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Defensoría del Pueblo denunció aumento del reclutamiento de jóvenes y “limpieza social” en Cesar
A través de un comunicado, la entidad alertó sobre la grave situación de vulneración a los derechos humanos no solo de los jóvenes, sino de los líderes comunitarios.
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A través de un comunicado, Defensoría del Pueblo alertó sobre el aumento en el reclutamiento forzado en municipios del Cesar. Foto: Archivo El Colombiano.
08 de mayo de 2023
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La Defensoría del Pueblo evidenció esta semana, a través de una alerta temprana enviada directamente al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que, dada la presencia de la estructura paramilitar del Clan del Golfo, también conocida como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el departamento del Cesar, ha aumentado el reclutamiento forzado de menores, y los homicidios selectivos, mal llamados “limpieza social”.
En la Alerta Temprana de Inminencia 016-2023, la entidad defensora de derechos humanos señala que en los barrios ubicados a las afueras del municipio Agustín Codazzi –especialmente la de Trocha de Verdecía, área de sumo interés, ya que es un importante corredor minero–, y otras zonas cercanas a la localidad, cuentan con una constante presencia de hombres uniformados de las AGC. Algunos de los barrios son: Betel, Camilo Torres Restrepo, Antillana, Villaluz, Luchito y María Fuentes.
El defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, advirtió que será necesario que el gobierno adelante las acciones pertinentes, pues la situación tenderá a agravarse debido a que el frente Francisco José Morelos Peñate ha informado a la comunidad del casco urbano que su misión más importante es la de adelantar acciones de “exterminio social” en estos municipios.
Es así que la misión del grupo paramilitar es la de alcanzar su expansión y consolidación en esa zona del departamento, especialmente al norte y el centro del Cesar.
Pero allí no terminan las denuncias de la Defensoría del Pueblo contra el grupo armado, pues este también ha estado exigiendo aportes económicos en pro de su “causa gaitanista” a las personas de la comunidad, y las constantes amenazas e intimidaciones contra líderes sociales, que principalmente hacen parte de las Juntas de Acción Comunal (JAC).
El defensor del pueblo concluyó que las AGC han aprovechado “los últimos meses para fortalecerse militar y financieramente en el territorio”, generando una “violación reiterada de los derechos humanos con la ejecución de homicidios selectivos, un incremento de extorsiones y el patrullaje en áreas urbanas”.
Periodista digital con interés en periodismo de datos, medio ambiente, genero y derechos humanos.
