La indignación nacional e internacional que se desató por un evento pedagógico de la Policía en Tuluá (Valle), durante el cual se utilizaron vestimentas y símbolos nazi, obligó a que Colombia tuviera que salir a ofrecer excusas públicas, a destituir a un oficial que en su hoja de vida dice tener doctorado en Ciencia Política, y a ordenar una investigación más a fondo para establecer qué otras medidas son necesarias.
Tal fue el grado de presión que recayó sobre el Gobierno, que el presidente Iván Duque exigió al director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, “que rueden cabezas de la institución que propiciaron esas prácticas rechazables”.
Además, la Procuraduría Nacional abrió una indagación preliminar para dar con los pormenores de una actividad supuestamente pedagógica, que resultó en un “evidente apología al nazismo”.
El rechazo internacional no se hizo esperar por la polvareda que levantó el evento. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, dijo que ninguna explicación es suficiente. “Estoy consternado y profundamente decepcionado por el uso de símbolos y uniformes nazis de las instalaciones de entrenamiento de la Policía de Colombia”, enfatizó.
Los embajadores de Israel y Alemania en Colombia también evidenciaron su descontento con una comunicación pública sobre lo “indignante de este evento que ofende de manera directa no solo a los judíos, sino a las víctimas del régimen nazi”.
Ante semejante repudio internacional, la Cancillería colombiana salió a ofrecer excusas por toda la polémica.
La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, aseguró que es un caso desafortunado que no puede repetirse, porque se terminó ofendiendo a la comunidad judía, alemana e internacional.
Y, apoyando estas posturas, el Ministerio de Defensa agregó que tienen que hacerse las investigaciones del caso porque, además, se debe detectar si en la formación propia de los policías hay algún tipo de falencia.
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