Con lo que cabe en una maleta, así salieron desde hace un mes los desplazados de La Caucana, en Tarazá; de las Flechas, en Ituango (ambas en Antioquia); y de varias veredas de Puerto Libertador (en Córdoba) a buscar cobijo en otra parte, porque los grupos armados se disputan el territorio en el que habitan, los amenzan y los dejan en medio del fuego cruzado.
El anhelo de paz fue destruido muy pronto, la presencia de los Caparrapos, el Clan del Golfo, el Eln y las disidencias de las Farc hicieron invivible el campo en el que habitan. El amor a la tierra no fue suficiente para que se aferraran a lo poco que tienen en sus veredas y cogieran trocha arriba o hacia abajo, según tocara, para salvaguardar la vida de los suyos.
Según la Unidad para las Víctimas, ya son más de 2.200 las personas que se han desperdigado hacia las cabeceras municipales o las capitales departamentales más cercanas a buscar cómo levantar el sustento.
La mayoría están agolpadas en Puerto Libertador, donde concurrieron casi 2.000 de ellas, 71 en Ituango y 67 en Medellín.
El 21 de marzo, 121 familias (368 personas) tuvieron que salir de las veredas Santa Rosa, de Puerto Libertador, y La Flecha, de Ituango, por amenazas de un grupo armado ilegal, y llegaron al casco urbano del pueblo.
El 25 del mismo mes, salieron 609 familias (1.738 personas), entre ellas indígenas zenú y embera katios, desde las veredas Riosucio, Rogero, Santa Bárbara, Jagua, Mutatá, Soledad, Tres Playitas y La Ilusión arribando también a la cabecera de Puerto Libetador.
Y a comienzos de esta semana llegaron 18 familias (unas 68 personas) a Medellín, desde La Caucana (tarazá), y ayer llegaron 67 a Ituango, desde Las Flechas.
Los combates
La Fuerza Pública les hace frente a los armados y es precisamente ese enfrentamiento, en un esfuerzo por sacarlos del territorio, lo que deja a las comunidades más expuestas a las balas.
“En lo corrido del 2019, el Ejército ha tenido 59 combates, 25 de ellos en el sur de Córdoba y Bajo Cauca antioqueño, lo que ha permitido evitar acciones criminales contra la población civil, la Fuerza Pública y la infraestructura productiva de la región, logrando así proteger a las comunidades manteniendo la estabilidad de la zona en pro de su desarrollo social y económico”, dice un comunicado de la Séptima División.
Así es la atención
En cada municipio hacen lo que pueden y lo que alcanza con el presupuesto para atender a la población desplazada. Por ejemplo, en Ituango, la comunidad está autoalbergada en la casa de algún familiar o amigo y, de acuerdo con el alcalde Hernán Darío Álvarez, la Alcaldía entregó mercados a quienes se desplazaron; para el resto de la atención acuden a la Unidad para las Víctimas.
“La entidad brinda apoyo económico subsidiario a los municipios afectados por los desplazamientos forzados. Desde el año pasado, debido al incremento de estas emergencias, se destinaron casi 6.500 millones de pesos para garantizar alojamiento, alimentación y subsistencia mínima para casi 5.000 familias, la mayoría procedentes del Bajo Cauca y norte de Antioquia”, explicó director de la Unidad para la Reparación a las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena.
Solo en Puerto Libertador, y para esta emergencia, han sido destinados 341 millones de pesos, que se han invertido en un kit de alistamiento para el albergue, 730 kit de alimentos, 350 kit de hábitat compuestos por sábanas, toldillos, cobijas, colchonetas, toallas, vajillas y elementos de cocina.
Las familias esperan, más que la ayuda que es urgente y necesaria, poder contar con las condiciones para regresar dignamente a sus viviendas, que el Estado les de las garantías para volver a su territorio.
