El presidente Abelardo De La Espriella anunció que su Gobierno avanza en la suspensión y cancelación de licencias de empresas de vigilancia privada que, según sus declaraciones, habrían sido utilizadas por estructuras criminales para obtener armas y brindar protección a sus integrantes.
En su pronunciamiento, el jefe de Estado hizo referencia a investigaciones relacionadas con empresas que tendrían presuntas conexiones con organizaciones criminales como Los Costeños y el Clan Vega Daza, además de posibles irregularidades relacionadas con el control y manejo de armas.
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Uno de los elementos centrales del anuncio es la situación administrativa de varias empresas de vigilancia.
De La Espriella aseguró que la compañía Maximus tiene su licencia cancelada, mientras que para Blink, Lost Prevention y Atenas ya se habrían adoptado decisiones de cancelación que todavía están pendientes de quedar en firme.
La situación de OL Security Group–Servisecurity es diferente. De acuerdo con el pronunciamiento, la empresa permanece suspendida y el procedimiento para determinar la cancelación de su licencia continúa en trámite.
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Las diferencias entre estas situaciones son relevantes, pues una decisión de cancelación que todavía no está en firme no tiene el mismo alcance jurídico que una licencia cuya cancelación ya adquirió firmeza. Del mismo modo, una suspensión administrativa y una investigación no equivalen por sí mismas a una condena penal.
Entre las compañías mencionadas hay firmas con sede en Barranquilla, algunas de ellas objeto de actuaciones administrativas por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
El anuncio lo hizo el mandatario en sus redes sociales el jueves 1 de octubre.
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Según explicó, una de las primeras instrucciones que impartió a Wilson Caballero Ariza, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, tras su posesión fue investigar a las compañías que presuntamente sirven de fachada para facilitar el acceso a armamento por parte de organizaciones delincuenciales.
El Tiempo dio a conocer quiénes son los dueños de las empresas cuestionadas al revisar documentos mercantiles y expedientes para establecer quiénes figuran como propietarios de las empresas mencionadas por el jefe de Estado, así como los antecedentes conocidos de las actuaciones adelantadas contra algunas de ellas.
Una de las compañías que aparece en el anuncio presidencial es Atenas de Seguridad Privada Limitada. De acuerdo con De La Espriella, la firma ya enfrenta decisiones de cancelación de su licencia, aunque estas están pendientes de quedar en firme. La empresa fue escenario de un violento episodio el 25 de mayo pasado.
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Ese día, hombres armados con fusiles de asalto, mini Uzi y pistolas con proveedores adaptados para 50 disparos intentaron asesinar al comerciante Raúl Antonio Montes en la sede de la compañía, ubicada en la carrera 43B con calle 84, en el norte de Barranquilla. Montes fue jefe de seguridad de Enilce López, conocida como ‘la Gata’.
El ataque dejó un escolta muerto y otras tres personas heridas.
Según un acta de la empresa, con 26 de agosto pasado, consultada por ese diario, entre los accionistas de Atenas figuran Jacqueline de la Rosa Paternina, exesposa de Montes, con el 90 por ciento de participación, y su hermano, Andrés Felipe de la Rosa Paternina.
El atentado también estuvo rodeado de acusaciones cruzadas. Montes señaló que quienes pretendían asesinarlo estarían al servicio de Jorge Luis Alfonso López, hijo de ‘la Gata’, en presunta asociación con el senador Antonio José Correa, del Partido de la U.
Ambos negaron esos señalamientos y sostuvieron que eran ellos quienes estaban en peligro. En el marco de las diligencias para esclarecer las versiones, las autoridades escucharon en declaración a Digno José Palomino, señalado jefe de la banda criminal Los Pepes.
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Para junio pasado estaba previsto recibir el testimonio de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, identificado como jefe de Los Costeños.
Los documentos de los Vega Daza Otra de las empresas mencionadas por el mandatario es Seguridad Privada Lost Prevention Ltda., registrada en Barranquilla desde 2010 y con presencia comercial en Urabá y La Guajira, según los registros mercantiles consultados por El Tiempo.
La compañía tiene como gerente a Lilian Dolores López Romano, quien también aparece como accionista junto a Martha Lucía López de Los Ríos.
Los expedientes citados por el diario señalan que la empresa habría servido para acreditar a integrantes del clan Vega Daza. Rafael Vega Cuello, alias Kike, identificado como jefe de esa estructura criminal, tenía un carné que lo acreditaba como directivo de la compañía.
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Sus hijos, Ronald y Roberto Vega Daza, figuraban en documentos como escoltas de la firma. Además, uno de sus primos aparecía registrado como coordinador del departamento de armas de la empresa.
