdo con la información suministrada por las Direcciones Seccionales de la Fiscalía, a la fecha permanecen recluidas en las salas de paso personas capturadas desde febrero de 2017”.
Sumado a esto, un caso extremo tiene que ver con uno registrado en la Seccional Cesar, en donde una persona que estuvo recluida en la sala de paso desde el mes de julio de 2015, quedó en libertad en el mes de septiembre de 2018, “por vencimiento de términos y nunca fue trasladada a un centro penitenciario”.
Otro dato que entregó la Fiscalía se dio en Norte de Santander, cuando una persona capturada el 13 de diciembre de 2017 y condenada el 16 de noviembre de 2018, “no ha podido ser enviada a la Cárcel La Modelo”.
¿Y Medellín?
Medellín también tiene un capítulo especial en esta realidad. De acuerdo con la carta, la Seccional de la capital de Antioquia, con un espacio con capacidad máxima para 35 personas, en la actualidad alberga a 86.
“La permanencia prolongada de reclusos en estos centros de paso ha generado una grave situación de inseguridad y salubridad, que pone en riesgo la integridad, tanto de los internos, como de los servidores de la entidad”.
El documento fue enviado a William Ernesto Ruiz Garzón, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carclario (Inpec), y también fue enviado con copia a la ministra de justicia, Gloria María Borrero.
El asunto no es nuevo. Por ejemplo, el 14 de junio de 2017, la Fiscalía señaló que estaba “obligada a suspender órdenes de captura en Medellín por inoperancia del INPEC. Urge solución”.
La entonces directora seccional de Fiscalías en Antioquia, Claudia Carrasquilla, señaló que “hemos venido en crisis, de hecho en las sala de paso vienen adelantando una huelga de hambre por el hacinamiento que se viene presentando. Ante la negativa del Inpec de recibir más detenidos, se adoptó esa decisión de suspender las órdenes de captura y todos los procedimientos de Policía que se tiene por parte de la Fiscalía”, dijo Claudia Carrasquilla, directora Seccional de Fiscalias de Medellin.
En su momento, el alcalde de Medellín, Fedérico Gutiérrez, dijo que había hablado con el fiscal General y en sus redes sociales, manifestó: “Crisis carcelaria se agrava. Urgen soluciones. Situación en Fiscalía y Estaciones de Policía es crítica. No podemos parar lucha contra crimen”.
Además, en junio de 2017, Gutiérrez también manifestó que “es un tema preocupante, lo venimos advirtiendo; no es una alerta naranja sino una alerta roja lo que está ocurriendo con el sistema carcelario no solo en Medellín sino en todo el país”.
La oficina de prensa de la Alcaldía de Medellín manifestó que por ahora no habrá un pronunciamiento. Sin embargo, solicitó que le envíen la carta del fiscal General, para compartirla con el alcalde Gutiérrez.
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