Gustavo Petro dejó como herencia diversos escándalos que “pusieron en riesgo la gestión pública”, según “El libro de la verdad” o “libro blanco” presentado por el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. Entre esos casos, el mandatario denunció una “nómina paralela” compuesta por 900.000 contratos de prestación de servicios.
De la Espriella calificó esos contratos como “corbatas” y habló de un “uso desmedido” de esa figura de vinculación, que supondría un pasivo contingente (obligación, gasto o deuda potencial) por $5 billones de pesos para el Estado.
En el documento, entregado a las cabezas de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, se reúnen denuncias sobre presuntas irregularidades detectadas durante el gobierno anterior, y fue elaborado a partir de hallazgos recopilados por el equipo de empalme del nuevo gobierno.
Los casos incluyen a los sectores de Presidencia, Defensa Nacional, Función Pública, Inclusión Social y Reconciliación, Minas y Energía, Agricultura y Desarrollo Rural, Educación y Hacienda y Crédito Público.
1. Nóminas paralelas para 900.000 contratistas
En cuanto a las nóminas paralelas, De la Espriella denunció hasta 900.000 contratistas de prestación de servicios. Esta práctica, según lo expuesto en el documento, “vulnera los límites normativos y expone a la Nación a un pasivo contingente que se cuantifica en billones de pesos”.
Entre las consecuencias se habla de que “los programas sociales sufren interrupciones constantes cada vez que vence un contrato”, de plata que “debería destinarse a inversiones más estratégicas para el desarrollo del país, como escuelas, hospitales y otra infraestructura pública”, entre otras.
Según fuentes consultadas por EL COLOMBIANO, hay información de varias entidades donde, semanas antes de que Petro dejara el poder, hubo un aumento disparado de contratos.
A tal punto de que no había lugar para trabajar. Entre esas entidades están los ministerios de Agricultura, TIC, Vivienda y Ambiente, o la Aerocivil.
De esta última entidad se conoció que mandaban a los funcionarios a deambular por los aeropuertos porque no había lugar para ellos en las oficinas, y tampoco claridad de qué ponerles de trabajo.
2. Irregularidades y corrupción en la UNGRD
De la Presidencia se expone la “baja ejecución, recursos inmovilizados y fallas de trazabilidad contractual” de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD).
El caso detalla que la entidad “registró una ejecución acumulada de apenas el 4,3 % de su apropiación total de $15,3 billones”, equivalentes al 82,8 % del Sector Presidencia, según la plataforma SIIF Nación II, utilizada para gestionar la información financiera de las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.
Se destaca que los estados financieros de 2024 fueron calificados como “no razonables” por la Contraloría General, que no aprobó (o feneció) la cuenta fiscal por una incertidumbre de $1,29 billones. En otras palabras, que hay presuntas inconsistencias o falta de soporte.
Según expone Carlos Ríos, director del Dapre, hay $856.289 millones girados anticipadamente, $240.289 millones pendientes de reintegro de convenios vencidos según la Contraloría y $282.990 millones destinados a obras de reducción del riesgo “cuya trazabilidad debe precisarse”.
A eso se suma un decreto para trasladar cerca de $4 billones a la entidad al final del gobierno Petro, suspendido por el Consejo de Estado. Este habilitaba a la UNGRD a ejecutar recursos mediante negociaciones directas “a dedo”, omitiendo procesos de licitación pública.
Todo lo anterior tiene el trasfondo del mayor escándalo del gobierno Petro: cerca de $2 billones quedaron en juego y Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector, respectivamente, revelaron que usaron esa plata para pagar millonarias coimas a Iván Name y Andrés Calle, presidentes del Congreso, para aceitar el trámite de las “reformas sociales” en el Legislativo.
3. Líos con recursos para la niñez
La Sentencia T-302 de 2017, que ordenó proteger a la niñez del departamento de La Guajira. Con base en esa jurisprudencia, el gobierno Petro suscribió “1.085 contratos por $1,78 billones” entre 2022 y el 9 de julio de 2026, “pasando de 6 contratos por $443 millones en 2022 a 332 por $557 mil millones en 2026.
Según el documento, el 94,3 % de los recursos fue ejecutado por el ICBF (Bienestar Familiar) Regional La Guajira, “sin que ese incremento sostenido se traduzca en mejoras verificables en el bienestar de las comunidades”.
A su vez, la Procuraduría advirtió desde 2024 demoras contractuales, procesos desiertos, afectación a 80.000 familias y la ausencia de un censo confiable de beneficiarios.