Estos archivos forman parte de los antecedentes que rodean a la compañía y de los señalamientos relacionados con el presunto uso de empresas de vigilancia para respaldar actividades de estructuras criminales.
Maximus, la empresa cuya licencia fue cancelada
Maximus Seguridad Privada Ltda. es otra de las compañías mencionadas por De La Espriella. Según el presidente, es la única de las empresas señaladas a la que ya se le canceló la licencia de funcionamiento.
Los documentos de constitución indican que la firma fue matriculada en Barranquilla en junio de 2022, con un capital de 605 millones de pesos.
En esos documentos aparecen como accionistas Jalma Rina Pacheco Zapata, con el 60 por ciento de las acciones; Beatriz Eugenia Ospina Cerro, con el 20 por ciento, y Jhosselyn Andrea Torregosa Viaña, con el 20 por ciento restante.
Blink Security, bajo intervención
Blink Seguridad, también domiciliada en Barranquilla, fue constituida en agosto de 2022 con un capital de 602 millones de pesos.
En los documentos iniciales figuran como propietarios Guillermo Andrés Parra Navarro y José Ángel Romero Muñoz. Romero Muñoz todavía aparecía como accionista en documentos de 2024. Sin embargo, personas cercanas a la compañía señalaron al diario que actualmente pertenecería a otra persona.
La firma ya había sido objeto de una intervención de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en coordinación con la Policía de Barranquilla, el 16 de junio de 2025.
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Durante ese procedimiento, las autoridades encontraron presuntas deficiencias en los sistemas de custodia, trazabilidad y control del armamento.
También reportaron indicios de que las armas habrían terminado al servicio de estructuras y actores criminales, además de posibles fallas en los controles de selección del personal operativo.
Según los hallazgos divulgados, un número significativo de trabajadores tenía investigaciones penales activas por delitos de alto impacto.
Estos señalamientos corresponden a los resultados reportados sobre la actuación administrativa.
Otra compañía mencionada en el reporte es OL Security Group, constituida en Barranquilla en marzo de 2022 con un capital de 215 millones de pesos.
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En los documentos de constitución aparecen como propietarios Jaime Oliveros Caicedo, Gloria Eugenia Madrid y Leonel Gutiérrez Rodríguez.
El Tiempo consultó a Oliveros, representante legal y accionista de la firma, quien manifestó desconocer las razones por las que el presidente la relacionó con estructuras delincuenciales.
“Nosotros no tenemos ninguna investigación penal abierta en la que se nos relacione con lo que el Presidente está diciendo, desconocemos los argumentos bajo los cuales él dio estas declaraciones. No tenemos ninguna relación con estructuras criminales”, afirmó.
El representante legal agregó que el único procedimiento en curso del que tiene conocimiento es de carácter administrativo y está relacionado con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
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Según su versión, la entidad realizó una visita hace aproximadamente un año y solicitó la licencia de funcionamiento, al considerar que estaba vencida. A raíz de ello, la operación fue suspendida.
Oliveros sostuvo que la empresa cuenta con documentación que acredita la vigencia de su licencia hasta 2031. “Este es el único proceso en el que estamos vinculados”, aseguró.
Así, las compañías mencionadas por De La Espriella presentan situaciones diferentes: en unos casos se reportan decisiones de cancelación de licencias o intervenciones administrativas; en otros, aparecen antecedentes documentales relacionados con presuntos vínculos con estructuras criminales.
Las empresas y sus representantes deben responder por los señalamientos que les correspondan, sin que estos, por sí solos, equivalgan a una declaración de responsabilidad penal.
Preguntas y respuestas
- ¿Qué empresas de vigilancia privada anunció Abelardo De La Espriella que serán investigadas o sancionadas?
- El mandatario mencionó a Atenas de Seguridad Privada Limitada y Seguridad Privada Lost Prevention Ltda. como empresas relacionadas con las actuaciones que, según sus declaraciones, buscan establecer si compañías de vigilancia fueron utilizadas por estructuras criminales para acceder a armas o brindar protección a sus integrantes.
- ¿Qué pasó con la licencia de Atenas de Seguridad Privada?
- Según De La Espriella, Atenas de Seguridad Privada ya enfrenta decisiones de cancelación de su licencia, aunque estas todavía estaban pendientes de quedar en firme al momento del anuncio presidencial. La noticia no precisa la fecha en que fueron adoptadas esas decisiones ni su estado procesal posterior.
- ¿Quiénes son los dueños de Atenas de Seguridad Privada?
- De acuerdo con un acta de la empresa del 26 de agosto, Jacqueline de la Rosa Paternina figura con el 90 % de participación accionaria, mientras que su hermano, Andrés Felipe de la Rosa Paternina, aparece como el otro accionista mencionado en el documento.
