La auditoría forense ordenada por el gobierno de Abelardo De La Espriella sobre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) puso bajo la lupa la operación de la agencia estatal durante el gobierno de Gustavo Petro y dejó un expediente de hallazgos que ahora será remitido a la Fiscalía.
El material recopilado, de acuerdo con la denuncia de la revista Semana, incluye 147 terabytes de información, 40 equipos de cómputo y cinco celulares y tabletas, elementos que ya están bajo cadena de custodia.
Cerca de 20 % de los más de 500 funcionarios de la entidad también estaría colaborando con los investigadores mediante testimonios y documentos, se lee en la publicación periodística.
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Así se fue desviando la misionalidad de la DNI
Uno de los principales focos de la revisión está en la estructura que se configuró después de la reorganización de la DNI mediante el Decreto 1077 del 23 de agosto de 2024.
El decreto sí modificó formalmente la estructura interna de la entidad y creó, dentro de la Dirección de Contrainteligencia, una Subdirección de Asuntos Internos y Seguridad de Activos.
La propia DNI ha sostenido que se trató de una reorganización interna que no modificó las funciones legales de la agencia.
Sin embargo, fuentes citadas por Semana sostienen que, durante el gobierno Petro, se consolidó un grupo al que internamente describen como un “hoyo negro”, con acceso a información reservada y que habría operado con controles insuficientes.
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Según esa publicación, ese grupo trabajó de manera articulada con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Dian, y se investigan posibles extralimitaciones en el manejo de información sobre opositores, periodistas y funcionarios.
Entre los nombres mencionados en la investigación aparecen el exfiscal Francisco Barbosa, la exvicefiscal Martha Mancera, los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque, los exgenerales Eduardo Zapateiro, Luis Fernando Navarro y Jorge Luis Vargas, además de María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Miguel Uribe Turbay, Ramiro Bejarano y la periodista Vicky Dávila.
Una fuente de la UIAF citada por Semana aseguró que sobre varios de ellos se habrían realizado escuchas, seguimientos y consultas selectivas en bases de datos.
Se trata de señalamientos que deberán ser establecidos por las autoridades mediante las respectivas investigaciones.
Frente a estas revelaciones, el exfiscal Barbosa calificó los hechos como de “extrema gravedad” y advirtió sobre sus posibles implicaciones para la independencia de la justicia.
“Si los hechos se confirman, constituirían uno de los ataques más graves contra la independencia de la justicia en la historia reciente del país”, señaló Barbosa en un comunicado.
Según el exfiscal, el eventual uso del aparato de inteligencia estatal para vigilar al fiscal general habría ocurrido mientras el ente acusador adelantaba investigaciones contra personas cercanas al entonces presidente Gustavo Petro.
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Para Barbosa, de confirmarse esa actuación, se trataría de un intento por “intimidar y neutralizar a la justicia”. El exfiscal también fue enfático en señalar que ninguna autoridad administrativa o de inteligencia en Colombia está facultada para interceptar comunicaciones sin una orden judicial.
La auditoría también describe un presunto método de infiltración: la creación de una amenaza falsa contra una figura pública, seguida de la asignación de un esquema de protección de la UNP o de la Policía, lo que habría permitido recopilar información detallada sobre la persona bajo vigilancia.
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Este patrón es presentado en los hallazgos como una de las hipótesis que deberá ser verificada por la Fiscalía.
En materia de personal, el informe conocido señala que al menos la mitad de los funcionarios que ingresaron durante la administración anterior no habría cumplido requisitos de idoneidad o habría perdido la prueba del polígrafo.
Sistemas de ciberseguridad inseguros
Más de 100 trabajadores son actualmente considerados factores de riesgo “crítico” o “alto”, de acuerdo con la auditoría. También se reportaron diez funcionarios que representarían un alto riesgo de fuga de información y vulnerabilidades en los sistemas de ciberseguridad.
Otro hallazgo apunta a funcionarios con doble nacionalidad colombiana y venezolana sobre quienes existen sospechas de posibles irregularidades en sus registros civiles.
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Además, la auditoría habla de una “sospecha fundada” sobre presencia o influencia de agentes de inteligencia de Rusia, Irán, Cuba y Venezuela.
