De anónimos está hecha la justicia colombiana, denuncias de este tipo llegan todos los días a los despachos de policías, fiscales, contralores, procuradores, jueces y magistrados.
Por ejemplo, la Operación Andrómeda, en la que el hacker Andrés Felipe Sepúlveda estaba interceptando ilegalmente al equipo negociador de paz del Gobierno Santos, se desmanteló gracias a un correo anónimo que llegó a manos de la magistrada Cristina Lombana.
O como lo ocurrido con el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez a quien la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le abrió una indagación previa por un correo electrónico anónimo que llegó al despacho de la misma magistrada señalando que era él quien recibía la información de las chuzadas y perfilamientos, aparentemente ilegales, que realizó Inteligencia del Ejército a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
Pero no solo hechos en la Corte Suprema dan cuenta de la importancia que ha tenido en el país la denuncia anónima. Gran parte de la investigación contra las comercializadoras internacionales de oro que fueron intervenidas en las operaciones “La Leyenda del Dorado I y II”, de la Fiscalía General de la Nación, tuvieron su inicio en las denuncias anónimas de un ciudadano.
“En un país como Colombia el denunciante no está protegido, no tiene garantías para preservar su vida cuando denuncia un hecho de corrupción o algún delito cometido por un poderoso, por eso no podemos considerar que no se permita la preservación de la identidad, porque ello puede perjudicar el acto de denunciar, generando un desestímulo”, explicó Claire Launay, directora Programática de Iniciativas con Sociedad Civil de Transparencia por Colombia.
No obstante, esto no quiere decir que a cualquier anónimo que llegue a los estrados hay que prestarle atención.
De hecho la Corte Constitucional lo dejó claro cuando revisó, tras una demanda, algunos artículos de la Ley Antitrámites. En su Sentencia C-832/06 señaló: “solo cuando el anónimo va acompañado de medios probatorios, es decir, elementos de juicio que sumariamente den cuenta de la irregularidad administrativa y que permitan inferir seriedad del documento, se le debe dar credibilidad”.
Al respecto, Launay indicó que no puede esperarse que el denunciante tenga la carga de la prueba, pero sí que entregue algo con lo que se pueda empezar a trabajar.
Un expresidente de la Corte Suprema le dijo a EL COLOMBIANO que “la denuncia anónima no existe en nuestra ley, pero el juez para iniciar una investigación no tiene que basarse en una denuncia formal, la puede basar en cualquier noticia criminal (un periódico, un escrito o una llamada). Generalmente a los escritos anónimos no se les presta atención, a no ser que con él aunado a otras pruebas le dé un indicio de que es conveniente investigar.
