Trece años después le cayó la justicia a uno de los exfuncionarios que ha acompañado al presidente Gustavo Petro tanto en su Alcaldía en Bogotá, como en su Presidencia. Se trata del exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique Soacha, quien fue condenado a diez años de prisión por irregularidades por su participación en el escándalo del Fondo de Vigilancia en Bogotá.
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La historia de este caso se remonta a 2012, cuando Manrique era director del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital en la capital. En ese año se firmó el contrato No. 559 el 28 de agosto de ese año, con el cual se adquirieron 100 motocicletas eléctricas para el Departamento de la Policía Metropolitana de Bogotá, por un valor de $4.357 millones. Las irregularidades que rodearon esa contratación fueron las que llevaron a la condena en su contra, que se leyó este 31 de marzo.
Durante la audiencia en la que se leyó el sentido del fallo de su condena, el juez absolvió a Manrique del delito de peculado por apropiación (robar recursos públicos para beneficio propio o de terceros) y lo condenó por el delito de interés debido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en título de coautor.
La pena, según leyó el juez, será de 120 meses, el pago de una multa de 88,88 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($126’520.680) e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 107 meses. No se le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni detención domiciliaria.
Hay que recordar que el exdirector fue formalmente acusado en 2016 y, tras varias complicaciones procesales, el juicio se adelantó entre 2021 y 2023. Finalmente, la justicia corroboró la investigación de la Fiscalía, que giró en torno a los sobrecostos que tuvo el contrato y que fueron de $5,9 millones por cada moto, a los que se le sumaron $4 millones por el exceso de gastos en los kits de los vehículos, lo que dejó un saldo total de pérdidas de $1.011 millones en las 100 motos eléctricas.
Esas motocicletas eran tipo Cross Marca Zero DS-ZF9, las cuales no fueron usadas para su propósito, por lo que, a consideración del juez que impartió sentencia, se configuró un detrimento patrimonial. Estaban destinadas a optimizar y mejorar las operaciones de la Policía de Bogotá, pero como nunca entraron en funcionamiento, se inutilizaron y terminaron convertidos en chatarra.
Manrique, también salpicado en el escándalo de la UNGRD
Este caso se suma a la investigación por corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), en la que Manrique también ha sido mencionado. En ese sentido, se sabe que el 25 de septiembre de 2023, Manrique asistió a una reunión en la que se discutió la modificación de un convenio para reducir su valor en $100.000 millones.
Según la Fiscalía, Manrique coordinó con otros implicados para liberar dinero destinado a contratos a cambio de pagos ilegales.
Según una nueva declaración dentro de la investigación del ente acusador, apenas un mes antes de que estallara el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los implicados seguían entregando sobornos, pagando coimas y manipulando la adjudicación de contratos.
El caso sumó el testimonio del exdirector de Conocimiento del Riesgo de la UNGRD, Luis Carlos Barreto Gantiva. Según su declaración, César Manrique habría recibido $3.800 millones como coima por la adjudicación de siete contratos a personas de su círculo cercano. Esta declaración, revelada por Focus Noticias, relató que la entrega del dinero se habría realizado en el centro comercial Gran Estación de Bogotá.
Detalló que la millonaria suma de dinero fue retirada en el Banco Davivienda y entregada en maletines cargados con fajos de billetes de $100.000. La transacción ilegal se habría concretado en un baño del centro comercial entre febrero y marzo de 2024.
En su declaración, Barreto afirmó que la entrega del dinero a César Manrique fue ordenada por los ex altos funcionarios de la UNGRD, Olmedo López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez. A cambio, Manrique debía agilizar la adjudicación de los contratos.
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