Monseñor Héctor Fabio Henao, representante de la Iglesia Católica en el Consejo Nacional de Paz, no duda al afirmar que el país pasa por una grave oleada de violencia.
La presencia de grupos armados ilegales en varias regiones y la ausencia del Estado son –según él– unos de los principales factores que tienen a miles de personas desplazadas o confinadas en sus comunidades, sin poder acceder a derechos como la salud.
En diálogo con EL COLOMBIANO, monseñor detalló cuáles son los lugares en los que más se ha desatado esta crisis humanitaria, y reafirmó una petición al Gobierno para que se continúe en lo que él llama un “diálogo social”, que garantice una presencia efectiva del Estado en cada rincón del país.
Usted viene de escuchar en Nariño a líderes que le detallaron la difícil situación que se vive allá. ¿Qué encontró?
“Ellos manifiestan que la situación en toda esta zona de la cordillera nariñense –Policarpa y otros municipios– se ha venido deteriorando. Primero por el resurgimiento de minas antipersonal, que es una problemática muy seria.
Y desde luego porque la lucha entre actores armados ilegales se ha intensificado. Eso nos ha dado cifras de desplazamiento muy preocupantes, también de asesinatos”.
¿Qué grupos armados son?
“Hay presencia de las disidencias, ELN y grupos que pertenecen a organizaciones al servicio del narcotráfico. Recordemos que hay una problemática en Nariño muy grave, la de la costa, donde está Tumaco. Pero si uno mira hacia la cordillera, ahí está gran parte de la raíz de lo que se vive en la costa, y por lo tanto estamos ante una situación de líderes sociales profundamente amenazados”.
En Chocó, varios obispos pidieron cita con el presidente Iván Duque buscando ayuda para 4.000 confinados por cuenta del ELN...
“Sí, recordemos que el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis José Rueda, hizo (en marzo) una visita a Quibdó y a Istmina. Analizó la problemática de los líderes y recibió una alerta importante sobre el poder creciente de grupos ilegales.
La situación general que se vive sobre ausencia del Estado en gran parte del departamento del Chocó es en materia social, de conectividad, de oportunidades. Las comunidades se sienten realmente a merced de actores armados ilegales”.
¿Y la solicitud ya llegó al despacho del presidente?
“Se ha tramitado, sí. Hay conversaciones con distintos niveles, el hecho es que se ha cumplido con la misión de trasladar el clamor de las comunidades a las autoridades”.
En otra misión con líderes de Sucre hubo presencia del gobierno de Estados Unidos. ¿En qué ayuda ese país a la labor de la iglesia?
“El encuentro surgió de los líderes de los Montes de María principalmente. El interés de Estados Unidos es de ayudar, y buscar cómo fortalecer iniciativas. En ese sentido, también es importante que la cooperación internacional entienda que este es un punto de la implementación de los Acuerdos de Paz, que da muchas oportunidades de tocar raíces profundas de lo que es la colectividad colombiana”.
Usted viene mencionando distintas regiones con serios problemas. ¿Se puede hablar de un incremento generalizado de violencia?
“Sí, si uno mira el panorama nacional en conjunto, descubre que por una parte hay motivos de esperanza porque hay organizaciones caminando fuertemente. Pero al mismo tiempo hay un incremento de actores armados ilegales en numerosos territorios”.
¿Qué mensaje envía la Iglesia Católica a todo el Estado para solucionar esto?
“La Conferencia Episcopal ha insistido en una expresión que es el diálogo social. Se requiere mayor capacidad de diálogo, que el Estado tenga más cercanía y solvente el vacío que hay entre la institucionalidad y las comunidades”
