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Secretario inhabilitado, mal ambiente laboral y dudosos contratos: las irregularidades que sacuden a la Agencia para la Reintegración
Funcionarios de la entidad encargada de realizar la labor de reintegración de excombatientes le denunciaron a EL COLOMBIANO que en la entidad hay un tufillo de malos manejos, mermelada y contrataciones non sanctas.
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Juan Carlos Ortega Bermúdez, secretario general que salió de la ARN y ocupó el cargo inhabilitado. FOTO: Cortesía. -
Imagen de la definición social de Aldesarrollo, empresa con la que contrató la ARN el tema de logística. Foto: Tomada de su Portal Web. -
En esta imagen se ve el monto del contrato y las funciones de Aldesarrollo. FOTO: Archivo Particular. -
Foto de los requisitos ampliados para cargos de dirección territorial en la ARN. FOTO: Archivo Particular.
01 de junio de 2023
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La Secretaría General, uno de los cargos más poderosos de la Agencia Nacional para la Reintegración, ARN, entidad encargada de la reintegración de los excombatientes del conflicto armado colombiano, estuvo hasta este miércoles a cargo de Juan Carlos Ortega Bermúdez, una persona que ocupó la silla de ese despacho por tres meses pese a tener en su contra una inhabilidad en firme.
Es tanto el poder que tenía Ortega, que era el encargado de manejar el presupuesto de la ARN para este 2023, cuyo monto es de $255.733.291.696.
Ortega Bermúdez asumió la Secretaría General el pasado mes de febrero, incluso cuando conocía que en el Sistema de Información de Registros e Inhabilidades, SIRI, de la Procuraduría General de la Nación, había dos inhabilidades por cinco años registradas así: Inhabilidad para contratar con el Estado colombiano; y 2, Inhabilidad para desarrollar cargos públicos.
Según el documento conocido por EL COLOMBIANO, el inicio de ambas inhabilidades era desde el 8 de febrero de 2023 y caducaban el 7 de febrero de 2028, pero Ortega Bermúdez asumió el cargo el 1 de febrero y permaneció en él hasta el pasado 30 de mayo.
De hecho, la Contraloría General de la Nación tiene entre sus expedientes el registro de dos procesos en contra de Ortega Bermúdez, ambos con el Banco Agrario, por una “deuda solidaria” cuyo monto asciende a una obligación en pesos por 632.457.046.
Como presintiendo “pasos de animal grande”, hace dos días llegaron directamente hasta la oficina de Ortega Bermúdez funcionarios de la presidencia de la República para notificarle su salida, procedimiento que le hubiera correspondido a la directora de la Agencia, Alejandra Miller Restrepo.
Dudas en la contratación
Una de las mayores inconformidades e incógnitas que dejó el paso de Ortega por la Secretaría General de la ARN, fue el sistema de contratación. Fuentes de esa entidad le manifestaron a este diario que en administraciones anteriores las contrataciones para la logística de realizaban de mediante licitaciones públicas.
“Pero el problema con Ortega es que varios de los contratos realizados los hizo a dedo, es decir, bajo contratación directa y por montos de gran cuantía”, expresaron desde la ARN.
Uno de los contratos que genera suspicacia, fue el que Ortega dejó amarrado con Aldesarrollo, una empresa que, según la definición de su portal web, es una “entidad descentralizada indirecta, de naturaleza pública, sin ánimo de lucro, de carácter académico, con personería jurídica propia, autonomía administrativa y financiera, y que se rige por las normas sobre ciencia y tecnología”, y que además, según sus objetivos “tiene como finalidad fomentar y coadyuvar en el fortalecimiento de la educación, especialmente en las áreas de ciencia y tecnología, además de promover la calidad, pertinencia y sostenibilidad de la educación”, entre otros.
Imagen de la definición social de Aldesarrollo, empresa con la que contrató la ARN el tema de logística. Foto: Tomada de su Portal Web.
