La semana pasada fue aprobado en primer debate, en la Comisión Quinta de la Cámara, el proyecto de ley 014 de 2020 que busca establecer una licencia ambiental para cementerios que se construyan o se amplíen.
Es una iniciativa que le da un enfoque diferente al tema de los camposantos en el país, históricamente abordado, legal y regulatoriamente, desde una perspectiva sanitaria y no ambiental, tal como señala la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) en un concepto emitido acerca del proyecto.
Además, es una deuda pendiente, según congresista Juan Carlos Losada, autor de la iniciativa. Asegura que hay evidencia de la contaminación de aguas superficiales y subterráneas debido a los procesos de lixiviados de sustancias orgánicas; de suelos, por la filtración de residuos; atmosférica, por las cremaciones y la afectación a ecosistemas (humedales, páramos, manglares, acuíferos).
“La descomposición de los cadáveres libera contaminantes químicos como amoniaco, cloruro, sulfato, sodio, potasio. Allí además se generan lixiviados (líquidos que circulan entre residuos orgánicos como consecuencia de la filtración de agua en medio del proceso de descomposición). Todo esto afecta el suelo, fuentes hídricas y es un riesgo para la vida y el medio ambiente”, explica Losada.
Licenciamiento ambiental
En el pronunciamiento de la Anla se señala que si bien actualmente los cementerios no se encuentran enmarcados en el listado de proyectos sujetos a licenciamiento ambiental, “teniendo en cuenta el concepto y alcance de la licencia ambiental en la que se indica que el proyecto, obra o actividad que pueda producir deterioro grave a los recursos naturales, los cementerios podrían considerarse como uno de estos”.
EL COLOMBIANO consultó su concepto a varias corporaciones autónomas, autoridad encargada —dado el caso que se apruebe la iniciativa— de otorgar las licencias.
Desde Codechocó y Corporinoquía respondieron que les preocupa la carga fiscal que podría rehacer sobre los municipios por los estudios requeridos para otorgar dichas licencias. Además, consideran que solicitar Planes de Manejo Ambiental en un plazo de 12 meses a cada cementerio que ya esté operando, tal como estipua el proyecto, no resulta viable.
Sin censo de cementerios
La iniciativa de ley, además, serviría para hacer un censo oficial de cuántos cementerios hay en el país, pues administraciones locales, Episcopado y sector privado reconocen que esa cifra no existe oficialmente. Y también avanza en medio de un contexto en el cual la pandemia puso sobre la mesa un debate que asoma cada tanto por alguna contingencia local, pero que debido a la emergencia sanitaria por la covid elevó a asunto nacional este interrogante: ¿dónde y cómo enterrar a los muertos?
El problema no es nuevo. En agosto de 2013, el alcalde de Baranoa, Atlántico, Roberto Celedón, anunció que prohibiría por decreto que los habitantes del pueblo se murieran, pues el viejo cementerio, con siglo y medio encima, estaba a dos años de llegar a su tope.
Por pintoresco que parezca, la estrategia de Celedón logró que el gobierno reconociera en ese momento la crítica situación de algunos cementerios en la costa Atlántica, al borde del colapso por la falta de planificación con que fueron creados. Y, de paso, marcar en la agenda una discusión que, siete años después, con la emergencia sanitaria, puso al país a buscar soluciones urgentes.
Pandemia
En Cali se habilitaron dos nuevos cementerios con hornos crematorios en mayo. En pueblos de Cundinamarca, Santander y Atlántico hicieron ampliaciones de bóvedas; en Yopal, desde marzo, la alcaldía solicitó, con lista en mano, la exhumación de 380 cuerpos sepultados entre 2012 y 2015 en el Parque Cementerio, para tener capacidad de inhumar a las personas que fallecieran en los meses siguientes en medio de la pandemia. Además, construyeron 90 nuevas bóvedas de las cuales ya se ocuparon 40 con víctimas de la covid.
Y en otras zonas tomaron medidas inmediatas. En Quibdó, por ejemplo, ante la alerta que lanzó su Diócesis en junio sobre un inminente colapso de la capacidad del cementerio, se adoptó la decisión de usar el 20% de lote restante que tenía el cementerio local para construir 700 bóvedas más, una decisión que, como señala el obispo de Quibdó, monseñor Juan Carlos Barreto, “requeriría una planeación más reposada pero ante la amenaza de ver colapsada nuestra capacidad para dar cristiana sepultura a los fallecidos se hace necesaria”.