En otras palabras, se habría repartido la contratación “sin tener certeza de a quién estaba llegando la ayuda”. En 2025, el ente de control reiteró la alerta y dijo que “la atención de 102.000 niños estaba en riesgo por los mismos retrasos que ya había denunciado un año antes”.
4. Sin plata para Colombia Mayor en 2026
Justo después, se menciona la “desfinanciación” del programa de subsidios Colombia Mayor, entre agosto y diciembre de 2026, pese a que habían sido asignados para cubrir todo el año.
“El gobierno anterior amplió el programa sobre la expectativa de cofinanciación de $3,2 billones en un documento CONPES que no se concretó”, dice el documento, “dejando sin respaldo presupuestal los pagos correspondientes a los cinco ciclos restantes del año, de agosto a diciembre, por cerca de $630 mil millones mensuales”.
En otras palabras, el gobierno Petro amplió el programa contando con que recibiría aproximadamente $3,2 billones en financiación, pero ante la no concreción del CONPES, un paso clave en temas de planeación, los recursos no quedaron garantizados en el presupuesto, dejando a miles de beneficiarios en vilo.
Para cerca de 3 millones de adultos mayores sin pensión, dice el documento, “Colombia Mayor constituye en muchos casos el único ingreso monetario mensual”.
Defensa fue otro de los sectores afectados, de acuerdo con el informe. Dice que “el Ejército tiene un déficit presupuestal de $14 billones y la inmovilización de gran parte de su capacidad aérea: “solo 8 de 19 helicópteros MI-17 están operativos y 18 de 49 UH-60 no están disponibles por mantenimiento o falta de recursos”.
Asimismo, en la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 131 de 386 aeronaves no están operativas y solo el 52 % está disponible para volar”.
Mientras tanto, dice el informe, los grupos armados crecieron: el clan del Golfo pasó de 5.500 integrantes en 2022 a 10.000 en 2025, el Eln de 5.800 a 6.800 y el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc de 3.500 a 4.500 integrantes.
En esas, el reclutamiento de menores aumentó de 151 en 2022 a 386 casos en 2025, y es un flagelo subregistrado.
Los datos son distintos en un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), cuyo borrador fue conocido preliminarmente por EL COLOMBIANO hace unas semanas.
Según este, la organización ilegal que más creció entre diciembre de 2022 y julio de 2026 fue el clan del Golfo, que pasó de 4.061 a 10.268 (152% más); mientras que el Eln aumentó de 5.851 a 7.123 (22%) combatientes.
Hubo dos grupos que se fracturaron y sus nuevas divisiones también sumaron más integrantes al conflicto armado.
El EMC al contaba al principio con 3.576 miembros; ahora la facción que lidera “Iván Mordisco” tiene 4.480, y la que comanda “Calarcá” suma 3.001.
Esto fue en el contexto de la política de “paz total” de Petro, su principal apuesta para enfrentar la violencia.
Según el informe de la FIP, la política fracasó por factores como “los tiempos políticos, el interés criminal de los grupos o por estrategias de seguridad fallidas”, así como “por un diseño institucional y jurídico deficiente que, desde el inicio, destinó a cada una de las mesas de negociación a atravesar crisis recurrentes y a situar al gobierno en el lado débil de la negociación”.
FONIGUALDAD PAGÓ $140.910 MILLONES SIN SOPORTES
Hay otra denuncia del Ministerio de la Igualdad, uno de los principales fracasos del gobierno Petro, hoy en proceso de liquidación.
Está relacionada con Fonigualdad, un fondo paralelo. Un grupo de contratos entre ese Fondo y la empresa de servicios temporales Laborando S.A.S, por $140.910 millones, “carece de soportes que acrediten que el suministro de personal en misión contribuyó al cumplimiento de la finalidad del fondo”.
Según la exsenadora Paloma Valencia, quien hizo la denuncia inicialmente, se “usaron recursos de inversión para contratar burocracia”, en plena época de elecciones al Congreso y a la Presidencia.
Y, en un documento, la Contraloría habló de un “riesgo inminente de afectación al patrimonio público”.
Esto no implica que la plata ya se haya perdido, pero sí que haya riesgo de que los recursos se hayan utilizado sin poder demostrar que fueran destinados a lo que supuestamente les correspondían.
¿“ENGAÑO” EN LA REFORMA AGRARIA?