En esa misma línea, se investigan dos viajes realizados en 2025 en los que grupos de hasta diez funcionarios de la DNI habrían recibido entrenamiento en Rusia, presuntamente por parte del Servicio Federal de Seguridad, FSB.
Estos señalamientos tampoco equivalen, por sí mismos, a decisiones judiciales sobre los involucrados. El manejo de los gastos reservados constituye otro capítulo de la auditoría.
Según el informe citado por Semana, la DNI destinó entre $7.000 millones y $10.000 millones anuales en ese rubro durante los últimos cuatro años, con el mayor desembolso en 2025.
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Los investigadores detectaron problemas de trazabilidad en el uso de esos recursos y cuestionaron, entre otros aspectos, un software biométrico ABIS que costó $580 millones y que nunca habría funcionado.
A esto se suma la compra de un dron por $9.000 millones en octubre de 2023. De acuerdo con la auditoría, el equipo no cumplió con las especificaciones técnicas requeridas, terminó siniestrado en el Catatumbo y fue operado por personal de la Fuerza Aérea, pese a que, según el informe, su utilización no correspondía con la misionalidad de la DNI.
La revisión también puso bajo observación la sede de la DNI en Funza, Cundinamarca, una infraestructura cuyo costo llegó a unos $40.000 millones y que, según Semana, todavía no había sido entregada oficialmente al momento de la auditoría.
¿Y los directores de la DNI dónde estaban?
En el periodo analizado estuvieron al frente de la entidad Manuel Casanova, Carlos Ramón González, Jorge Arturo Lemus, René Guarín y Wilmar Mejía, cuyos desempeños y actuaciones aparecen ahora bajo revisión por distintos episodios.
El presidente Abelardo De La Espriella encargó la dirección de la DNI al general retirado Jorge Andrés Zuluaga, cuyo nombramiento quedó formalizado mediante el Decreto 1374 del 9 de septiembre de 2026.
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La nueva administración anunció que buscará reforzar la estructura operativa y recuperar canales de cooperación internacional con agencias como la DEA, CIA, FBI, Mossad y MI6, mientras entrega a las autoridades judiciales los hallazgos de la auditoría.
La dimensión penal de estas revelaciones aún está por establecerse.
Por ahora, lo que existe es una auditoría con hallazgos y señalamientos, material entregado bajo cadena de custodia y una serie de investigaciones que deberán determinar si hubo uso indebido de información, actuaciones por fuera de la ley, irregularidades administrativas o eventuales delitos dentro de la agencia de inteligencia.
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Preguntas y respuestas
- ¿Qué encontró la auditoría forense en la DNI durante el gobierno de Gustavo Petro?
- La auditoría reportó posibles irregularidades en el manejo de información reservada, controles internos, seguridad informática, gastos reservados, contratación y operaciones de inteligencia. Entre el material recopilado hay 147 terabytes de información, 40 equipos de cómputo y cinco celulares y tabletas, que, según Semana, quedaron bajo cadena de custodia y serán puestos a disposición de las autoridades.
- ¿Qué es el “hoyo negro” de la DNI mencionado en la auditoría?
- El término “hoyo negro” corresponde a la descripción utilizada por fuentes citadas por Semana para referirse a un grupo que habría tenido acceso a información reservada y habría operado con controles insuficientes. La publicación señala que se investiga si esa estructura realizó consultas o actividades sobre opositores, periodistas y funcionarios, pero esas afirmaciones todavía deben ser establecidas mediante las investigaciones correspondientes.
- ¿Qué cambió el Decreto 1077 de 2024 en la Dirección Nacional de Inteligencia?
- El Decreto 1077 del 23 de agosto de 2024 modificó formalmente la estructura de la DNI y creó, dentro de la Dirección de Contrainteligencia, la Subdirección de Asuntos Internos y Seguridad de Activos. Sus funciones incluyen proteger las actividades misionales, sistemas, información y comunicaciones de la entidad y realizar análisis sobre la credibilidad y confiabilidad de funcionarios, contratistas y fuentes.
- ¿A quiénes habría vigilado o seguido la DNI, según la auditoría?
- Una fuente de la UIAF citada por la revista afirmó que sobre algunos de ellos se habrían realizado escuchas, seguimientos o consultas selectivas, afirmaciones que deberán ser verificadas por las autoridades.
