Corte Suprema trasladó expediente de Rodolfo Hernández por caso Vitalogic, ¿quién lo juzgará?

El exalcalde de Bucaramanga, de acuerdo con el escrito de acusación, habría interferido para que un contrato de 344 millones de pesos quedara en manos de un contratista puntal.

El interés indebido en la celebración de contratos, por el que se juzga a Rodolfo Hernández, contempla penas de hasta 18 años en prisión. FOTO: COLPRENSA

El expediente que involucra al excandidato presidencial y exsenador Rodolfo Hernández en un posible caso de corrupción –conocido como Vitalogic– fue trasladado este miércoles desde la Corte Suprema de Justicia hasta un despacho de la jurisdicción ordinaria, ¿la razón? El alto tribunal consideró que no tiene competencias para juzgar al exalcalde de Bucaramanga.

“Al carecer de competencia la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia para proseguir con el juicio que se adelanta contra Rodolfo Hernández, se remitirá el expediente al Juzgado Décimo Penal con funciones de conocimiento del Circuito de Bucaramanga, por previo conocimiento del proceso, dejando las anotaciones de rigor en el sistema de gestión de la Sala”, confirmó la Corte en su decisión.

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El expediente que se le sigue al político tiene que ver con el presunto interés indebido en la celebración de contratos para la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga. De acuerdo al escrito de acusación de la Fiscalía, el ingeniero Hernández –mientras se desempeñaba como alcalde de la capital de Santander– celebró un contrato indebido para tecnificar el manejo de las basuras en su ciudad.

La firma se dio en 2016 entre José Manuel Barrera –entonces gerente de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga– y el contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala. El costo inicial fue de 344 millones de pesos con una vigencia por cinco meses.

Las pruebas del ente acusador indican que Hernández habría interferido en Barrera para que le entregara el contrato de asesoría a Alarcón.

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Hernández fue segundo en la elección presidencial y, por el estatuto de oposición, se hizo dueño a una curul en el Senado: mientras estuvo en el Congreso su juez natural fue la Corte Suprema de Justicia. Pero el pasado 25 de octubre renunció y, por tanto, al fuero especial que le concedía la dignidad de legislador.

“El comportamiento por el cual se le procesa guarda relación alguna o se encuentra estrechamente ligado con la función desempeñada como congresista”, señaló la Corte y añadió que: “No existe motivo que justifique extender la competencia de la Corte Suprema de Justicia para continuar con el conocimiento de este trámite”.

En todo caso, el cambio de juez no desvincula a Hernández del proceso. De acuerdo con el artículo 409 del Código Penal, el interés indebido en la celebración de contratos es un delito castigado con entre 5 y 18 años en prisión, además de multas económicas que llegarían hasta los 300 salarios mínimos legales vigentes.