Una investigación publicada por La Silla Vacía reveló que, pese a la expansión presupuestal y operativa de la Agencia Nacional de Tierras durante el gobierno Petro, la reforma agraria no alcanzó las metas fijadas.
Los registros oficiales muestran que la compra de tierras apenas cumplió el 6,38 % del objetivo establecido y la formalización llegó al 38,01 % de la meta del Plan Nacional de Desarrollo.
La compra de tierras para el Fondo de Tierras alcanzó apenas 95.665 hectáreas, equivalentes al 6,38 % del objetivo de 1,5 millones de hectáreas.
En formalización de predios, el avance también fue inferior a lo proyectado, con 1.509.996 hectáreas formalizadas de una meta de 3.972.423 hectáreas.
Según el “informe de empalme”, citado en el “Libro blanco”, el Fondo de Tierras de la Reforma Agraria de Petro entregó 351.463 hectáreas, pero solo 98.148 “cuentan con registro pleno ante Instrumentos públicos, mientras 206.273 se entregaron en forma provisional”.
A su vez, la Contraloría cuestionó que la Agencia Nacional de Tierras pagó casi un billón de pesos por 537 predios comprados a la Sociedad de Activos Especiales, sin que la propiedad de esos bienes quedara consolidada a nombre de la Nación.
Esto se cita en el informe y se añade que, de esos, solo tres completaron el proceso de registro.
PATRIMONIO NEGATIVO Y PÉRDIDAS EN AIR-E
En temas de energía, el “libro blanco” describe que Air-e, empresa que lleva luz a cerca de seis millones de personas en el Caribe, intervenida por el gobierno anterior “quedó con patrimonio negativo y billones en pérdidas”.
Esto, ya que pasó de un patrimonio de “más de $2,22 billones en 2023”, a “-$377.662 millones en 2025, con pérdidas acumuladas de $2,59 millones”.
El reporte dice que “dos auditorías financieras se absutiveron de opinar por falta de evidencia suficiente” y que “se registraron $2,69 billones en deterioros contables sin soporte suficiente”, además de tres investigaciones en curso en Fiscalía.
El documento resalta que “ya hay afectaciones en los usuarios” en temas de tarifas, en pleno fenómeno de El Niño.
También se habla de “numerosas evidencias” de contrataciones “irregulares”, pero no se explica cuáles son.
POSIBLES IRREGULARIDADES EN EL FOMAG
El Fomag es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Es decir, una cuenta especial que maneja salud, pensiones y cesantías de los profesores del sector público.
El “Libro blanco” habla de “ineficiencia administrativa” y “más de $548.000 millones en hallazgos fiscales” entre 2023 y 2025.
En una auditoría de la Contraloría, revelada a finales de julio, hubo hallazgos que incluyen pagos de mesadas pensionales a personas fallecidas, desembolsos irregulares y recursos destinados a cubrir obligaciones que no le correspondían al Fondo.
El informe habla, en total, de 61 hallazgos: 23 con incidencia fiscal, 54 con presunta connotación disciplinaria y 4 con presunta incidencia penal.
Se suman, dice el documento, los cuestionamientos sobre diez contratos de transacción por cerca de $1,2 billones, suscritos en 2023 y 2024.
“Detrás de esas cifras hay una realidad mucho más difícil: maestros esperando una cita, un especialista, un medicamento o un tratamiento, y familias tratando de encontrar una respuesta en un sistema que todavía no logra funcionar como debería”, se lee.
En pensiones también hay retrasos e incumplimientos.
“BOMBA DE TIEMPO” FISCAL
Finalmente, se habla del manejo de la deuda pública y las operaciones con títulos de Tesorería (TES).
El vicepresidente Restrepo cuestionó que se hubiera elevado del 50% al 100% el límite de adjudicación mediante la emisión de estos títulos y señaló que las tasas de colocación —las que los bancos y entidades financieras cobran a personas y empresas por prestarles recursos— se ubicaron entre el 13% y el 15%.
En términos sencillos, Restrepo explicó que estas decisiones tendrán efectos sobre las finanzas públicas en los próximos años.
“Este es un golpe silencioso al bolsillo de los colombianos”, afirmó, al advertir que una mayor proporción del presupuesto nacional tendría que destinarse al pago de deuda e intereses.
El informe agrega que “la deuda antigua contratada a tasas bajas fue reemplazada por obligaciones a tasas casi del doble, que el país pagará durante décadas”.
En resumen, se habla de un posible detrimento patrimonial, por lo que la Contraloría remitió el caso a la Procuraduría.
