El 24 de abril de este año, los estudiantes de Tadó, Chocó, fueron recibidos en los comedores escolares con 129 kilos de carne en mal estado, seis bultos de zanahoria podridos, dos bultos de tomates y 57 repollos dañados. EL COLOMBIANO denunció la situación y la Gobernación implementó un plan de emergencia que hoy continúa vigente.
El caso de Tadó fue uno de los que investigó la Defensoría del Pueblo. Ayer la entidad hizo pública una serie de denuncias por presuntas irregularidades en la distribución de alimentos en centros educativos de Chocó, Atlántico y La Guajira.
Los municipios en los que encontró anomalías fueron: Manaure, Uribia, Riohacha, Maicao, Quibdó, Unguía, Yuto, Alto Andágueda, Malambo, Caracolí, Puerto Colombia y Tubará. Allí, señaló la Defensoría, hubo “incumplimiento de la normatividad sanitaria para la conservación de los comestibles, problemas en la contratación y ausencia de garantías en seguridad social para las manipuladoras de alimentos”.
Las campañas electorales aumentaron el problema. Por lo menos en La Guajira, la Defensoría recibió denuncias “sobre el presunto aprovechamiento de algunos candidatos, quienes a cambio de firmas habrían prometido solucionar la ausencia de transporte para un nutrido grupo de estudiantes” que hace dos años no asisten a los centros educativos.
Este no fue el único problema encontrado en La Guajira. Alimentos escolares que debieron ser entregados el 22 de junio en un centro educativo de Manaure no habían llegado el 7 de julio (día en el que la Defensoría realizó una visita humanitaria).
En el mismo departamento encontraron niños y niñas que debían pagar 200 pesos diarios por el almuerzo, cuando este debe ser gratuito. Los alimentos perecederos con los que se preparaba la comida muchas veces fueron “ubicados en el piso. No hay alacenas, ni refrigeradores para su conservación. Los niños comen a la intemperie y hacen sus necesidades a campo abierto por la carencia de baterías sanitarias”.
Los hallazgos en Atlántico tampoco fueron alentadores. La Secretaría de Salud del departamento dio a conocer un informe con los resultados microbiológicos que se tomaron en 31 colegios públicos, 55 hogares comunitarios y ocho centros de desarrollo infantil. La conclusión: el 70 por ciento de la alimentación contaba con presencia de coliformes totales y fecales, entre otras sustancias. Aún teniendo los resultados, dice la Defensoría, la “Secretaría de Educación no puso en marcha los planes de mejoramiento respectivo ni se iniciaron las actuaciones administrativas frente al problema”.
La situación de Chocó alcanza niveles críticos. Solamente Quibdó está certificada por el Ministerio de Educación para contratar la operación del Programa de Alimentación Escolar. Los 29 municipios restantes dependen de la Secretaría de Integración Social. Bajo lupa está la Fundación para la Gestión y el Desarrollo Social de Colombia (Fungescol), empresa que reemplazó a la Diócesis en el suministro de alimentos y que ha venido presentando retrasos en la entrega de alimentación. Aunque el contrato con esta empresa iba hasta el 6 de julio la Secretaría de Integración firmó un otrosí para prorrogar el contrato hasta el 12 de agosto.
Regístrate al newsletter