Pero requieren complementarse con respuestas viables a largo plazo para la práctica fúnebre, sobre todo por el hecho de que el país arrastra desde hace décadas incumplimientos en las regulaciones al respecto.
Principio del ocaso
En mayo de 2009, el Ministerio de Protección Social expidió la Resolución 1447 que ordenaba reubicar todos los cementerios instalados en centros urbanos, cerca de zonas residenciales, plazas de mercado, escuelas y demás en un plazo de 12 meses.
El Episcopado respondió a esa resolución manifestando que era una misión improbable la reubicación que se pedía, pues no existía una cifra oficial de cementerios en Colombia, aunque podía estimar que aproximadamente 90 de cada 100 camposantos se apostaban en zonas urbanas. Dijo, además, que la mayoría se hallaban en municipios que no contaban con más recursos que los que la Iglesia podía ofrecer para manejarlos.
La reubicación masiva nunca se dio. La Resolución 1447 de 2009 fue modificada por la 5194 de 2010 para aclarar, entre otros aspectos, que los parámetros de ubicación descritos cobijaban solo a los camposantos que se construyeran a futuro. En cualquier caso, diez años después, el panorama poco ha cambiado.
La ONG Equitas, que realiza investigación forense en el país, calcula que solo un 3 % de los cementerios cumplen a cabalidad con lo requerido en la resolución 5194 de 2010: capacidad, construcción, planes de operación y contingencia, normas de salubridad, requisitos de inhumación, cremación y exhumación y tantos otros.
Pese a las reticencias de las autoridades ambientales sobre los requerimientos técnicos y presupuestales en los que deberían incurrir las administraciones locales, reconocen amplios riesgos derivados de la operación de camposantos, problemas ante los cuales, además, el país camina un poco a ciegas, pues al no existir cifra oficial de cuántos cementerios hay, se adolece de estudios concretossobre las consecuencias de su actividad. Pero hay cifras de esta problemática a nivel internacional que sirven para dimensionar mejor el asunto.
Cada año los entierros en EE. UU., producen 3.130 millones de litros de fluidos (incluido formol), 2.700 toneladas de bronce y cobre, 90.272 toneladas de hierro, más de 30 millones de toneladas de madera y 1.636.000 toneladas de concreto reforzado, según cifras de la Asociación de Ataúdes y Funerales de América.
Por esta y otras tres razones, el director del Museo Cementerio San Pedro, Juan José Restrepo, considera que estos lugares, tal como existieron durante décadas, no tienen cabida en el futuro.
“El costo de la tierra es cada vez más inaccesible, los planes de ordenamiento territorial son cada vez más rigurosos y con la prevalencia de la cremación no se necesitan ya grandes bóvedas, sino nichos donde depositar las cenizas a perpetuidad”, explica.
El mismo San Pedro se erige como ejemplo de transformación ante nuevas necesidades, pues mediante permiso de Mincultura (es patrimonio cultural y arquitectónico) ha realizado cambios de bóvedas por cenizarios en zonas no patrimoniales.
Los matices de la cremación
La cremación, tal como se realiza ahora, se reglamentó por primera vez en Gran Bretaña en 1902. Solo hasta 1963 fue aceptada por la Iglesia Católica y apenas recibió una regulación completa en Colombia, mediante la resolución 909 de 2008.
Medellín es la ciudad donde más se emplea la cremación, abarcando el 82 % del total de los servicios fúnebres cada año, según Juan José Restrepo, también vicepresidente del sector funerario de Fenalco Antioquia.
El Área Metropolitana cuenta con 13 hornos crematorios. Tiene una capacidad instalada para 156 cuerpos incinerados diarios. En la etapa más crítica de este año, en agosto, llegó a operar por encima del 60 % .
Sin embargo, actualmente opera en promedio con el 50 % de su capacidad instalada, por lo cual, explica Restrepo, el Área difícilmente se expone a una contingencia.
La pandemia expuso las grietas de la cremación como práctica fúnebre. Bogotá, por ejemplo, operó a principio de agosto por encima de la capacidad de sus hornos crematorios, lo que forzó a tener cinco contenedores para albergar cadáveres mientras lograban ser incinerados, algo que en concepto de Beatriz Álvarez, vicepresidente del Comité Nacional de Servicios Funerarios de Fenalco y gerente de la Funeraria Gaviria, pudo evitarse si los gobiernos Distrital y Nacional hubiesen avalado su solicitud de regular previamente el uso de hornos crematorios portátiles.