“Una bomba de tiempo fiscal heredada por decisiones que hoy están bajo la lupa de los entes de control”, dice el “Libro blanco”.
5. Costos del fracaso de la ‘paz total’
Defensa fue otro de los sectores afectados, de acuerdo con el informe. Dice que “el Ejército tiene un déficit presupuestal de $14 billones y la inmovilización de gran parte de su capacidad aérea: “solo 8 de 19 helicópteros MI-17 están operativos y 18 de 49 UH-60 no están disponibles por mantenimiento o falta de recursos”.
Asimismo, en la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 131 de 386 aeronaves no están operativas y solo el 52 % está disponible para volar”.
Mientras tanto, dice el informe, los grupos armados crecieron: el clan del Golfo pasó de 5.500 integrantes en 2022 a 10.000 en 2025, el Eln de 5.800 a 6.800 y el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc de 3.500 a 4.500 integrantes.
En esas, el reclutamiento de menores aumentó de 151 en 2022 a 386 casos en 2025, y es un flagelo subregistrado.
Los datos son distintos en un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), cuyo borrador fue conocido preliminarmente por EL COLOMBIANO hace unas semanas.
Según este, la organización ilegal que más creció entre diciembre de 2022 y julio de 2026 fue el clan del Golfo, que pasó de 4.061 a 10.268 (152% más); mientras que el Eln aumentó de 5.851 a 7.123 (22%) combatientes.
Hubo dos grupos que se fracturaron y sus nuevas divisiones también sumaron más integrantes al conflicto armado.
El EMC al contaba al principio con 3.576 miembros; ahora la facción que lidera “Iván Mordisco” tiene 4.480, y la que comanda “Calarcá” suma 3.001.
Esto fue en el contexto de la política de “paz total” de Petro, su principal apuesta para enfrentar la violencia.
Según el informe de la FIP, la política fracasó por factores como “los tiempos políticos, el interés criminal de los grupos o por estrategias de seguridad fallidas”, así como “por un diseño institucional y jurídico deficiente que, desde el inicio, destinó a cada una de las mesas de negociación a atravesar crisis recurrentes y a situar al gobierno en el lado débil de la negociación”.
6. FonIgualdad pagó $140.910 millones sin soportes
Hay otra denuncia del Ministerio de la Igualdad, uno de los principales fracasos del gobierno Petro, hoy en proceso de liquidación.
Está relacionada con Fonigualdad, un fondo paralelo. Un grupo de contratos entre ese Fondo y la empresa de servicios temporales Laborando S.A.S, por $140.910 millones, “carece de soportes que acrediten que el suministro de personal en misión contribuyó al cumplimiento de la finalidad del fondo”.
Según la exsenadora Paloma Valencia, quien hizo la denuncia inicialmente, se “usaron recursos de inversión para contratar burocracia”, en plena época de elecciones al Congreso y a la Presidencia.
Y, en un documento, la Contraloría habló de un “riesgo inminente de afectación al patrimonio público”.
Esto no implica que la plata ya se haya perdido, pero sí que haya riesgo de que los recursos se hayan utilizado sin poder demostrar que fueran destinados a lo que supuestamente les correspondían.
7. ¿”Engaño” en la reforma agraria?
Una investigación publicada por La Silla Vacía reveló que, pese a la expansión presupuestal y operativa de la Agencia Nacional de Tierras durante el gobierno Petro, la reforma agraria no alcanzó las metas fijadas.
Los registros oficiales muestran que la compra de tierras apenas cumplió el 6,38 % del objetivo establecido y la formalización llegó al 38,01 % de la meta del Plan Nacional de Desarrollo.
La compra de tierras para el Fondo de Tierras alcanzó apenas 95.665 hectáreas, equivalentes al 6,38 % del objetivo de 1,5 millones de hectáreas.
En formalización de predios, el avance también fue inferior a lo proyectado, con 1.509.996 hectáreas formalizadas de una meta de 3.972.423 hectáreas.
Según el “informe de empalme”, citado en el “Libro blanco”, el Fondo de Tierras de la Reforma Agraria de Petro entregó 351.463 hectáreas, pero solo 98.148 “cuentan con registro pleno ante Instrumentos públicos, mientras 206.273 se entregaron en forma provisional”.
A su vez, la Contraloría cuestionó que la Agencia Nacional de Tierras pagó casi un billón de pesos por 537 predios comprados a la Sociedad de Activos Especiales, sin que la propiedad de esos bienes quedara consolidada a nombre de la Nación.
