Mientras los ojos del país están puestos en Cauca, donde los grupos armados masacran a la Guardia Indígena, en Antioquia las comunidades étnicas también se sienten asediadas por los ilegales y quedan en medio de las confrontaciones que se dan por las rutas del narcotráfico y la explotación ilícita de oro.
Comunidades del Bajo Cauca, Urabá, Occidente y Atrato Medio son las que más sufren, explicó Richar Sierra, consejero de la Organización Indígena de Antioquia (OIA).
“A raíz del Acuerdo de paz, y luego de que las Farc ingresan a las zonas veredales, quedaron vacíos en los territorios que han ocupado el Eln y grupos de corte paramilitar como el Clan del Golfo, y en muchos de ellos hay comunidades indígenas”, manifestó Sierra.
Ejemplo de ello es lo que ha venido ocurriendo en La Blanquita, en Frontino, donde el Eln ha intentado consolidar su corredor de movilidad y, el viernes pasado, incursionó y disparó contra quienes departían en un billar, tres personas murieron, entre ellos Luis Alberto Jumí Bailarín, un joven Embera Eyábida de 16 años quien vivía en la comunidad indígena Amparradó Alto, del municipio de Dabeiba.
Jumí Bailarín era estudiante de once y uno de los guardias indígenas más disciplinados de su comunidad, dijeron desde la OIA.
Y el miércoles, en La Caucana (Tarazá), Abraham Domicó, también Embera Eyábida, de 30 años, fue asesinado cuando estaba en su casa en compañía de su familia. Dejó a cuatro huérfanos.
“Nuestros territorios deben ser respetados, el conflicto debe cesar y el Gobierno tiene que tomar medidas de fondo para frenar el narcotráfico”, sentenció el consejero.
La OIA hizo un llamado urgente a las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo, Map OEA, al Alto Comisionado para la Paz y al Gobierno Nacional así como a las instituciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos para que hagan un especial acompañamiento a las comunidades donde se ha venido registrando sistemáticamente el recrudecimiento del conflicto armado.
