Han pasado 111 días desde que la región del Catatumbo terminó sumida en una crisis humanitaria sin precedentes. La guerra por el territorio entre el ELN y las disidencias de las FARC ya obligó –al menos al grupo que parece derrotado– a aceptar la oferta de paz total que le tendió el Gobierno Nacional.
Se trata de los disidentes del Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), un grupo de ilegales que ahora caminará hacia una zona de preagrupamiento con la intención de dar los pasos hacia la dejación de armas y el tránsito a la vida civil.
Lea más: Paz lejana: Guaviare y los otros cinco focos donde está encendida la mecha del conflicto en Colombia
Es que el grupo –que obedece a las órdenes de alias Calarcá Córdoba– ha sido el más golpeado durante la confrontación bélica en esa región. Las cifras del Puesto de Mando Unificado indican que 161 combatientes han optado por la desmovilización: 130 eran disidentes, 4 guerrilleros del ELN y 27 menores de edad.
La delegación de paz del Gobierno y del grupo irregular se reunieron durante este fin de semana en Cúcuta para afinar detalles de lo que será el traslado hacia la Zona de Ubicación Temporal (ZUT). De momento, se sabe que estarán en zona rural de Tibú (Norte de Santander).
“Comienza la paz del Catatumbo”, celebró el presidente Gustavo Petro cuando conoció la decisión de los ilegales de ir a las ZUT. Es que la medida estaba en duda.
Los disidentes de Calarcá y el Gobierno vienen en negociaciones desde octubre de 2023, desde entonces también perduraba un cese al fuego bilateral que se fue prorrogando por 18 meses.
Entérese: Ellos eran los seis militares muertos en el ataque de las disidencias de las Farc en Guaviare
Sin embargo, el pasado 18 de abril el presidente Gustavo Petro suspendió el cese al fuego y cambió la medida por una suspensión de un mes de las operaciones militares ofensivas contra esas disidencias. Todo quedó consignado en el Decreto 448 DE 2025.
La intención del Gobierno era que ese grupo disidente tuviera las garantías de logística y seguridad necesarias para avanzar hacia zonas de preagrupamiento. Pero en la mitad ocurrió una aparente emboscada de los disidentes contra un pelotón del Ejército que dejó 7 uniformados muertos en el Guaviare y que sumió la mesa en una crisis.
Solo el Frente 33 aceptó el ofrecimiento de caminar hacia las ZUT. Los demás Bloques y Frentes de Calarcá rechazaron esa opción en tanto, alegaron, no había sido contemplada en las discusiones de la mesa de paz.
“Esta no será una zona de distensión y no busca generar más violencia. Lo que busca es ayudar a bajarle la intensidad al conflicto armado en el Catatumbo. Este no es el fin del proceso, sino el inicio de una nueva fase y muestra de nuestro compromiso con la paz de Colombia”, señaló Andrey Avendaño, comandante de las disidencias del Frente 33.
Según el Acuerdo que se firmó entre las partes, serán ambas delegaciones las encargadas de elaborarlos Acuerdos y Protocolos para el establecimiento de la Zona, así como su funcionamiento y temporalidad en cada una de sus fases.
¿Cómo serán las Zonas de Ubicación Temporal?
La ley 2272, también conocida como la Ley de la Paz Total, dejó descritas las características de las zonas a las que, se espera, arriben en los próximos días los integrantes de la disidencia.
“Se deberá garantizar el normal y pleno ejercicio del Estado de Derecho. El Gobierno definirá la manera cómo funcionarán las instituciones públicas para garantizar los derechos de la población”, especifica la ley.
El Ejecutivo, en esas zonas, quedó facultado para delimitar geográficamente el espacio, establecer los roles de las instancias nacionales e internacionales que participen en la dejación de armar y realizar en los lugares actividades de reincorporación para el tránsito hacia la vida civil.
Luis Fernando Niño, alto consejero de Paz en Norte de Santander, manifestó, por su parte, su preocupación porque los disidentes estarán agrupados en una zona que también es dominada por el ELN.
“No hemos recibido ninguna información frente a la dejación de armas de los integrantes del frente 33 de las Farc, no sabemos cuántos hombres van a ingresar, ni mucho menos si van a entrar con armas o sin ellas a una zona en donde hay presencia del ELN y quiénes van a ser los verificadores”, afirmó el funcionario.
La Defensoría del Pueblo, el ministerio de Defensa y las partes en esta mesa de negociación acordaron reunirse este 6 de mayo en Cúcuta para elaborar los acuerdos y protocolos para el establecimiento de la ZUT.
Otro de los temas álgidos que deberá definir el Gobierno es la extradición de cabecillas. En poder de las autoridades está Willinton Henao, alias Mocho Olmedo y también pesa una orden de extradición, aunque no está capturado, de alias John Mechas con circular roja de la Interpol. Ese es un blindaje jurídico que los disidentes han reclamado antes de dejar las armas.
“La política de extradición dependerá de entrar en procesos avanzados de paz, he solicitado a la Fiscalía configurar grupos de trabajo especiales para examinar la situación jurídica de quienes hagan la paz. La protección de la población civil y el desmantelamiento de las economías ilícitas son el fundamento de los nuevos procesos de paz”, dijo Petro.
