Los derechos de los niños prevalecen sobre los demás, según lo dice la Constitución. A la luz de este postulado, ¿habría razón en que se deba levantar el paro de maestros porque con la protesta están violando su derecho a la educación?
La Federación de Padres de Familia anunció que presentará una acción de tutela contra el Ministerio de Educación y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, para que se reinicien las clases y se garantice el derecho a la educación de ocho millones de estudiantes.
Este recurso será impuesto el próximo martes (27 días después de iniciado el paro), si no se ha llegado a un acuerdo para retomar el año escolar, informó Carlos Ballesteros, líder de la Federación.
Según dijo, ni Fecode ni el Ministerio de Educación tienen la voluntad para llegar a un acuerdo y levantar el paro, aunque advirtió que apoyan los reclamos de los docentes.
Francisco Cajiao, experto en educación, admitió que “si alguien pone una tutela porque se niega el derecho a la educación, tiene las de ganar, si nos acogemos al principio constitucional”.
Sin embargo, recalcó que podría haber vacíos en este propósito: así se gane la tutela, el tema no tiene efectos. “Es decir que si a mí me entutela alguien y yo no hago lo que la tutela manda, me pueden meter preso. Pero en este caso, ¿cómo metemos presos a 320 mil maestros?”.
La tutela tendría sentido, consideró Cajiao, porque “se le está negando la educación y eso es un hecho. Los maestros tienen todo derecho a protestar, pero no se puede a costa de los estudiantes. Es como los médicos: pueden protestar, pero no atentar contra la vida de los pacientes metiendo los hospitales en paro”.
Desde el punto de vista legal, el director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, Jorge Burbano, consideró que no tiene futuro.
“La tutela es una herramienta para la protección de derechos de carácter individual. Entonces hay que mirar si tiene titularidad la asociación de padres de familia para representar a todos los padres del país. Creo que no. Aparte, considero que hay una confusión entre el derecho a la escolarización y el de la educación que es mucho más amplio”, explicó.
Con estas bases, Burbano concluyó que sería inviable la tutela “porque daría ordenes que no se pueden materializar: No se puede apresar a todos los maestros y ni Fecode ni el Ministerio pueden dictar el regreso a clases”.
Además, recalcó que sería un riesgo para el país que un paro se resuelva por medio de un juez: “En una democracia debe primar la negociación”.
