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Excongresista Sara Piedrahita irá a la Corte otra vez por el cartel de la hemofilia en Córdoba
La política cordobesa resultó salpicada por las declaraciones de un abogado involucrado en la conspiración.
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Sara Piedrahita Lyons, exreina de belleza (2008) y excongresista (2014-18). FOTO: COLPRENSA.
La Corte Suprema de Justicia abrió una nueva investigación formal y llamó a indagatoria a la exrepresentante a la Cámara Sara Elena Piedrahita Lyons, por los supuestos delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.
Según expresó la sala de instrucción del alto tribunal, los hechos por los cuales es investigada tienen que ver con la supuesta financiación de su campaña a la Cámara para el 2014-2018 con recursos provenientes del denominado Cartel de la Hemofilia en Córdoba, en concreto, 1.100 millones de pesos aproximadamente.
Piedrahita, quien fue señorita Córdoba en 2008 y es familiar del exgobernador cordobés Alejandro Lyons, empezó a ser investigada luego de que el abogado Leonardo Pinilla, condenado por el cartel de la toga, la mencionó en el proceso, en el cual ofreció brindar información sobre las personas que estarían involucradas en el citado cartel.
A la mujer ya la había acusado la Corte por otro delito en 2022: lavado de activos, en el marco de la misma investigación.
A través de este cartel se desfalcaron los recursos del departamento de Córdoba en 2013, cuando los implicados hicieron pasar personas sanas por pacientes con hemofilia, con el propósito de que se entregaran recursos de atención en salud que fueron destinados a otros asuntos.
El Cartel de la Hemofilia, como fue llamada esta red de corrupción, tenía como finalidad aprovecharse de los recursos destinados a esta enfermedad, incluso con pacientes fantasmas, para obtener recursos para el enriquecimiento personal.
Por este caso el abogado Leonardo Pinilla fue suspendido por tres años, igualmente también están en investigación los exgobernadores Alejandro Lyons y Edwin Besaile.
Igualmente, el exgobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín Rognini, fue destituido e inhabilitado por 10 años, al igual que la secretaria de salud de la gobernación, la directora técnica de aseguramiento y prestación de los servicios de la Secretaría de Salud y demás funcionarios de la Gobernación de Bolívar.
