El abogado Diego Cadena, procesado por su aparente responsabilidad en el soborno a testigos para que declararan en favor del expresidente Álvaro Uribe, le radicó una dura petición a la fiscal general Luz Adriana Carmargo: pidió que el fiscal del juicio que avanza en su contra sea retirado.
La misiva fue radicada este 1 de julio ante el despacho de la fiscal general. Pidió que el fiscal del caso, Daniel Hernández, sea retirado del, según él, porque el acusador está imputado por la misma Fiscalía por los delitos de prevaricato y concusión.
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Para los abogados de Diego Cadena, la permanencia del fiscal Hernández afectaría la “credibilidad, neutralidad y legitimidad institucional del ejercicio de la acción penal”.
La carta también fue firmada por Juan José Salazar. Él y Cadena están siendo juzgados por su aparente responsabilidad en los delitos de fraude procesal y soborno a testigos: el expediente construido por la Fiscalía indica que ambos habrían buscado presos y les ofrecieron beneficios a cambio de testificar en favor del expresidente Uribe.
“El Estado tiene el deber de asegurar que quienes representan el poder punitivo se encuentren libres de todo reproche ético o jurídico que pueda comprometer la integridad y legalidad de sus actuaciones. En este caso, el conflicto es evidente: quien está siendo procesado por hechos lesivos al interés público no puede, a su vez, sostener válidamente una acusación penal en nombre de ese mismo interés”, señaló la defensa de los abogados procesados.
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También remitieron una carta al procurador general, Gregorio Eljach en la que pidieron que se tuvieran en cuenta los alegatos finales del procurador Bladimir Cuadro en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe.
“En consecuencia, solicitamos respetuosamente que, en el proceso que se surte en nuestra contra, se mantenga la línea jurídica previamente asumida por el delegado del Ministerio Público en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez, quien en sus alegatos finales solicitó la absolución del procesado. Dicha solicitud no solo se encuentra debidamente sustentada y en armonía con el estado actual del proceso, sino que además responde al ejercicio de valoración probatoria realizado por el Ministerio Público, el cual fue guiado por criterios racionales, que son los únicos que deben orientar el análisis, máxime en procesos con tendencia a la parcialidad por cuestiones políticas”, apuntaron los acusados.
Uno de los argumentos centrales del procurador Cuadro tuvo que ver con la interpretación que se le dio a las interceptaciones telefónicas entre Álvaro Uribe, Diego Cadena y su círculo cercano.
El delegado apuntó que el contenido de las conversaciones no permite concluir que haya existido una intención por parte del expresidente para sobornar testigos. Por el contrario, insistió en que Uribe Vélez mostraba el interés de que el acercamiento con los testigos se hiciera con apego a la ley.
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