De acuerdo a un comunicado publicado por la Fundación Defensa de los Inocentes, que representa a 7 de las 12 familias de los diputados del Valle secuestrados y asesinados —salvo Sigifredo López— por las Farc, tomaron la decisión de hacerse a un paso de la JEP después de que se conocieran las conclusiones emitidas por el tribunal sobre la responsabilidad de los máximos jefes de esta guerrilla en el delito del secuestro.
La consideración más trascendental del documento, de 2018 páginas, emitido el pasado 24 de noviembre por la JEP sugiere una sanción extramural —no privativa de la libertad— de ocho años para todos los integrantes del antiguo Secretariado de la guerrilla que reconocieron los crímenes relacionados con el delito de secuestro, excepto para Rodrigo Granda, sobre quien recomendaron una sanción de cinco años por no haber tenido mando directo sobre la tropa, manteniendo así la proporcionalidad de la duración de la sanción.
La Sala de Reconocimiento de la JEP concluyó que los miembros del último secretariado de las Farc “han reconocido verdad completa, detallada y exhaustiva y su responsabilidad en los hechos de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP, en consecuencia, son elegibles para la imposición de una sanción propia”.
Esa es la conclusión que tiene más “desilusionada” a la fundación de víctimas fundada por Sigifredo López, pues consideran que no es cierto que los exguerrilleros hayan sido honestos. Aseguran que “no ha habido una verdad detallada, plena y exhaustiva por parte de los exintegrantes de las Farc”, sino que, por el contrario, han existido verdades a medias y manipulación de la verdad.
Según Sigifredo, ha sido ha “una agotadora lucha jurídica evitar que los victimarios mientan y rindan versiones amañadas y manipuladas, y en todo caso ofenden la dignidad de las víctimas, que además de soportar el asesinato de sus seres queridos han tenido que escuchar mentiras y versiones incompletas y tergiversadas sobre los hechos que los victimizaron”.
De igual manera reconocen que “las víctimas han hecho todos los aportes a la paz, han dejado a un lado su dolor y sufrimiento para perdonar a sus victimarios y para buscar la reconciliación con la única esperanza de conocer la verdad”, por lo que esta conclusión del tribunal para la paz los tiene decepcionados.
Finalmente, la Fundación, a nombre de su director Juan Camilo Sanclemente, invitan a todas las víctimas del conflicto que están a la espera de que la JEP imparta justicia a que no continúen “prestándose para esa lamentable burla de sus derechos”.
Sin embargo, esta no es la posición de todas las víctimas del secuestro de los diputados del Valle ocurrido en 2002. Fabiola Perdomo, esposa del ex diputado Juan Carlos Narváez, le dijo esta semana a El País de Cali que estaba tranquila con la resolución de la JEP, que le parecía que “no había impunidad” y que esperaba que los ex guerrilleros cumplieran estas penas restaurativas.
Frente a la pregunta de si estaba satisfecha con lo concluido por el tribunal, respondió:
“Uno nunca queda satisfecho, porque es como aceptar la muerte y la pérdida de nuestros familiares y en el caso mío, la de Juan Carlos, pero puedo decir que, más que satisfecha, me da tranquilidad de que no hay impunidad, porque la impunidad es cuando no hay investigación ni sanciones y aquí hubo una investigación de más de cinco años en la que las víctimas pudimos asistir, fuimos escuchadas y pudimos presentar nuestra versión. Hoy podemos decir que hay una sanción, unas penas reparadoras, en el marco de lo que es la justicia transicional”.
