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De acuerdo con el parte entregado a Carlos Camargo, defensor del Pueblo, los 18 exmilitares colombianos detenidos en Haití por su presunta participación el homicidio de Jovenel Moïse, presidente de ese país, necesitan atención médica y garantías judiciales en su proceso.
“Es urgente la asistencia jurídica y la defensa técnica para garantizar el respeto de sus derechos fundamentales (...) que hasta este momento, les están siendo desconocidos”, dijo este martes el funcionario tras dar a conocer el informe la comisión de la Defensoría del Pueblo que se desplazó hasta Puerto Príncipe para un encuentro con los detenidos.
De acuerdo con la información remitida al defensor, algunos de los 18 hombres “mostraron signos de cansancio; pérdida de peso; muñecas enrojecidas y con arañazos debido al roce con el metal de las esposas, que las mantienen puestas todo el día; uno de ellos cojeaba y otro no podía sostenerse y tuvo que ser ayudado por su compañero”.
Así mismo, de acuerdo con la comisión, a los sospechosos “no les han permitido hablar con un abogado ni han sido presentados frente a autoridad judicial. Y aunque han sido interrogados en múltiples oportunidades por la policía haitiana y el FBI, no tienen asistencia de un abogado que ejerza la defensa técnica”.
“En cuanto a su salud –según la Defensoría– no cuentan con antibióticos; varios tenían puntos de sutura en sus cabezas que, según manifestaron, se los pusieron cuando llegaron y pasados más de 20 días no se los han retirado”.
En el informe también quedo apuntado que “tres de ellos presentaban lesiones de consideración que, por su apariencia, deberían ser tratadas en un establecimiento médico especializado”.
Los delegados de la Defensoría también anotaron que todos están recluidos en un mismo espacio: “un corredor con un baño contiguo, que tiene unas medidas aproximadas de 6 metros de largo por 2 metros de ancho y no han tenido acceso a luz solar durante la detención”.
“Duermen en el piso, les ofrecen dos comidas en el día, el agua para tomar es racionada porque les entregan un recipiente de 20 litros de agua diarios para los 18 detenidos colombianos y dos haitianos. No cuentan con una batería sanitaria adecuada: hay solo una letrina para hacer sus necesidades, que incluso estuvo dañada por dos días”, describió el informe de la Defensoría.
En una reciente carta enviada por Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta canciller, a Julio César Santa, cónsul honorario de Colombia en Haití, la funcionaria expresó que era motivo de preocupación los “malos tratos” a los 18 exmilitares que, inclusive, podrían calificarse como “tortura”.
Jean Mary Exil,embajador de Haití en Colombia, defendió que su país respeta los derechos humanos de los involucrados en el citado magnicidio que se llevó a cabo el pasado 7 de julio y que dejó herida a Martine Moïse, esposa del presidente asesinado.
“Lo que se está haciendo es un proceso robusto de un magnicidio donde el Gobierno haitiano se está concentrando para determinar los diferentes participantes o gente que tiene que ver con el magnicidio”, argumentó el diplomático.