Para la tarde de este jueves, 7 de septiembre, estaba programada la audiencia en la que quedaría formalmente acusado ante la Corte Suprema de Justicia el fiscal Daniel Hernández, exfiscal de apoyo en el caso Odebrecht. Sin embargo, la Corte aplazó la diligencia.
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Hernández es el fiscal que aseguró que se sentía “perseguido político” después de su choque con el presidente Gustavo Petro, quien le reclamó en mayo pasado por presuntas omisiones en la investigación sobre crímenes del Clan del Golfo en el Magdalena.
En los breves minutos en los que la audiencia comenzó, el fiscal Hernández, delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, aprovechó para defenderse y oponerse a varios puntos del escrito de acusación radicado en su contra ante la Corte Suprema. Luego de ello, el magistrado que encabeza el proceso, Ariel Torres, suspendió la jornada para poder atender una cita médica, por lo que ahora se espera una fecha para su reprogramación.
A Daniel Hernández la Fiscalía le imputó los delitos de prevaricato por omisión y amenaza a testigos. Según la teoría del caso, no registró oportunamente en bases de datos las órdenes de captura que un juez de garantías emitió contra tres exdirectivos de Odebrecht (Eder Ferracuti, Mauricio Marangoni y Amilton Hideaki) y, además, presuntamente amenazó al excongresista cordobés Otto Bula.
En 2017, Hernández, siendo fiscal dentro de la estructura del ente acusador que perseguía la corrupción de Odebrecht, solicitó órdenes de captura contra Ferracuti, Marangoni y Hideaki. No obstante, cuando un juez la autorizó, presuntamente no gestionó con la Interpol para que los exmiembros de la multinacional pudiesen ser ubicados en Brasil, a donde habían escapado.
Luego, en 2022, Hernández al parecer amenazó al exsenador Otto Bula, quien estuvo condenado por ser lobista de Odebrecht para que miembros de la empresa pudiesen tener obras de alto calibre y quedarse con recursos públicos. Bula cumplió su pena el año pasado.
En 2017, la condena de Bula fue de cinco años, por enriquecimiento ilícito y cohecho, tras un acuerdo con la Fiscalía. En su colaboración con la justicia, además de devolver el dinero que recibió por sobornos, empezó a contar nombres implicados en el escándalo de corrupción, como el exsenador Bernardo ‘el Ñoño’ Elías o el expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade.
Tras contar lo que sabía, Bula presuntamente fue abordado por Daniel Hernández en julio de 2022 en el búnker de la Fiscalía de Bogotá. De acuerdo con el ente acusador, Hernández hostigó a Bula diciéndole que el exfiscal general Néstor Humberto Martínez y el presidente de la junta directiva de Aval, Luis Carlos Sarmiento Angulo, estaban molestos por su acercamiento a autoridades colombianas y estadounidenses. Bula luego expresó que sintió miedo.
La imputación de cargos a Hernández, quien hoy sigue siendo fiscal, llegó en diciembre del año pasado junto a solicitud de medida de aseguramiento. El Tribunal de Bogotá, que funcionó como instancia de control de garantías, mencionó que la Fiscalía no entregó elementos materiales probatorios suficientes para inferir la responsabilidad del funcionario investigador en actos delictivos, principalmente en lo relacionado con la presunta amenaza.
El Tribunal no cuestionó que la afirmación de la supuesta molestia de Martínez y Sarmiento hubiese existido, pero concluyó que “no es factible concluir que tal afirmación es constitutiva de intimidación y menos que con ella se pretende evitar que testifique o lo haga de una determinada manera, faltando a la verdad”.
Además, el ente judicial objetó que se haya mezclado en una misma imputación dos hechos distintos, pues la presunta amenaza y la presunta omisión son “dos eventos totalmente diferentes y que ocurrieron en un espacio de tiempo diferente el uno del otro”. La decisión fue que Hernández siguiera libre, como se encuentra hoy mientras lo investiga la institución en la que trabaja.
A pesar de los cuestionamientos al relato de la Fiscalía, el fiscal encargado del caso Hernández, Víctor Salcedo, presentó un escrito de acusación que reiteró ambos delitos y reafirmó la tesis de que Hernández infringió la ley con los dos hechos que inicialmente le sindicaron. Daniel Hernández y su abogado, Santiago Pardo, fueron los encargados de oponerse.
Frente al señalamiento de no haber gestionado correctamente las órdenes de captura, la defensa de Hernández pidió aclarar cuál es la norma legal o administrativa que determina que dentro de la Fiscalía él, o cualquier fiscal de apoyo, debe ser quien registre tal trámite en los sistemas de información.
Pardo señaló que el equipo de Hernández estaba conformado por seis fiscales, así que no estaba claro cuál era la responsabilidad específicamente de su cliente, o si era autor o coautor. Hernández, por su parte, dijo que no tenía claro si la normativa “en un grupo de mas de seis fiscales, se indicaba solamente a mí el registro de las órdenes de captura”.
Asimismo, Pardo pidió que se aclare si esas normas, si existen, tienen consigo un plazo específico para efectuar esa orden de captura, y si lo que Hernández presuntamente no tramitó fue una determinación de aprehensión física o solo de ubicación, que es el objetivo de una circular azul de Interpol.
Por último, tanto Daniel Hernández como su defensor objetaron la acusación de la supuesta amenaza a Otto Bula, debido a que la Fiscalía al parecer no aportó contexto que logre determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que la intimidación ocurrió. En ese sentido, pidieron al fiscal Salcedo explicar cuáles fueron los actos concretos que representaron violencia física o moral.
Como el magistrado ponente en el proceso aplazó la diligencia, se espera que en una próxima ocasión el fiscal encargado responda los cuestionamientos. Hernández anunció que si las respuestas no son satisfactorias, presentará un recurso de nulidad para que el proceso finalmente termine.