No obstante, en la ficha del contrato en poder de EL COLOMBIANO, se puede identificar que la ARN, bajo la tutela de Ortega ya inhabilitado y en firme en el puesto de Secretario general, habría firmado un contrato con Aldesarrollo por $2.591.347.582 por un lapso de 265 días y que tendría como tareas “el transporte de pasajeros aérea, por carretera, servicios de personal temporal, servicios de interpretación de idiomas de forma presencial, servicios de banquetes y catering y facilidades para encuentros”.
“Él no debería haber firmado ese contrato. En el año 2022 el proceso fue por licitación pública favoreciendo los mejores precios para la entidad el porcentaje de intermediación para esa vigencia fue: 7,37%. En el año 2021 el proceso fue por licitación pública favoreciendo los mejores precios para la entidad el porcentaje de intermediación para esa vigencia fue: 7,54%, pero en el año 2023, el proceso desconoció los principios de selección objetiva y plural, fue contratación directa, con un porcentaje de intermediación mayor: 8%”, manifestaron fuentes de la ARN.
En esta imagen se ve el monto del contrato y las funciones de Aldesarrollo. FOTO: Archivo Particular.
Mal ambiente y mermelada
A las dudas en la contratación durante el tiempo de Ortega, se suman las denuncias de un mal ambiente de trabajo por malos tratos, o como lo definen los afectados, por indiferencia y hasta de distanciamiento de los colaboradores.
Una de las personas señaladas de estos malos tratos es la actual directora de comunicaciones, Rosa Juliana Herrera Pinto. Fuentes de la ARN le comentaron a este diario que Herrera Pinto “ha tenido malos tratos y arbitrariedad con otras personas”.
Según esta fuente de la ARN, la situación se ha hecho insostenible con Herrera Pinto y los funcionarios se han quejado con la directora Alejandra Miller Restrepo, pero esta no les ha prestado la atención debida y pasa por alto las quejas y reclamos de los funcionarios.
“Creemos que eso tiene que ver porque al parecer Rosa Juliana es una cuota política del actual Gobierno. Ella es la esposa del exsenador (sic) César Pachón Achury y por eso creemos que llegó a este puesto”, expresó la fuente.
Cabe recordar que el escaño de Pachón Achury para el periodo 2022-2026 fue declarado nulo por el Consejo de Estado al encontrar que el congresista suspendido actuó en doble militancia al brindarle apoyo para elecciones a miembros de la Colombia Humana y no al candidato del partido MAIS del cual hacía parte y que estaba en carrera en las elecciones en 2022. Así consta en el radicado 11001-03-28-000-2022-00271-00 emitido por el Consejo de Estado el 27 de octubre de 2022.
Pero las denuncias no paran allí. Desde la ARN comentaron a EL COLOMBIANO que en la entidad han cambiado los parámetros para que el cargo de los directores territoriales, es decir, los que estarían a cargo de las divisiones en los departamentos, pueda ser ejercido por personal que no se considera idóneo.
“Creemos que estos puestos deberían ser ocupados por personas que tengan formación académica en derecho o en ramas de las Ciencias Sociales y como complemento especializaciones o posgrados en Derecho Internacional Humanitario, en Derechos Humanos y afines”.
Foto de los requisitos ampliados para cargos de dirección territorial en la ARN. FOTO: Archivo Particular.
Sin embargo, ahora se pueden presentar, según los nuevos parámetros, agrónomos, zootecnistas, ingenieros sanitarios, historiadores, entre otros.
“Esto lo cogieron fue de fortín político. Sabemos que han puesto en las regiones como Chocó, personas que necesitan recaudar votos políticos en las regiones para las elecciones que se avecinan”, expresaron desde la ARN.
EL COLOMBIANO buscó contacto con la Agencia Nacional para la Reintegración, ARN, a través de la jefa de comunicaciones, Rosa Juliana Herrera Pinto, y está a la espera de una respuesta.
Amo el periodismo, y más si se hace a pie. Me encantan los perros, y me dejo envolver por una buena historia. Egresado de la Universidad de Antioquia.
