Así lo detalló un estudio del Politécnico Grancolombiano que analizó datos entre el 2014 y 2023. El delito disminuyó en pandemia, pero se aceleró tras el regreso a la normalidad.
Durante años, la extorsión fue vista como un delito asociado a zonas de conflicto o a territorios históricamente olvidados por el Estado. Hoy, esa lectura parece insuficiente. Las cifras muestran que el fenómeno no solo creció —más de 70% entre 2014 y 2024, según un estudio del Politécnico Grancolombiano— sino que además se expandió geográficamente hasta diluir sus antiguas fronteras.
El cambio más significativo no es únicamente cuantitativo, sino territorial. Colombia tiene más de 550.000 familias dedicadas al cultivo de café en cerca de 600 municipios. Esa red productiva, extensa y descentralizada, representa uno de los motores de la economía rural.
Pero también, según la investigación, se convirtió en un blanco funcional para estructuras criminales que buscan ingresos constantes.
“El ingreso estable, la circulación de dinero en efectivo y la baja bancarización crean condiciones ideales para la imposición de cobros ilegales, afectando directamente a productores, cooperativas y transportadores rurales”, explicó Jaime Wilches, profesor investigador del Politécnico Grancolombiano, en entrevista con Asuntos Legales.
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El comportamiento del delito tampoco ha sido lineal. Entre 2014 y 2016 hubo una leve reducción. Luego vino un repunte desde 2017, en paralelo con la recomposición del mapa criminal tras la desmovilización de las Farc.
En 2020, la pandemia interrumpió temporalmente la tendencia. Pero el alivio fue breve: entre 2021 y 2023 la tasa aumentó 43%. Sin embargo, el hallazgo más inquietante no está en el crecimiento, sino en la convergencia.
“Una señal preocupante es la reducción de la brecha entre municipios cafeteros y no cafeteros. Mientras en 2015 los cafeteros superaban en 52% la tasa de extorsión frente a los demás, para 2023 la diferencia cayó al 9%. Esta convergencia indica que el fenómeno dejó de estar concentrado en zonas típicamente vulnerables y alcanzó una distribución casi homogénea en el país, incluyendo ciudades y regiones sin tradición cafetera”, señaló Wilches a Asuntos Legales.
El estudio también identificó un patrón adicional: donde hay cultivos de coca, la tasa promedio de extorsión aumenta 3,5 puntos adicionales. No se trata solo de coexistencia, sino de integración funcional entre economías.
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“Esto revela un escenario donde economías legales e ilegales coexisten, generando sinergias criminales que permiten a actores armados consolidar redes de control económico, infraestructura logística y mecanismos de vigilancia que favorecen la expansión de la extorsión”, afirmó Wilches en la misma entrevista.
En 2022, departamentos como Chocó, Guaviare, Meta, Cauca y Arauca registraron niveles extremos de extorsión, muy por encima del promedio nacional. Son territorios atravesados por conflicto persistente, economías ilícitas y débil presencia estatal.
Pero el cruce entre caficultura y extorsión se concentra en Antioquia, Cauca, Huila, Nariño y zonas del Tolima, mientras el Eje Cafetero tradicional mantiene niveles relativamente estables y bajos.
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