Esto se cita en el informe y se añade que, de esos, solo tres completaron el proceso de registro.
8. Patrimonio negativo y pérdidas en Air-e
En temas de energía, el “libro blanco” describe que Air-e, empresa que lleva luz a cerca de seis millones de personas en el Caribe, intervenida por el gobierno anterior “quedó con patrimonio negativo y billones en pérdidas”.
Esto, ya que pasó de un patrimonio de “más de $2,22 billones en 2023”, a “-$377.662 millones en 2025, con pérdidas acumuladas de $2,59 millones”.
El reporte dice que “dos auditorías financieras se absutiveron de opinar por falta de evidencia suficiente” y que “se registraron $2,69 billones en deterioros contables sin soporte suficiente”, además de tres investigaciones en curso en Fiscalía.
El documento resalta que “ya hay afectaciones en los usuarios” en temas de tarifas, en pleno fenómeno de El Niño.
También se habla de “numerosas evidencias” de contrataciones “irregulares”, pero no se explica cuáles son.
9. Posibles irregularidades en el Fonag
El Fomag es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Es decir, una cuenta especial que maneja salud, pensiones y cesantías de los profesores del sector público.
El “Libro blanco” habla de “ineficiencia administrativa” y “más de $548.000 millones en hallazgos fiscales” entre 2023 y 2025.
En una auditoría de la Contraloría, revelada a finales de julio, hubo hallazgos que incluyen pagos de mesadas pensionales a personas fallecidas, desembolsos irregulares y recursos destinados a cubrir obligaciones que no le correspondían al Fondo.
El informe habla, en total, de 61 hallazgos: 23 con incidencia fiscal, 54 con presunta connotación disciplinaria y 4 con presunta incidencia penal.
Se suman, dice el documento, los cuestionamientos sobre diez contratos de transacción por cerca de $1,2 billones, suscritos en 2023 y 2024.
“Detrás de esas cifras hay una realidad mucho más difícil: maestros esperando una cita, un especialista, un medicamento o un tratamiento, y familias tratando de encontrar una respuesta en un sistema que todavía no logra funcionar como debería”, se lee.
En pensiones también hay retrasos e incumplimientos.
10. “Bomba de tiempo” fiscal
Finalmente, se habla del manejo de la deuda pública y las operaciones con títulos de Tesorería (TES).
El vicepresidente Restrepo cuestionó que se hubiera elevado del 50% al 100% el límite de adjudicación mediante la emisión de estos títulos y señaló que las tasas de colocación —las que los bancos y entidades financieras cobran a personas y empresas por prestarles recursos— se ubicaron entre el 13% y el 15%.
En términos sencillos, Restrepo explicó que estas decisiones tendrán efectos sobre las finanzas públicas en los próximos años.
“Este es un golpe silencioso al bolsillo de los colombianos”, afirmó, al advertir que una mayor proporción del presupuesto nacional tendría que destinarse al pago de deuda e intereses.
El informe agrega que “la deuda antigua contratada a tasas bajas fue reemplazada por obligaciones a tasas casi del doble, que el país pagará durante décadas”.
En resumen, se habla de un posible detrimento patrimonial, por lo que la Contraloría remitió el caso a la Procuraduría.
“Una bomba de tiempo fiscal heredada por decisiones que hoy están bajo la lupa de los entes de control”, dice el “Libro blanco”.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué es el “Libro de la Verdad” o “Libro Blanco” de Abelardo de la Espriella?
- Es un documento elaborado a partir de hallazgos recopilados por el gobierno de Abelardo de la Espriella. El informe reúne denuncias y cuestionamientos sobre el manejo de recursos y la gestión pública.
- ¿Qué denuncias aparecen sobre la UNGRD en el Libro Blanco?
- El documento señala baja ejecución presupuestal, recursos inmovilizados y problemas de trazabilidad contractual en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. También menciona recursos girados anticipadamente y cerca de $4 billones que fueron objeto de un decreto posteriormente suspendido por el Consejo de Estado.
- ¿Qué pasó con los recursos para la niñez de La Guajira durante el gobierno Petro?
- Según el documento, entre 2022 y el 9 de julio de 2026 se suscribieron 1.085 contratos por $1,78 billones relacionados con la atención de la niñez en La Guajira. La Procuraduría había advertido sobre demoras contractuales, procesos desiertos y problemas para identificar a los beneficiarios.
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