De bomba atómica ha sido calificada al interior de la Corte Constitucional una discusión que afectaría a todos los congresistas del país, dividiría la Corte Suprema y que cada semana se ha ido enredando en el alto tribunal.
Uno de los recientes retrasos es por cuenta del carrusel de impedimentos que presentaron cinco magistrados para pronunciarse frente a la demanda que pide que senadores y representantes a la Cámara sean investigados bajo el sistema penal acusatorio –Ley 906–, y no bajo el inquisitivo –Ley 600–.
De por sí, eso generaría un cambio grande en la justicia porque dividiría en dos a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Unos de sus togados serían los investigadores de congresistas, y otros los que los juzguen. A esa idea el alto tribunal ya le hizo el feo, sin embargo, sus vecinos de la Corte Constitucional han aplazado el tema porque la mayoría de magistrados tiene procesos abiertos en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.
Los denunciados son Cristina Pardo, Antonio José Lizarazo, Alejandro Linares, Diana Fajardo y José Fernando Reyes, los más antiguos de esa corporación que, en el caso de los dos últimos, fueron denunciados por el voto a favor de despenalizar el aborto hasta la semana 24.
Por su parte, Lizarazo manifestó en su impedimento que “es posible advertir que el sistema penal acusatorio ofrece mayores garantías, y es por tanto más favorable a los investigados que la Ley 600”.
La cuerda sigue atando cabos si se tiene en cuenta que como ellos son aforados, es la Comisión de Investigación la que les estudia las denuncias en contra bajo el sistema inquisitivo. Es por esa razón que los cinco coincidieron, por separado, en que pronunciarse frente a la demanda que les llegó podría generar un conflicto de intereses de manera directa.
Los desacuerdos
Desde que este caso llegó a la Corte Constitucional en agosto del año pasado, varias entidades del Estado han intervenido dando su punto de vista frente al remezón que implicaría en la justicia aprobar tal cambio. Esta modificación propuesta tiene como base que desde el 31 de diciembre de 2008 tuvo que empezarse a aplicar el sistema penal acusatorio para delitos cometidos después de enero de 2005.
A ese debate, con tintes muy jurídicos, se sumó el Congreso. La Cámara de Representantes expresó que la petición que aparece en la demanda carece de peso legal, y por eso no debe tomarse en cuenta. A ese bus se sumó la Fiscalía, la Procuraduría y hasta la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, la cual advierte que de cambiarse de sistema se generaría una inconsistencia orgánica en la justicia.
Con todas las cartas sobre la mesa, el debate sigue abierto, y este diario conoció que dentro del tribunal constitucional se ha llegado a analizar la idea de votar a favor del cambio de sistema. Sin embargo, con los impedimentos todo se ha movido, y se está a la espera de que los conjueces decidan si aceptan o no que los cinco magistrados se aparten del debate que por estos días volvió a atrasarse porque el ponente tuvo un percance personal.