Otro problema que se desprende de la cremación es el impacto ambiental. En Fontibón, Cundinamarca, el pasado 22 de julio, habitantes atacaron el horno del cementerio municipal alegando que ante el aumento de incineraciones los olores y emisiones estaban afectando a 1.500 familias.
Y aunque la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –Uaesp– dijo que el horno cumple con la normativa de emisiones de dióxido de carbono (CO2), el impacto atmosférico es innegable. Reconoce que cada cremación arroja 400 kilos de CO2, sin contar otros agentes como mercurio, dióxido de azufre y partículas inorgánicas.
Otros destinos finales
En junio de 2013 el Grupo Prever innovó con el primer cementerio ecológico del país, ubicado en Montesacro, un proyecto pensado para inhumar 30.000 osarios en 3.000 metros cuadrados, en urnas biodegradables hechas con sustratos orgánicos y compuestos vegetales, y ahorrando el 99 % del espacio que ocuparía un ataúd.
Esta propuesta ofrece una aproximación a los cambios que experimenta hoy el mundo. Dice Beatriz Álvarez que la industria funeraria en el país está en capacidad de traer alternativas más ecológicas y sostenibles para la disposición final de cadáveres, pero los pocos avances en materia de legislación le ata de manos.
Una de estas alternativas, explica, es la hidrólisis alcalina, legal en Norteamérica, y que consiste en sumergir el cuerpo en líquidos en un contenedor de acero presurizado que acelera el proceso de degradación de tejidos y finalmente los huesos se pulverizan y entregan a los familiares en urnas similares a los cenizarios. Un proceso que reduce en un 75 % la huella de carbono de una cremación, resalta.
Otra modalidad es el compostaje humano, aprobado en febrero en Whashington, que consiste en depositar el cuerpo en un recipiente con oxígeno, cubrirlo con paja, alfalfa y astillas de madera y ubicarlo de una forma específica para que se descomponga de manera uniforme al interior de unas instalaciones de las cuales, 30 días después, los familiares pueden retirar el abono orgánico derivado del proceso de recomposición del cuerpo, es decir, cuando el cadáver se integra a la tierra, y disponer de este compost en el campo, un bosque o donde elijan.
Álvarez señala que es necesario que “de la crisis sanitaria salgamos fortalecidos y hallemos nuevas perspectivas en materia funeraria. Entendamos que la ciencia y la responsabilidad ambiental son ineludibles en este tema”.
Importa el mensaje
Por supuesto que en un país como Colombia, que según cifras de la Santa Sede (2017) tiene 45,3 millones de bautizados en la religión Católica, en cualquier discusión relacionada con el rito mortuorio debe estar involucrada la fe.
Por eso, según opina el padre Euclides Eslava, director del Departamento de Teología de la Universidad de la Sabana, la Iglesia no cierra la puerta a nuevas prácticas. “Lo único que pide la Iglesia es que no haya rechazo de la fe en la vida eterna. Lo importante de estos ritos es que brinden consuelo a los deudos, que sirvan como catequesis para hacerles ver las verdades eternas: que estamos de paso, que hay que luchar por vivir lo mejor posible y pedir a Dios por la resurrección de esa alma”, expresa.
Es uno de los aprendizajes que, dice monseñor Barreto, ha dejado esta pandemia. “Hacer una eucaristía a través de facebook live, ante una familia devastada por una pérdida, ha sido algo complejo pero que nos ha servido a los pastores de la Iglesia a reforzar el sentido de la espiritualidad y nuestra labor acompañar a la comunidad sin excusa alguna”, dice.
Juan José Restrepo, el director ejecutivo del cementerio San Pedro, concluye que, independientemente de las formas, es importante “conservar un espacio físico y la tradición del encuentro alrededor de nuestros muertos, porque solo así el ritual sigue vivo y una parte fundamental de lo que somos como sociedad sigue vívida”.
300
hornos crematorios, aproximadamente, existen en el país: Fenalco.
27
kilos de CO2 emite un cuerpo en la cremación: Consejo de Investigaciones CSIC Europa.
0,76
m2 de tierra se producen con la recomposición de un cadáver. (Empresa Recompose)
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